Analizan constituyentes impuesto perdido en alcaldías

Ciudad de México.— El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Asamblea Constituyente, se pronunció por definir en la futura Constitución de la Ciudad de México el reparto de los recursos presupuestales que corresponderán a las Alcaldías; el porcentaje que se les asignará por concepto de Impuesto Predial y cómo se beneficiarán del nuevo impuesto que se pretende crear por concepto de plusvalía.

Al sustentar la iniciativa presentada junto con los diputados Mauricio Tabe y Santiago Taboada, el senador y diputado constituyente Ernesto Cordero planteó que con respecto al tema de la plusvalía, el PAN propone suprimir el numeral 8 del artículo 26 en la propuesta de Constitución del Jefe de Gobierno, porque ahí no hay ningún otro gravamen, contribución, impuesto, tributo ni nada relacionado.

Al colocarse en el apartado de Disposiciones Generales, la propuesta pareciera que tiene dedicatoria y por ello se propone suprimirlo, lo cual no implica dejar de considerar la posibilidad para un aprovechamiento de esta naturaleza, pero enmcardado dentro de los artículos 20 y 21 de la Constitución de la CDMX.

Ahí debe integrarse, dijo, con una redacción que dé certeza jurídica y defina completamente esta nueva contribución denominada plusvalía, para que no haya lugar a dudas.

En cuanto al tema del presupuesto a las delegaciones, explicó que actualmente es facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) decidir a dónde se van los recursos de la ciudad.

Las delegaciones no tienen ninguna certeza jurídica respecto a la cantidad de recursos que les tocará. Es una graciosa concesión del Jefe de Gobierno decidir cuánto le da a cada una.

“Algo tan importante como esto no podemos dejárselo a la Asamblea o a la Cámara de Diputados Local, o Congreso Local. La Constitución que hoy estamos haciendo debe prever con toda claridad cómo se van a distribuir los recursos de la ciudad y cuándo”.

Debe haber oportunidad y transparencia en todos los recursos y eso lo debemos plasmar desde la Constitución y dejarlo sin ninguna duda, con toda contundencia y sin ninguna ambigüedad.

Las propuestas del PAN fueron apoyadas por los diputado Eduardo Escobedo y María Esther Sherman, del PRI, así como por el diputado Jaime Cárdenas, de Morena, quienes apoyaron también la propuesta de que la recaudación por concepto del impuesto Predial se vaya a las Alcaldías.

Unicidad de la hacienda pública no es sinónimo de opacidad ni de discrecionalidad. “Me parece que por el lado de cómo se distribuyen los recursos hay mucho que tenemos que hacer y mucho qué mejorar en este proyecto de Constitución”, dijo el diputado constituyente Ernesto Cordero.

Sin embargo añadió que, en un afán de hacer más transparente y dar certeza a la cantidad de recursos que recibirán las Alcaldías, los criterios de densidad, variables socioeconómicas y la proporcionalidad de lo recaudado es crucial. Podemos pensar en otra fórmula, pero estas tres variables ahí tendrán que estar presentes, insistió.

Respecto al porcentaje de reparto del impuesto predial a las Alcaldías, dijo que deberá buscarse un componente que permita resarcir y redistribuir el ingreso. De ninguna manera se propone que la mayor parte de los recursos se queden en las colonias más prósperas.

No puede interpretarse que estamos eternizando la desigualdad, pues sólo el 6% de la recaudación de la ciudad proviene del Impuesto Predial y por tanto la propuesta del 80% de este impuesto se quede en las demarcaciones que lo generen desigualdades pero el PAN está abierto a discutir y revisar el porcentaje planteado.

En cuanto al tema de la deuda pública dijo que se debe ir a la definición textual de la Constitución General de la República, que establece que ningún empréstito deberá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. No lo dejemos abierto a ninguna interpretación

Lo que le hace falta a este proyecto de Constitución presentado el 15 de septiembre, es el respeto a la Propiedad Privada, a la actividad económica, a formar un patrimonio que es lo que da certeza jurídica, genera inversión y empleos.

Finalmente dijo que los programas de adultos mayores pudieran ser parte de deuda pública pero es una obligación de largo plazo que va a tener que enfrentar la ciudad y que debe estar contabilizada y la debemos tener presente a la hora de tomar decisiones.

ebv