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Padres de familia y jóvenes sinaloenses piden a diputados no criminalizar derechos y libertades

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Sinaloa.— Jóvenes profesionistas y padres de familia externaron que la iniciativa aprobada en Comisiones Unidas del Congreso de Sinaloa que busca prohibir las terapias de conversión atenta contra la libertad del ejercicio médico y el derecho de los padres de familia.

Durante el Conversatorio titulado “Los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género”, los ciudadanos sinaloenses expusieron que la iniciativa pretende limitar el ejercicio de la patria potestad de los padres de familia, violentar la libertad de las personas que voluntariamente deseen acudir a terapia y castigar con prisión a profesionales de la salud, ministros de culto o quien apoye tratamientos de orientación.

EL RESPETO NO ESTÁ A DISCUSIÓN

Francisco Ortiz Castillo, padre de familia, externó su preocupación porque la iniciativa le quita facultades a los padres en la forma de educar a los hijos.

“Los padres hemos sido los responsables de cuidar, proteger y educar a nuestros hijos, en los último años hemos sido victimas de influencias de grupos de la diversidad, que con una maquinaria millonaria y agenda internacional mueven las agendas legislativas”, dijo.

En tanto, aclaró que están en contra de la violencia y respetan la orientación sexual de las personas, “ya que la igualdad de derechos y respeto que no están a discusión”.

CON NUESTROS HIJOS NO SE METAN

Por su parte, Martín Mendoza Richert, padre de familia, recordó que la semana pasada, en el mismo espacio legislativo, fueron “agredidos” por personas que pretenden imponer una ideología, por lo que enfatizó “con nuestros hijos no se metan”.

Dijo que antes de aprobar la iniciativa de terapias de conversión se deben realizar más foros y consultas en donde se incluya a profesionales de la salud, ministros de culto, conocedores de derecho y de la jurisprudencia, sin excluir a los padres de familia que reclaman sus derechos y escucharlos bajo línea moral y principios éticos.

“Los niños y jóvenes tienen el derecho de la asistencia que sus padres consideran conveniente, no porque los padres sean los dueños, o por la paternidad que sólo podrá perderse en casos de tortura o que pongan en riesgo la integridad física del menor. Es un despropósito negar de facto el derecho de los padres de guiar o educar a nuestros hijos conforme a valores éticos y morales”, señaló Mendoza Richert.

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CARGA IDEOLÓGICA

Mientras, Isidro Ángel Sánchez Ramos, acusó que la iniciativa de terapias de conversión está cargada de ideología y preferencias personales.

FUERA DE CREENCIAS RELIGIOSAS

Asimismo, Juan Antonio Vargas Páez, aclaró que su participación no estaba fundamentada en creencias religiosas, ni en fundamentos de odio, ni en contra de la comunidad LGBTI, sino en función de la lógica y la verdad.

En tanto, señaló que está en contra de la imposición de ideologías, porque se ha legislado de manera ventajosa e inequitativa.

“Esta iniciativa es la punta del iceberg de lo que viene: operaciones, cambios, lenguaje inclusivo, imposición de ideologías a través de la ley (…) los ideólogos de género sólo quieren separar a la familia”, enfatizó Vargas Páez.

ERRORES DE LA INICIATIVA

Mientras, Zulma Dueñas, refirió que existen errores en la iniciativa donde se criminaliza la autonomía de las personas en su desarrollo; también criminaliza a los padres de familia en su derecho a dar orientación adecuada a sus hijos; manda a la cárcel a sacerdotes, ministros de culto solo por explicar respetuosamente lo que indica su religión; hay prisión a psicólogos que respetan su ética profesional.

CASTIGO A LA VIOLENCIA

Además, Pablo Beltrán Rentería, pidió castigo para la violencia, no a los padres de familia; al tiempo que no se criminalice la libertad.

“La preocupación es por una agenda 2030 que viene irrumpiendo la soberanía de los países (para imponer) el aborto, matrimonios igualitarios, actas sexogenéricas, ahora las terapias de conversión”.

IMPOSICIÓN A PSICÓLOGOS

Finalmente, Viviana Cortez, estudiante de psicología, consideró que la iniciativa atenta contra los derechos humanos de la persona de elegir sus fines de terapia y castiga a los psicólogos que respeten el derecho de los pacientes.

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ebv

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