Van contra jueces que ampararon a exgobernadores

Ciudad de México.— Diputados federales presentaron una solicitud de juicio político en contra de jueces que otorgaron amparos a exgobernadores acusados de corrupción y otros delitos.

La denuncia de juicio político es en contra de Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, Jueza Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León; Sandra Leticia Robledo Magaña, Jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México y Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, explicó que los jueces mencionados han beneficiado a los exmandatarios Javier Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge y César Duarte, lo que pone en duda la impartición de justicia.

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El legislador señaló que jueces federales han suspendido órdenes de aprehensión giradas contra exgobernadores envueltos en escándalos de corrupción “la suspensión de dichas órdenes de aprehensión contra los exgobernadores podrían facilitar su evasión de la justicia mexicana, lo cual afecta al estado de derecho y a la sociedad en general”, dijo.

Acompañado por legisladores de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maynez detalló que cada uno de los jueces actuó en favor de la evasión de la justicia.

Beatriz Joaquina Jaimes Ramos, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León con sede en Monterrey concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 55/2017 en favor del exgobernador Rodrigo Medina, contra actos del Juez de Control, para el efecto de que el no fuera detenido ni privado de su libertad.

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El diputado dio a conocer parte de lo que la denuncia argumenta como es que el 14 de febrero, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León otorgó un amparo, con número de expediente 569/2016, a Rodrigo Medina de la Cruz, ordenando reponer en su totalidad el caso por el que el exmandatario había sido vinculado en 2016 por ejercicio indebido de funciones.

La clase política aumentó sus sueldos y además robó a manos llenas. Hoy exigimos dos cosas: bajar los altos sueldos y eliminar el fuero. pic.twitter.com/CI7LA6bFq4

— Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) 19 de julio de 2017

Mientras, el 27 de junio del presente año se llevó a cabo una audiencia en la Ciudad de Guatemala donde el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México para enfrentar diversos cargos del fuero común.

Durante el desarrollo de la audiencia, se hizo público que Duarte enfrentaba dos órdenes de aprehensión por delitos del fuero común; la primera de ellas fue emitida el 9 de marzo de 2017, dentro del proceso 38/2017, por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, Veracruz, por los delitos de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias al usar un helicóptero propiedad del gobierno del estado cuando ya no era funcionario público.

La segunda de ellas, del 30 de marzo del 2017 dentro del proceso 56/2017, fue emitida igualmente por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XI Judicial de Xalapa, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y coalición, por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión del Agua de Veracruz.

El 17 de julio de 2017, Javier Duarte de Ochoa llegó a México y fue trasladado al Reclusorio Norte. A partir de ese día, asumió su defensa el abogado Marco Antonio del Toro, conocido por haber defendido en su momento a la exlideresa sindical Elba Esther Gordillo.

El propio 17 de julio, el equipo legal de Javier Duarte presentó una demanda de garantías, que fue admitida a trámite por Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México con el número de expediente 614/2017.

El 17 de julio, la Juez ordenó la suspensión provisional de dos órdenes de aprehensión giradas contra Javier Duarte por un juez del fuero común en Veracruz, contenidas en las causas penales 38/2017 y 56/2017. Ambas habían sido emitidas por jueces de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

La Juez decretó la suspensión provisional contra dichas órdenes de captura bajo el argumento de que, al no tratarse de delitos graves, no ameritan prisión preventiva de oficio. Para conservar dicha medida, la juez fijó como garantía el pago de la cantidad de 6 mil pesos.

El 18 de julio del presente año, Ciro Carrera Santiago, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió una suspensión provisional en favor de Rodrigo Borge para cualquier orden de aprehensión o presentación que se emita en su contra. Como condición para el otorgamiento de dicha suspensión provisional, se le solicitó a Borge el pago de 59 mil pesos.

Para el otorgamiento de una suspensión, los juzgadores están obligados a sopesar y realizar un estudio simultáneo de la apariencia de buen derecho con la posible afectación al interés social o al orden público que puedan derivarse de la suspensión del acto reclamado. Lo que se estaría buscando con ello es que las suspensiones otorgadas no causen más perjuicios sociales que beneficios para los exgobernadores.

ebv