Víctimas de Atenco exigen cumplimiento de sentencias

Ciudad de México.— Supervivientes de tortura instaron al Gobierno mexicano a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de 11 mujeres perpetrada por policías en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, el día en que se cumplen 13 años del suceso.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que representa a las víctimas, señaló en un comunicado que “el cumplimiento pleno” de la sentencia “pone a prueba el compromiso del Gobierno federal con la erradicación de la tortura y la impunidad”.

Y pidió también “la revisión de los expedientes de otras mujeres que también han denunciado esa violación a derechos humanos”.

ProDH recordó que se cumplieron 13 años de los hechos, sucedidos en 2006 en el Estado de México, y por primera vez se conmemora el suceso con “una sentencia dictada por la Corte Interamericana”.

“Las mujeres sobrevivientes destacaron que la sentencia del tribunal regional es un reconocimiento a la lucha digna que sostuvieron durante más de una década”, señaló la organización.

Y añadió que también supone “un referente de alcance internacional sobre la necesidad de prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual”.

Además, exigieron a la Fiscalía General de la República la liberación de Mónica Esparza, quien, según el comunicado, “lleva más de seis años en prisión tras haber sobrevivido a la brutal tortura sexual bajo la cual se fabricaron las pruebas en su contra”.

Las mujeres celebraron que ya se haya instalado una mesa de alto nivel con las instituciones para el cumplimiento de la sentencia, aunque advirtieron que “estarán vigilantes para que se cumplan las medidas ordenadas”.

El Gobierno mexicano inició el 4 de abril pasado el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Interamericana en diciembre del año pasado por el caso de Atenco.

“Entre los primeros acuerdos alcanzados se encuentra que se comenzará por atender los puntos relacionados con la investigación penal, medidas de no repetición y atención de salud”, expuso el Centro ProDH.

La Corte notificó el 21 de diciembre de 2018 al Gobierno mexicano una sentencia en la que declara la responsabilidad del Estado en las graves violaciones a derechos humanos cometidas.

Las mujeres sufrieron el 3 y 4 de mayo de 2006 la detención ilegal y arbitraria por parte de policías en el municipio de San Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, durante una operación policial de desalojo de floricultores de un mercado.

Sufrieron también tortura física, psicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia, entre otras faltas a los derechos humanos.

El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de México en materia de violación de derechos humanos e impunidad.

Cuando sucedió la violación, el gobernador del Estado de México era Enrique Peña Nieto, quien posteriormente fue presidente de la República (2012-2018).

EFE

ebv