México
Trump vigila frontera sur de México
México. — En el marco de la Iniciativa Mérida y de acuerdos recientes entre los gobiernos de Donald Trump y Enrique Peña Nieto, funcionarios estadounidenses instalan “kioscos” en la frontera sur de México, en estados como Chiapas, para recabar datos biométricos de migrantes centroamericanos y tener un mayor control sobre los flujos de personas que intentan cruzar hacia el vecino país del norte.
Puedes leer: Trump, prepara tramo de muro fronterizo
De acuerdo a un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dicha iniciativa es Financiada por la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL) del Departamento de Estado y el secretario adjunto de Defensa en materia de lucha contra el narcotráfico y las amenazas globales—para obtener quioscos de recogida de datos biométricos.
Además de los “kioscos” que funcionarán en las garitas y zonas de tránsito de migrantes en la frontera sur de México, también se instalarán en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Los funcionarios estadounidenses priorizan la recogida de datos biométricos (huellas digitales, fotos, y descripciones físicas) para ayudar a México a ser más consciente de quiénes están cruzando y para obtener alertas tempranas sobre individuos que tengan vínculos con el crimen organizado o el terrorismo (en especial de países fuera del hemisferio oeste) que puedan estar dirigiéndose a los Estados Unidos”, se destaca en el informe.
No es un proyecto nuevo, aunque con la administración de Donald Trump se busca fortalecer como parte de las medidas para frenar la migración de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos.
En el sexenio anterior, de Felipe Calderón, funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) asignados a Chiapas, revelaron a The Éxodo que se intentó un programa para recabar muestras de sangre y saliva entre los migrantes centroamericanos que cruzaban hacia México, con el pretexto de que en caso de que desaparecieran o murieran, fuera más fácil su identificación.
“Obviamente el plan fracaso, a pesar de las presiones de Estados Unidos, por las implicaciones que tenía ello en materia de derechos humanos. Ello a pesar de que inicialmente la toma de muestras era voluntaria”, indicó un funcionario de la PGR quien pidió no citar su nombre y cargo.
El plan de Estados Unidos para “blindar” la frontera norte ha tenido varias fases. La Iniciativa Mérida y más recientemente, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Plan Frontera Sur, el cual ha endurecido los controles migratorios y está obligando a cientos de miles de migrantes centroamericanos a buscar nuevas rutas, más peligrosas, más expuestos al crimen y con mayores costos económicos, comenta el vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa.
Te puede interesar: Muro de Trump se “desploma”
El plan de los “kioscos” biométricos inició en 2011. Pero resultaron ser inadecuados para la tarea: no estaban conectados en red, de modo que toda la información que recogían se quedaba en sus discos duros individuales, principalmente en Tapachula, Chiapas, agrega el informe denominado “La Frontera Sur de México: Seguridad, Migración Centroamericana y Políticas Estadounidenses”.
Los nuevos equipos, principalmente computadoras portátiles adaptadas, estarán conectadas en red con la Ciudad de México, y la información sobre individuos detenidos se compartirá con el Sistema de Identificación Biométrica Automatizado (IDENT) del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, que alerta a las autoridades mexicanas si se encuentra una coincidencia.
El costo total de este programa, avalado por el gobierno de México, será de 88 millones de dólares, de ellos 74 millones los asigna el Departamento de Estado y 14 millones el Departamento de Defensa, indica Adam Isacson, Coordinador Principal del Programa de Veeduría de Defensa de WOLA.
Asimismo, la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública y el Departamento de Defensa de Estados Unidos están financiando un proyecto de telecomunicaciones por valor de 75 millones de dólares para mejorar las comunicaciones seguras entre las agencias mexicanas que trabajan en dieciocho estados del sur de México.
Ello “se hará principalmente mediante la instalación de torres de comunicación celular a lo largo de la despoblada zona fronteriza sur para que los agentes de seguridad y migración puedan hablar los unos con los otros”.
Cabe destacar que actualmente, la mayor parte de la zona fronteriza—incluidos casi todos los 65 kilómetros de carretera entre Tenosique y Guatemala—no cuenta con un servicio de telefonía móvil. Este programa ha erigido 12 torres hasta la fecha, todas ellas en puestos navales mexicanos.
Además, se prevé fortalecer el apoyo de Estados Unidos al personal del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, con programas de formación que apuntan a mejorar el profesionalismo de los agentes.
En la última reunión entre los presidentes Obama y Peña Nieto en julio de 2016, los gobiernos anunciaron su intención de desarrollar un programa de formación para agentes del INM que “mejoraría la capacidad del INM para identificar y entrevistar a las poblaciones vulnerables” y “además incluiría mejores prácticas de repatriación y la prestación de servicios a migrantes”. En una reunión en la
De hecho, la primera ronda de esta formación comenzó a finales de mayo de 2017, con la participación de 30 agentes del INM en un programa piloto de un mes.
En los centros de detención de migrantes más grandes de México en Tapachula, Chiapas y Acayucán, Veracruz, el INL también ha apoyado la presencia de “mentores”: agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) o la Oficina de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que permanecen allí para asesorar sobre procedimientos operativos estandarizados, para asistir en el intercambio de información, y para coordinar en los casos de migrantes procedentes de países de fuera del hemisferio oeste que sean “de interés” debido a la actividad terrorista.