México
Consulta ciudadana, improcedente: Especialista
La justicia no se consulta, los derechos humanos no son materia para un ejercicio participativo como éste.
Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a favor de que sea en una consulta ciudadana el próximo domingo 1 de agosto, para definir si se somete o no a juicio a los expresidentes de la República por los posibles delitos que cometieron durante su gestión.
Sin embargo, para juristas y académicos y especialistas en esta materia es prácticamente inviable por diferentes motivos.
En entrevista para Siete24.mx, con el analista e historiador Leopoldo Mendivíl, señaló que la justicia no se consulta, los derechos humanos no son materia para un ejercicio participativo como éste y una posible diferenciada impartición de justicia.
Son algunas de las razones por las que no debería proceder esta propuesta del mandatario federal.
“Es una consulta exagerada que le costará a los mexicanos más de 528 millones de pesos”, expresó
Además, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aclarado qué delitos específicamente serían investigados, pero sí ha dejado en claro, que los expresidentes sabían o eran cómplices de los ilícitos que se cometieron.
Incluso, aseveró que, si el Titular del Ejecutivo mexicano considera que hay motivos para someter ante la justicia a los expresidentes, su gobierno debió presentar una denuncia para que la Fiscalía General de la República (FGR), abriera una carpeta de investigación por los delitos que se les señala a quienes gobernaron México desde 1988 hasta el 1 de diciembre de 2018.
Sin embargo, el mandatario federal ha asegurado que no denunciará a ningún expresidente porque su gobierno mira hacia adelante.
Por otra parte, también aclaró que si alguno de los ex mandatarios incurrió en algún delito, ningún resultado de la consulta debiera eludir la responsabilidad que tiene la FGR en iniciar una investigación judicial.
Además, informó que es inconstitucional, porque el artículo 35 de la Constitución establece que no se podrán someter a consulta ciudadana la restricción de los derechos humanos, la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
“Preguntar en una consulta ciudadana si se somete a juicio a los expresidentes atentaría contra sus derechos humanos y presunción de inocencia”. Reiteró.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aclarado qué delitos específicamente serían investigados, pero sí ha dejado en claro, que los expresidentes sabían o eran cómplices de los ilícitos que se cometieron.
“Todos los negocios jugosos de corrupción que se hacen en el país llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro: no es que no lo sabía el señor presidente o que el presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’; mentira, el presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa”, declaró el 14 de enero de 2019.
Los delitos ya preescribieron
Aunque no ha quedado claro qué tipo de delitos sería por los que se llevaría a la justicia a los cinco exmandatarios, los posibles ilícitos que se les imputaría pudieran haber prescrito.
Algunos juristas han mencionado que, al ser expresidentes, ya no cuentan con fuero constitucional por lo que sí se les podría investigar y en su caso sentenciar.
Sin embargo, es muy probable que debido a que han pasado hasta 30 años desde que se cometieron esos delitos, ya no se les pueda castigar y por lo tanto es muy poco probable que algún expresidente pudiera pisar la cárcel, a pesar de que en la consulta ciudadana se decidiera que sí se debe iniciar una investigación en su contra.
Propone aplicación diferenciada de la justicia
Realizar una consulta para definir si un expresidente debe ser enjuiciado es aplicar la justicia diferenciada, cuando deberían ser juzgados como cualquier ciudadano, para lo que incluso no existe ninguna restricción legal, pues al ya no ocupar el cargo de presidentes no gozan de inmunidad procesal.
ARH