Alertan por presiones a la SCJN por Ley de Seguridad  

México. — El senador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que no acepte ninguna presión en torno a la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.

El vicecoordinador político del PT-Morena en el Senado solicitó al Gobierno federal “desistir de cualquier pretensión de incidir sobre la Corte en el tema de seguridad interior”.

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Barbosa Huerta aseguró que ya se han presentado actos de presión en contra del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, cuyo Ayuntamiento presentó una controversia constitucional contra dicha ley, aprobada en el Congreso a finales del año pasado.

“Ha habido presión contra el ayuntamiento de San Pedro Cholula por haber interpuesto una controversia constitucional. La SEDENA ya retiró una especie de vigilancia general al municipio y recorridos que hacían unidades. El Ejército ya suspendió ese patrullaje”, denunció el senador poblano.

En el caso de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores, “vamos a ver qué tanto el Poder Ejecutivo presiona a la Corte. Es un tema muy complejo, he visto cómo en la Corte se hace política, yo veo que el Ejecutivo va a presionar mucho. Ya ha habido otras controversias en las que se esperaba que la Corte tuviera autonomía e independencia y no se ha mostrado así”.

Miguel Barbosa Huerta explicó que la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, presentada por senadores del PT-Morena, PRD, PAN e independientes, se sustenta en que es violatoria de diversos artículos constitucionales y en que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia.

Dijo que la Ley de Seguridad Interior es violatoria del artículo 21 constitucional, porque en éste se define que la seguridad pública es una acción que desarrolla el Estado en sus tres órdenes de gobierno y que está a cargo de instituciones de carácter civil, no de Fuerzas Armadas.

El senador Miguel Barbosa consideró que sin duda habrá presión por parte del gobierno de la República para sacar a favor esa ley, por lo cual se dará seguimiento a lo que determine la Corte en su análisis correspondiente.

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“El combate a la delincuencia organizada no se puede entender hoy sin la participación del Ejército y la Marina, pero no podemos aceptar como válida una ley inconstitucional por la cual la autoridad civil quede sometida a la autoridad militar, es inaceptable”, sostuvo.

agch