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México

ONU y CIDH piden no aprobar Ley de Seguridad  

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Ginebra.—  El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió a México que no apruebe el proyecto de Ley de Seguridad, que prevé dedicar a las fuerzas armadas a labores de seguridad ciudadana y que calificó de “un proyecto muy preocupante”.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado para su debate y adopción.

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“Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados”, señaló en un comunicado el diplomático jordano.

“Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, afirmó el alto comisionado.

No obstante, consideró que la aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana “no es la respuesta adecuada”.

“El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”, señaló Zeid.

El proyecto de ley contiene varios elementos inquietantes, a juicio de Zeid, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas.

La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados, según la ONU.

Además, la legislación carece de las garantías adecuadas contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza, sostuvo Zeid.

El alto comisionado recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales.

Las autoridades mexicanas le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

Sin embargo, según Zeid, el proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de reemplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.

“Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó.

Zeid reiteró que su oficina en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.

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Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que la Ley de Seguridad Interior “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de Derechos Humanos”.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los Derechos Humanos”, dijo la CIDH, organismo perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un comunicado, la Comisión recordó que en el 2015 ya constató que la presencia de las Fuerzas Armadas tenía como consecuencia un aumento de las violaciones a los Derechos Humanos, “incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad”.

“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los Derechos Humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”, añadió este organismo, que tiene su sede en Washington.

La Comisión recordó a México que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”.

“Se trata -argumentó- de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

Por ello, la distinción de funciones entre Fuerzas Armadas y Policía resulta, para la Comisión, “un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”. Efe

agch



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Estados

Arquidiócesis de Monterrey fortalece el vínculo entre la Iglesia y la juventud

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Mons. Rogelio Cabrera fortalece el vínculo entre la Iglesia y la juventud
Foto Pastoral Siglo XXI

Monterrey.— Integrantes de grupos juveniles de la Arquidiócesis de Monterrey se reunieron en un evento en San Pedro Garza García, donde tuvieron la oportunidad de reflexionar y dialogar con sacerdotes, así como de interactuar con Mons. Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El fin de semana pasado, el colegio Irlandés en San Pedro Garza García fue el escenario de un significativo encuentro para los jóvenes de la Arquidiócesis de Monterrey. En este evento, organizado por la Pastoral Juvenil, se congregaron integrantes de grupos parroquiales, movimientos, ministerios y pastorales juveniles.

Durante el evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en reflexiones, meditaciones y momentos de oración guiados por diversos sacerdotes expositores, entre ellos el padre David Jasso, el padre Julio Muñoz, el padre Rorro y el padre Borre.

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Más de 4 mil jóvenes tuvieron la oportunidad de escuchar y dialogar con Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey. Durante esta sesión de preguntas y respuestas, los jóvenes abordaron temas como el amor a Dios, el crecimiento espiritual, el perdón, la felicidad y el noviazgo, entre otros.

El evento, que celebra 20 años de tradición, tiene como objetivo principal proporcionar un espacio para que los jóvenes expresen sus inquietudes y reciban orientación en temas relevantes para la sociedad actual.

Mons. Rogelio Cabrera animó a los jóvenes a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Dios, fomentando una actitud de perdón y servicio que pueda servir como ejemplo en la sociedad.

Este encuentro refleja el compromiso de la Iglesia con la juventud, ofreciendo espacios de reflexión y diálogo para su crecimiento espiritual y desarrollo personal.

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México

Senadores exigen a Morena y AMLO respeto al estado laico y no hacer apología a la muerte

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Senadores exigen a Morena y AMLO respeto al estado laico y no hacer apología a la muerte
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron a cabo una protesta en el Senado de la República, colocando una manta con una imagen que ha generado debate.

La manta reproducía una publicación reciente del partido Morena en sus redes sociales, donde se mostraba una playera con la inscripción: “Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador”, junto a la figura de la Santa Muerte.

Durante la protesta, la senadora del PAN, Lilly Téllez, fue fotografiada sosteniendo un rosario en la mano como signo de protesta y rechazo hacia la imagen promovida por Morena.

FALTA DE RESPETO

En el pleno del Senado, Téllez recordó las declaraciones del presidente López Obrador, quien defendió la Santa Muerte como una figura benigna.

“El presidente López Obrador defendió lo que adoran los asesinos, porque en la conferencia mañanera el presidente dijo que la santa muerte es santa, pero en realidad es diabólica”, dijo.

La senadora exigió respeto al estado laico y criticó la enaltecimiento de símbolos que considera diabólicos.

Por ello señalo que es una falta de respeto hacia los cristianos y una muestra de desprecio hacia la fe.

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Asimismo, la senadora instó a López Obrador a justificar su apoyo a la Santa Muerte, alegando que es un símbolo asociado con el mal y la muerte.

También pidió a los candidatos de Morena que dejen de hablar de temas relacionados con Satanás.

Finalmente, Téllez expresó su preocupación por la convocatoria de candidata a diputada local por Morena en Guaymas, Sonora María de Jesús Delgado Grajeola, a unirse a Satanás para derrotar a la oposición.

COINCIDE CON OBISPOS

Josefina Vázquez Mota exhibió en el pleno el video de los obispos de México donde externaron su preocupación por el aumento en la implementación de la cultura de la muerte y violencia a través de la narco cultura y a los cultos disociados como el de la Santa muerte.

Vázquez Mota defendió el estado laico y como muchas otras voces de otras religiones, coincidió que la propagación de contenido dañino está distorsionando los valores fundamentales y erosionando el tejido social.

“No a la apología de la muerte”, enfatizó.

MORENA ENALTECEN A LA SANTA MUERTE

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso dijo que mientras México sufre de violencia, en Morena enaltecen a la Santa Muerte.

“Como senadora y como católica les digo que es una falta de respeto (…) mi pacto sí es con Dios y al que le pido que salve a México al que le pido por la vida, por la verdad y por la libertad”, señaló.

FE Y RAZÓN SON COMPLEMENTO

Senador José Alfredo Botello Montes se refirió a la importancia de la defensa del Estado laico, dijo que la fe y la razón son complemento.

“No creo en la Santa Muerte como la mayoría del pueblo de México. Yo creo en Dios y creo en la Virgen de Guadalupe y No únicamente por politiquería”.

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Monseñor Ramón Castro llama a combatir la narcocultura con una sólida formación espiritual

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Monseñor Ramón Castro llama a combatir la narcocultura con una sólida formación espiritual
Foto Cuartoscuro

Ciudad de México.— Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró la preocupación de los obispos de México respecto a la creciente influencia de la narcocultura en la sociedad.

Destacó que existe un signo preocupante que intenta afianzar esta cultura, haciendo hincapié en la utilización de la figura de la Santa Muerte por parte del narcotráfico.

El también obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro explicó que la Santa Muerte no constituye una entidad religiosa por sí misma, sino más bien un elemento que ha sido adoptado por el narcotráfico como intermediario para llevar a cabo sus acciones delictivas.

Esta tendencia, según el obispo, contribuye a fortalecer una narcocultura, caracterizada por el uso de símbolos particulares que se arraigan cada vez más en la sociedad mexicana.

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IMAGEN DE LA SANTA MUERTE EN APOYO AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

La Iglesia católica expresó su preocupación por lo que denominó “cultos distorsionados”, especialmente en referencia a la figura de la Santa Muerte.

Esta preocupación surgió tras la viralización en redes sociales de una camiseta con la imagen de la Santa Muerte en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los videos virales mostraba a Jenaro Villamil, titular del Sistema Nacional de Radiodifusión del Estado Mexicano, luciendo la controvertida camiseta. Ante esto, Monseñor Ramón Castro instó a reflexionar sobre quién y dónde se elaboraron estos objetos, señalando que una persona como figura con influencia en las autoridades (sin mencionar a Jenaro Villamil) al utilizar esos objetos da a entender muchas cosas.

“Eso preocupa porque no es cualquier cosa que debe pasar desapercibida”, dijo.

ADVERTENCIA SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE ALTARES CON IMÁGENES DE LA SANTA MUERTE

En relación a la proliferación de altares con imágenes de la Santa Muerte, el secretario de la CEM consideró que esto es resultado de una subcultura que gana terreno en la sociedad mexicana.

No obstante, enfatizó en la necesidad de advertir que este fenómeno proviene del mal y no debe ser visto como una expresión legítima de espiritualidad.

NECESIDAD DE UNA MAYOR FORMACIÓN CATÓLICA

Por último, Monseñor Ramón Castro reconoció la falta de evangelización y formación dentro de la comunidad católica.

En este sentido, destacó la importancia de implementar proyectos pastorales que contribuyan a una formación más sólida de los católicos, como un medio para contrarrestar la influencia de la narcocultura y los cultos distorsionados.

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Senadores de Morena “descubren” ambigüedades en dictamen de terapias de conversión, revela activista

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Senadores de Morena “descubren” ambigüedades en dictamen de terapias de conversión, revela activista

Ciudad de México.— Esta semana las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron el proyecto de decreto para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).

En ese sentido, la activista Alejandra Yánez Rubio señaló la importancia de esta discusión, resaltando la necesidad de abordar de manera efectiva el tema de las “terapias de conversión”.

A través de redes sociales, Yánez Rubio dio a conocer que logró establecer contacto con el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, a quien proporcionó información detallada respaldada por sólidos argumentos, con el apoyo del director de ConParticipación, Marcial Padilla.

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Coincidentemente, tras recibir y analizar la información, el senador de Morena representante del estado de Chihuahua, Espino de la Peña, adelantó que presentará una reserva en el Pleno para modificar la redacción en la tipificación del delito, argumentando que esta presentaba ambigüedades que podrían llevar a una aplicación injusta de la ley.

“Creo que éste se puede mejorar bastante, pues se puede criminalizar a ciertos actores por la forma en la que está redactado el tipo penal”, acotó.

A su vez, el también senador de Morena, Reyes Flores Hurtado, de Coahuila, expresó su preocupación por la ambigüedad extrema en la redacción del tipo penal propuesto, advirtiendo sobre posibles implicaciones para la patria potestad de los padres de familia.

Sin embargo, la activista, señaló que las senadoras morenistas Patricia Mercado, Citlalli Hernández y Olga Sánchez Cordero, promotoras de la iniciativa, rechazaron cualquier intento de modificación, proponiendo que la iniciativa se aprobara sin cambios.

En comisiones, la iniciativa de reforma recibió el respaldo de 13 senadores, mientras que 9 de ellos apoyaron la reserva propuesta por el senador Espino. Esto implica que tanto la propuesta original como la reserva serán sometidas a votación en el pleno del Senado.

La activista Alejandra Yánez denunció que la senadora Patricia Mercado amenazó con hacer todo lo necesario para evitar que la reserva fuera votada en pleno, lo que refleja la determinación del grupo promotor de la iniciativa en su afán por mantener la propuesta original.

INICIATIVA

La propuesta establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, puntualiza el documento.

Cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

Además, bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere, establece el proyecto de decreto.

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