Aprueba Senado reformas a la Ley General de Víctimas

Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Víctimas en busca de garantizar y proteger los derechos de las víctimas de delitos, y dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas.

Con 77 votos a favor y nueve en contra, los senadores aprobaron las disposiciones que incluyen la participación de las víctimas, sociedad civil y academia, y establece diversas facultades atracción y reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El dictamen presentado establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) dejará de ser un órgano colegiado, el cual estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo con reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos. Se propone que el Comisionado tendrá a su cargo designar a las personas responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.

Será nombrado por el Presidente de la Republica, previa consulta pública entre colectivos de víctimas y especialistas que trabajen en la atención a víctimas; deberá ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los presentes en sesión ordinaria, del Senado de la República.

La propuesta prevé que, para garantizar la efectividad de las acciones del gobierno a favor de las personas en situación de víctima, participen en elaboración de la política pública los distintos actores sociales, de tal forma que la aplicación de las directrices de atención y el ejercicio de los recursos públicos destinados a la ayuda, asistencia y reparación integral sea abierta y transparente.

Para ello, se concibe la creación de una Asamblea Consultiva que funcionará como un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la CEAV, y estará integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Adicionalmente, cuatro representantes de la Asamblea integrarán la Junta de Gobierno, por lo que su participación estará garantizada en todo momento para la debida atención a las víctimas.

Por otro lado, se flexibilizan los mecanismos de acceso a los recursos del Fondo, fortalecen el otorgamiento de medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismo burocráticos.

Del mismo modo, el dictamen establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados puedan, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.

El dictamen destaca que la mayoría de delitos que se cometen en territorio nacional corresponden al fuero local, por lo que “un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la Ley”. Por ello, propone facultar a la CEAV para que pueda atraer e intervenir en la atención, y en su caso, en la reparación del daño a víctimas en casos del fuero local.

Respecto al fenómeno de desplazamiento interno que se registra en el país, el proyecto propone que la Ley atienda y proteja, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de este problema. La Ley General de Víctimas deberá otorgar atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que a poco más de tres años de la entrada en vigor de esta ley, las víctimas han pedido su revisión “denunciando fracasos en el diseño legal e institucional, lo que hoy hace necesario que reformemos de manera integral el modelo de atención”.

Por la Comisión de Justicia, su presidente, el senador Fernando Yunes Márquez aseguró que el propósito de las reformas no es la nueva Junta de Gobierno de la CEAV ni toda su estructura, sino que las víctimas y sus familiares “puedan tener un verdadero y eficaz acceso a los apoyos económicos, becas, oportunidades laborales, atención médica y un correcto asesoramiento jurídico”.

La realidad actual, dijo, es que miles de personas buscan apoyo y no lo reciben. Queremos decirles a las víctimas del delito que el Senado de la República ha puesto en marcha las acciones necesarias para que puedan obtener la ayuda que se merecen, la ayuda que requieren de una verdadera democracia”.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, la senadora Graciela Ortiz González destacó que en el dictamen se resalta la necesidad de reformar de manera integral el ordenamiento vigente, a fin de que sea funcional para quienes requieren de su amparo y protección.

La senadora del PRI enfatizó que se trata de flexibilizar el acceso al Fondo de Ayuda, la asistencia, atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de quienes han padecido un delito y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos.

ebv