Insisten en que el presupuesto 2018 se destine para la construcción de viviendas, escuelas y agua potable

El presupuesto que el Congreso de la Unión aprobó para el año entrante y que se destinará para la reconstrucción –como consecuencia de los sismos de septiembre pasado–, es de aproximadamente 20,500 millones de pesos, que podrán utilizar el gobierno federal, así como los estatales y municipales, para atender los pendientes, así como diversos desastres naturales que se avecinan para el año próximo. Eso, es independiente a los recursos públicos que ahora se están ejerciendo y al dinero que recabaron las fundaciones y los bancos y que, por ahora, no se sabe a dónde están.

Eso no está muy bien. En muchos capitalinos existen sobradas sospechas de si esos recursos públicos llegarán verdaderamente a las familias que perdieron sus hogares, pues los recursos destinados hasta ahora a los pueblos afectados de Oaxaca y Chiapas han mostrado dos cosas: un fin electorero por parte de los priistas y un descuidado manejo de dichos recursos por parte de burócratas voraces, pues muchas de las tarjetas para beneficiarios fueron clonadas desde antes de que fueran entregadas a sus destinatarios.

El asunto no es menor porque se trata nuevamente de actos de corrupción y que el PRI y el gobierno no están dispuestos a ceder, sobre todo en año electoral. Prueba de lo anterior es el hecho de que, desde el Congreso de la Unión, los tricolores han puesto una serie de trabas para no establecer el Sistema Nacional Anticorrupción y no designar, por ahora, al fiscal que impedirá que se roben el dinero público.

Pero lo mismo pasa con el PRD en la capital del país. El coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto Romero, solicitó ante la Cámara de Diputados federal, que el presupuesto 2018 que se asigne a la Ciudad de México, se etiquete para la construcción de viviendas, escuelas y red de agua potable.

Cravioto Romero calificó de irresponsable que Miguel Ángel Mancera no haya propuesto hasta la fecha, un presupuesto 2018 para la reconstrucción de la Ciudad de México y sostuvo que tanto el presupuesto 2018 que se apruebe en la Asamblea Legislativa, como el que se decrete en la Cámara de Diputados, tiene que ser un presupuesto enfocado en la reconstrucción, pero además, deben de ser dineros que se encuentren debidamente etiquetados para evitar que se empleen en otros fines, principalmente los electorales.

El legislador recordó a los diputados federales y al jefe de gobierno, que hay miles de capitalinos que están todavía en las calles de la ciudad, que no tienen dónde quedarse, que padecen de desabasto de agua, y que hay miles de niños de la Ciudad de México que todavía no pueden regresar a tomar clases en sus instalaciones educativas.

Dijo que el gobierno capitalino en lugar de invertir en plantas debería de enfocarse en atender el problema de desabasto de agua potable que existe en Tlalpan, Tláhuac, en Iztapalapa, en Xochimilco, y otras delegaciones, donde el sismo dañó las tuberías.

“No tenemos una atención prioritaria por parte del gobierno de la ciudad para reconstruir esa infraestructura hidráulica, y tampoco vemos un programa para dar abasto gratuito de agua a través de pipas en esas zonas”, denunció.

Pero el tema de la corrupción tiene preocupado a muchos sectores, entre ellos al poder Judicial, pues a los funcionarios de menor jerarquía no les importa acatar las sentencias. Hay que recordar que apenas la semana pasada, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la destitución y consignación penal del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, así como a su antecesor, José Manuel Ballesteros López, por haber desacatado una sentencia definitiva de amparo que favorecía a varios trabajadores de dicha delegación.

Al resolver el incidente de inejecución de sentencia 296/2016, el pleno de la Corte consideró que ambos funcionarios en su momento incumplieron con la sentencia de amparo que ordenó el cumplimiento de sentencia emitida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que establecía, que a diversos trabajadores se les pegaran diferencias de salarios y aguinaldos, así como sus nombramientos de verificadores a Gabriela Reyes y Felipe del Callejo, entre otros, y que se les entregaran las herramientas necesarias para el desempeño de su trabajo.

Sin embargo, tanto Ballesteros López como Moreno Rivera, evadieron su responsabilidad y se negaron a cumplir la sentencia de amparo en favor de los trabajadores demandantes, por lo que un tribunal colegiado envió al pleno el incidente de inejecución y el actual jefe delegacional queda destituido del cargo y se le consigna ante un juez de distrito en materia penal, lo mismo a Ballesteros López.

La Suprema Corte le dio vista al Ministerio Público de la Federación para efectos de integrar la consignación penal por desacato y se notificará al jefe de Gobierno de la Ciudad de México y a la Asamblea Legislativa para que se nombre de inmediato a un encargado en la demarcación. En tanto, la ALDF deberá poner a un funcionario interino para concluir el trienio en curso en la demarcación.

Pero con la destitución y consignación penal por parte de la Suprema Corte, del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, se rompe un ciclo de 15 años en el que dicha demarcación fue gobernada por una familia. Hay que recordar que antes de Moreno Rivera, estuvo en el cargo José Manuel Ballestero López, quien hizo toda su trayectoria política al lado de Julio César Moreno Rivera, quien en dos ocasiones mantuvo la jefatura en dicha demarcación y que tenía algún parentesco con otras ex delegadas como Ruth Zavaleta Salgado y Rocío Barrera Badillo.

Estos cinco personajes forman parte de un grupo de dirigentes perredistas cuya cabeza visible es Julio César, quien en 2015 presidió la Cámara de Diputados, además de que los mencionados saltaron de la Asamblea Legislativa a la delegación Venustiano Carranza y viceversa a lo largo de la última década. Puro saltimbanqui.

Y Julio César y su hermano Israel han protegido a un tipo, José Manuel Ceja de la Rosa, alias “El Lolo”, quien se apoderó del Velódromo Olímpico “Agustín Melgar” y se ha enriquecido al ser propietario y administrador del inmueble, cobrando millonarias sumas de dinero a centenares de deportistas que juegan las diversas especialidades del futbol americano, desde equipados hasta el llamado Tocho Bandera. Este sujeto, mantiene las instalaciones como un muladar y no le invierte un solo quinto a las instalaciones. Ojalá y el Velódromo lo vuelvan a remodelar y lo dejen ´para las carreras de bicicleta y no lo desaparezcan, porque en esos terrenos, pretenden construir el estadio del Cruz Azul. Es decir, desaparecer una instalación deportiva –¿pública? — que el año entrante cumplirá 50 años, para ceder los derechos de los terrenos a una institución privada como es el equipo de futbol mencionado. Lo lamentable es que entre el llamado “lolo” y ahora los directivos del Cruz Azul, ya se apoderaron de un deportivo que nos pertenece a todos los mexicanos y no a la familia Moreno Rivera y a sus secuaces.

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