Gobernadores lucran políticamente con pandemia para beneficiar a sus partidos: Dr. Fredy Erazo Juárez

Ciudad de México.- La exigencia por parte de nueve gobernadores integrantes de la llamada Alianza Federalista, de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, renuncie por considerar que carece de una estrategia exitosa y por el contrario, está generando miles de muertes, es más bien un “argumento de corte político” cuyo objetivo es claramente afectar al Gobierno del presidente López Obrador, en un año previo al proceso electoral de 2021.

En entrevista con el Dr. Fredy Erazo Juárez, abogado constitucionalista que llevó a cabo un análisis detallado de esta coyuntura política a la luz de la lógica constitucionalista, destacó que en sus argumentos los gobernadores inconformes aseguran que la estrategia de la que el subsecretario Hugo López-Gatell forma parte, ha costado miles de vidas, además de que lo señalan de ser responsable de la crisis actual y de actuar políticamente.

En este sentido, de acuerdo con el Dr. Erazo Juárez, el Gobierno federal tiene varios elementos para argumentar en contra de lo que señalan estos nueve gobernadores, empezando por las políticas de prevención que inició estableciendo prácticamente de forma inmediata con la campaña ‘quédate en casa’ y para mantener la ‘sana distancia’.

El Gobierno federal también rehabilitó de forma expedita los hospitales, equipándolos con lo necesario para establecer áreas COVID; asimismo gestionó acuerdos de colaboración con hospitales privados con el objeto de coadyuvar para mitigar la demanda del uso de los mismos derivado de la pandemia; gestionó incluso en el extranjero, en solicitud al presidente estadounidense Donald Trump, los ventiladores suficientes para atender la demanda.

Ahora bien, en lo que toca a las circunstancias extraordinarias de pandemia o emergencia nacional, el Dr. Erazo Juárez consideró que son en definitiva un factor al que el Gobierno federal ha estado haciendo frente en todo momento, por lo que papel que juegan preponderantemente estas circunstancias es de reto y desafío para comprender que la capacidad de atención es medida a través de una reacción especializada y eficaz en beneficio de la sociedad.

Si la discusión los gobernadores se centrara en el perfil del subsecretario López-Gatell, en debatir si está calificado para este tema o no, valdría la pena ponderar si en este encargo en este momento especifico podría estar un perfil no técnico ni científico; también valdría la pena preguntar si los gobernadores podrían estar haciendo uso político del tema.

Los más curiosos, consideró el Dr. Erazo Juárez, deberán revisar a detalle la historia curricular del Subsecretario. Una vez hecho esto y luego del análisis de estos elementos a través de una óptica jurídica y constitucionalista, para algunos podría estar claro que los gobernadores están generando acciones de “politiquería”, ya que no existen elementos cualitativos ni cuantitativos que hayan sido generados por las decisiones tomadas por el subsecretario López Gatell que puedan demostrar su negligencia, abuso, excesos en sus funciones o incapacidad para atender una pandemia.

El Abogado Constitucionalista Erazo Juárez puntualizó que la Ley es clara y señala que en caso de epidemias graves, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar las medidas preventivas para resguardar la salud de los mexicanos.

Ahora bien, la instancia que interviene cuando los representantes de una o varias entidades federativas o estados de la República tienen desacuerdo con alguna Secretaría de Estado, en este caso con la Secretaría de Salud, sería la Secretaría de Gobernación, que está facultada en este rubro por el Artículo 27. 

En consecuencia, indicó el Dr. Erazo Juárez, siguiendo un silogismo lógico jurídico podríamos decir que, en primera instancia, las Secretarías de Estado son creadas y dependen del Ejecutivo federal; y en segundo lugar, el Ejecutivo federal le confiere la facultad de regir las Secretarías de Estado a la Secretaría de Gobernación, que a su vez rige también las relaciones del Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas.

En conclusión, la Secretaría de Gobernación puede dirimir las controversias políticas entre las Secretarías de Estado y las entidades federativas. Por lo tanto, los Gobernadores inconformes no tienen facultad alguna para destituir o exigir la destitución de un Secretario o Subsecretario de Estado, sólo lo puede hacer el propio Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

En este entendido, lo conducente para los titulares del Poder Ejecutivo en sus estados, en este caso para los gobernadores inconformes, sería presentar su queja fundamentada y motivada ante la Secretaría de Gobernación, en lugar de buscar un a situación de beneficio político aprovechando la pandemia para llevar agua para sus partidos en un ambiente inminentemente preelectoral, detalló el jurista.