México

Denuncian consejeros del INE persecución penal por parte de diputados

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México.- Por considerar que la denuncia interpuesta contra el INE carece de sustento jurídico, seis de once consejeros electorales denunciaron persecución penal en el tema de Revocación de Mandato.

En un pronunciamiento, los funcionarios electorales que consideraron que no hay recursos para la realización de la consulta, acusaron que un diferendo legal no debe ser un asunto penal.

Reiteraron que la denuncia interpuesta por presidente de la Cámara de Diputados por probables irregularidades y faltas administrativas no tiene sustento jurídico.

“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.

En ese sentido, los consejeros electorales rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de los integrantes del Consejo General del máximo órgano electoral.

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Consideraron que estas acusaciones en su contra forman parte de una serie de actos de intimidación y vulneración de la autonomía del INE.

Indicaron que sus decisiones pueden o no ser compartidas por las diferentes fuerzas políticas, pero no pueden derivar en persecución de delitos.

SE INHIBE LA INDEPENDENCIA DEL INE

En el comunicado, el INE señaló que promover una acción penal contra consejeros electorales es inhibir la independencia con la que se conducen los miembros del Consejo General.

Además, insistieron en que se trata de “una acción injustificada y sin sustento jurídico”.

El pronunciamiento del INE está firmado por los 11 consejeros electorales: Lorenzo Córdova, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Adriana Favela y José Martín Faz.

También por Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Paola Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Claudia Zavala.

La Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la FGR por la probable comisión de delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad por parte de consejeros del INE.

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