Gobierno debe garantizar periodo postelectoral pacífico: expertos

Ciudad de México.— Expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron a las autoridades mexicanas que garanticen un periodo postelectoral pacífico.

Tras considerar que la campaña electoral fue “mortífera”, los expertos internacionales exigen que se investiguen los asesinatos y las violaciones de derechos humanos en el periodo previo a la votación del domingo, así como durante el mismo día de las elecciones.

“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica”, dijeron los expertos.

“A pesar de la violencia a lo largo del periodo electoral, reconocemos los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la violencia; incluyendo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, y los esfuerzos genuinos para asegurar que ningún votante sea discriminado”, señalaron.

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Recordaron que desde el pasado mes de septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña.

Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios no políticos.

Además, hubo al menos otros 782 ataques por motivos políticos -que van desde amenazas de muerte hasta intentos de asesinato- contra políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida.

“Esperábamos no volver a ver los asombrosos niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018 y, sin embargo, este año ha sido, si cabe, aún peor. Hay que tomar medidas serias de inmediato para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita durante las elecciones presidenciales de 2024” afirman los expertos.

Los expertos expresaron su preocupación ante la persistencia de patrones discriminatorios operados por los actores políticos, especialmente contra las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados, como los pueblos indígenas.

La campaña puso de manifiesto otros problemas de derechos humanos, según los expertos, como la presunta participación de la delincuencia organizada en la campaña y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas, lo que obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas con conocimiento de causa.

ebv