ONU y CIDH piden no aprobar Ley de Seguridad  

Ginebra.—  El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió a México que no apruebe el proyecto de Ley de Seguridad, que prevé dedicar a las fuerzas armadas a labores de seguridad ciudadana y que calificó de “un proyecto muy preocupante”.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado para su debate y adopción.

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“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados”, señaló en un comunicado el diplomático jordano.

“Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el alto comisionado.

No obstante, consideró que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana “no es la respuesta adecuada”.

“El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, señaló Zeid.

El proyecto de ley contiene varios elementos inquietantes, a juicio de Zeid, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados, según la ONU.

Además, la legislación carece de las garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza, sostuvo Zeid.

El alto comisionado recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales.

Las autoridades mexicanas le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

Sin embargo, según Zeid, el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de reemplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

“Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó.

Zeid reiteró que su oficina en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.

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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que la Ley de Seguridad Interior “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de Derechos Humanos”.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los Derechos Humanos”, dijo la CIDH, organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado, la Comisión recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los Derechos Humanos, “incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.

“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los Derechos Humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”, añadió este organismo, que tiene su sede en Washington.

La Comisión recordó a México que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.

“Se trata -argumentó- de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

Por ello, la distinción de funciones entre Fuerzas Armadas y Policía resulta, para la Comisión, “un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”. Efe

agch