Segob vigila e intimida a la gente equivocada

Esta semana, no sólo Ricardo Anaya confirmó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaría de Gobernación, dedica tiempo, esfuerzos, recursos y agentes en darle seguimiento a actores políticos que -en principio- no son potenciales criminales, fugitivos o terroristas; el propio obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, reafirmó que -tras las muertes violentas de dos sacerdotes en su diócesis y la denuncia de la violencia- las autoridades del Palacio de Cobián le exigieron dejar de hablar en público sobre los crímenes en Guerrero.

“Me mandaron callar”, dice Rangel Mendoza al teléfono y explica que, tras rechazar el intento de criminalizar a los sacerdotes asesinados Germaín Muñíz e Iván Añorve por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, la propia Secretaría de Gobernación le pidió no volver a hacer declaraciones sobre aquellos crímenes ni los que también provocaron el cierre del Colegio Morelos, en Chilapa, dejando sin clases a 700 alumnos.

Hasta donde se sabe, el gobernador Héctor Astudillo tiene planeado reunirse personalmente con los obispos Rangel Mendoza y Leopoldo González, de Acapulco, para adelantarles resultados de las investigaciones del asesinato de sus ministros religiosos. Sin embargo, Rangel Mendoza advierte que, de antemano, no permitirá que se criminalice a los sacerdotes: “De ninguna manera voy a permitir que se victimice aún más a los padres, ni que resuelvan que su muerte fue debido a su imprudencia”. Hay que recordar que los sacerdotes acudieron a una fiesta y a su regreso, sobre la carretera Taxco-Iguala fueron ultimados, al parecer, sólo por rebasar un automóvil.

Para el obispo, el papel de las autoridades es claro y conciso: “Es responsabilidad del estado el velar por nuestra seguridad, hacer seguros en los caminos. Por ello, he rechazado lo que dijo la fiscalía. Yo no estoy de acuerdo”.

La fiscalía, dirigida por Olea Peláez, aventuró que los asesinatos de los sacerdotes se debían a presuntos vínculos de éstos con el crimen organizado y, como prueba, divulgó fotografías de uno de los ministros flanqueado por hombres armados.

Ahora, tal como afirmó Rangel Mendoza en una celebración en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, las autoridades parecen tener más interés en acallar al obispo que en resolver el crimen: “Incluso con mucha prudencia yo se los digo: ellos ya me denunciaron ante Gobernación. Y yo hablé con los de Gobernación y les dije que como obispo no podía permitir esta humillación y esta desgracia de nuestros sacerdotes. [Les dije] que, como obispo, yo tenía la obligación de defender a nuestros sacerdotes, a nuestros seminaristas, a nuestras religiosas y religiosos, y a todos ustedes. Creo que, como Iglesia, tenemos que levantar la voz y no permitir estos atropellos”.

Dos casos en una semana que provocan muchas inquietudes sobre el papel de la Secretaría de Gobernación en un país al que no pocos actores llaman “Estado fallido”: Un espionaje velado a la oposición y una solicitud de acallar la voz de hombres libres no son casos anecdóticos, obligan a reflexionar -tal como lo han hecho varios obispos mexicano- sobre en manos de quién realmente está la ciudadanía.

Mendoza Rangel, el obispo de extracción franciscana que hoy por hoy apacienta a las ovejas en tierra de lobos, afirma que, aunque Gobernación lo ha mandado callar, él seguirá ejerciendo su responsabilidad de denunciar las injusticias y advierte: “A ver quién aguanta más, si ellos o yo”.

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