México responde a informe de Human Rights Watch

Ciudad de México.— El gobierno de México reiteró su compromiso “inquebrantable” de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) respondieron al Informe Anual de la organización Human Rights Watch.

Recordar que en su reciente informe anual, Human Rights Watch (HRW) dio cuenta de “graves y reiteradas” violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, así como la impunidad en que permanecen algunos de los casos emblemáticos.

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En el reporte sobre México, HRW resalta la decisión tomada por Peña Nieto de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su antecesor, el panista Felipe Calderón, lo que ha derivado en un alarmante incremento de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, sin que haya avances significativos en la sanción a los responsables.

Ante ello, el gobierno señaló que las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) así como las recomendaciones emitidas han disminuido, particularmente las referentes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que disminuyeron 76 por ciento de 2012 a 2017 y dichas instituciones son las de mayor prestigio en la opinión pública mexicana.

Asimismo “el Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales”, recordó.

También se ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.

Entre las acciones el gobierno mexicano destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el pasado 16 de enero de 2018.

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“La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH)”, recordó.

Sobre el caso Ayotzinapa, el comunicado refiere que el Estado mexicano está plenamente comprometido con su esclarecimiento, así como con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.

Por ello, “continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva”, añadió.

También reiteró el sólido compromiso de esclarecimiento y sanción a los responsables en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas, además existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.

Por lo que hace al caso de Tlatlaya, “se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos”, explicó.

ebv