¿Terrorismo en México? Más allá de una definición jurídica 

Ciudad de México.- La reciente ola de violencia en México ha suscitado un intenso debate sobre el uso del término “terrorismo”. El Código Penal Federal, en su Capítulo VI, define el terrorismo y establece penas de prisión de 15 a 40 años para quienes utilicen sustancias tóxicas, armas químicas, explosivos o realicen actos que generen alarma y temor en la población. 

Sin embargo, esta definición parece quedar en el aire ante la interpretación oficial de los sucesos violentos recientes. 

Los hechos ocurridos en Guanajuato, donde estallaron dos coches bomba, son un claro ejemplo de esta disonancia.  

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum desestimaron estos actos y las han definido como meras disputas territoriales entre grupos criminales.

Expertos y especialistas en seguridad aseguran que hay un impacto emocional en la sociedad.  

Hay que recordar que en México, la palabra “terrorismo” ha sido utilizada en distintas épocas y contextos para referirse a situaciones de violencia que, en ciertos momentos, han sido interpretadas como tácticas de control o represión hacia ciertos sectores de la población.  

Durante los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, especialmente en el contexto de la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo el 10 de junio de 1971, el término “terrorismo” se empleó tanto en discursos oficiales como en medios para justificar una respuesta violenta del Estado. 

El delito de terrorismo fue tipificado en el Código Penal Federal en 1984. Además, la ley sufrió modificaciones para adaptarse a los cambios en las prácticas delictivas y en el contexto global. 

Sin embargo, las reformas más relevantes ocurrieron en los años 2007 y 2014, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; con el propósito de actualizar la definición, incluyendo conceptos relacionados con financiamiento al terrorismo y actividades de organizaciones delictivas. 

Explosiones como las de Acámbaro y Jerécuaro no solo buscan causar daños materiales, sino que están diseñadas para intimidar a la población y desafiar a las autoridades. 

Hechos históricos nacionales que para otros países significarían terrorismo. 

Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México (26 de junio de 2022): Una explosión en un vehículo estacionado dejó varios heridos. El ataque fue atribuido a un artefacto explosivo improvisado, marcando un precedente preocupante en la capital. 

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Guanajuato: 

Irapuato (22 de septiembre de 2022): Una explosión en un vehículo resultó en al menos tres personas heridas, relacionada con enfrentamientos entre grupos criminales. 

León (15 de octubre de 2022): Un coche bomba se estalló, causando múltiples heridos y vinculándose al narcotráfico. 

Michoacán: 

Apatzingán (16 de marzo de 2023): La explosión de un automóvil dejó varias personas heridas, vinculadas a la violencia entre cárteles. 

Uruapan (12 de diciembre de 2023): Otro coche bomba estalló, hiriendo a al menos cinco personas, lo que refleja la creciente amenaza de los grupos criminales en la región. 

Otros casos documentados: 

Guadalajara, Jalisco (29 de octubre de 2022): Una explosión en un vehículo de transporte público dejó varios heridos, siendo considerada un posible atentado. 

Tijuana, Baja California (5 de febrero de 2023): Un coche bomba se estalló en una zona concurrida, resultando en Múltiples víctimas y daños materiales extensos. 

 Un contexto global de terrorismo. 

El fenómeno del terrorismo no es ajeno a México. La brutalidad y la barbarie de los actos violentos que estamos presenciando son reminiscencias de conflictos globales. Desde la guerra de Pablo Escobar en Colombia hasta los ataques perpetrados por grupos terroristas en Europa y Oriente Medio, la estrategia de infundir miedo y controlar territorios se repite. 

Ejemplos como el atentado ocurrido al alcalde de Chilpancingo decapitado o los tiroteos masivos en Guerrero, reflejan una realidad que muchos prefieren ignorar.  

La definición de terrorismo, según la ONU y el FBI, fue para dar “carta blanca” a las agencias de intervención oficiosa sobre la vida privada de los ciudadanos. Organizaciones como Amnistía internacional critican esas medidas. 

A medida que el número de víctimas sigue creciendo, con cifras alarmantes que alcanzan cerca de cien muertes diarias, la negación de la realidad se torna insostenible.  

La violencia en México no solo desafía a las autoridades, sino que crea un clima de miedo palpable entre la población. La retórica oficial no puede ocultar la cruda realidad; el terrorismo, tal como lo define nuestro Código Penal, está presente en cada rincón de la nación. 

Si en México se declara oficialmente que los actos violentos perpetrados por grupos criminales terroristas constituyen, esto podría tener varias implicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Aquí te presentamos algunas de las posibles consecuencias: 

1. Implicaciones Legales y Políticas en México. 

Cambios en la Legislación: Una declaración de terrorismo podría llevar a una revisión y posible reforma del marco legal mexicano.

Además, las autoridades tendrían la facultad de aplicar penas más severas a los responsables de actos terroristas, aumentando la presión sobre los grupos criminales. 

Aumento del Gasto en Seguridad: El gobierno podría asignar más recursos para combatir el terrorismo, lo que podría implicar un aumento en el presupuesto para fuerzas armadas y policiales, así como para programas de prevención. 

Colaboración Internacional: México podría buscar apoyo de otros países en la lucha contra el terrorismo, estableciendo acuerdos de cooperación con naciones que ya tienen experiencia en la lucha contra grupos terroristas, como Estados Unidos. 

2. Impacto con los Estados Unidos. 

Preocupaciones de Seguridad: Si se declara terrorismo en México, podría generar preocupaciones adicionales en Estados Unidos sobre la seguridad en la frontera.

Las autoridades estadounidenses podrían implementar medidas más estrictas de control y vigilancia en la frontera para prevenir que la violencia se extienda al territorio estadounidense. 

Colaboración en Seguridad Nacional: Estados Unidos podría ofrecer asistencia adicional a México para combatir el terrorismo, lo que incluiría capacitación, financiamiento y recursos tecnológicos para enfrentar estas amenazas. 

Cambios en la Percepción Pública: La narrativa sobre la relación entre México y Estados Unidos podría cambiar, generando una percepción más negativa de México como un país afectado por el terrorismo, lo que podría influir en la opinión pública y en la política migratoria. 

3. Consecuencias para las Aseguradoras.

Incremento en Pólizas de Seguro: Las aseguradoras podrían ver un aumento en la demanda de pólizas de seguro que cubren actos de terrorismo.

Esto podría incluir seguros para empresas, eventos masivos y propiedades en áreas de alto riesgo. 

Aumento en Primas: Con la declaración de actos violentos como terrorismo, las aseguradoras podrían aumentar las primas de las pólizas debido al mayor riesgo percibido, lo que podría hacer que la cobertura sea más costosa para individuos y empresas. 

Revisión de Coberturas: Las aseguradoras podrían ajustar sus políticas y exclusiones relacionadas con el terrorismo, lo que podría complicar la obtención de cobertura para ciertos eventos o actividades, especialmente en áreas con altos índices de violencia. 

4. Percepción Internacional. 

Estigmatización de México: La declaración de terrorismo podría llevar a una estigmatización de México a nivel internacional, afectando su imagen como destino turístico y de inversión.

Esto podría resultar en una reducción del turismo y un impacto negativo en la economía. 

Repercusiones Económicas: La percepción de que México es un país con problemas de terrorismo podría influir en las decisiones de inversión extranjera, lo que podría afectar el crecimiento económico y la estabilidad del país. 

ARH