Ayotzinapa, debacle de Peña Nieto

Ciudad de México.— Este 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, hecho que hoy deja ver el gravísimo contexto de impunidad en el que vive México y que ha lastimado seriamente al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al grado que le ha representado el inicio de su debacle.

A dos años de ese caso paradigmático, aun no se sabe dónde están esos jóvenes, no hay claridad sobre el móvil de las desapariciones, no hay restos de ellos, ni se sabe por qué los secuestraron.

Para la PGR la investigación no está cerrada, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la implementación de un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes, así como para la medida cautelar.

El jurista Raúl Carranca y Rivas, expresó a Siete24 Noticias,  que es evidente que se tiene un caso muy revuelto, “muy confuso, peritajes van, peritajes vienen,  tanto nacionales como extranjeros, y la cuestión del basurero municipal de Cocula, en Guerrero,  en donde primero se dijo que los cuerpos de los estudiantes habían sido quemados, luego que no,  basándose de una manera muy servil en la cuestión de los peritajes”.

Explicó que el peritaje es un instrumento muy útil en la investigación de un delito pero de ninguna manera es todo, hay algo que supera al peritaje por razones obvias, desde el punto de vista del sentido común, y del propio derecho y que son las presunciones lógicas perfectamente eslabonadas que van llevando paulatinamente a una conclusión irrebatible y definitiva.

Indicó, “en este caso de Ayotzinapa, la conclusión es que hubo un homicidio masivo, fueron evidentemente eliminados físicamente sin que se le dé tantas vueltas y los responsables no están a la vista con una etiqueta que diga su nombre debajo del cuello. Hubo militares que por desgracia traicionaron a su institución y a su país, actuaron de manera criminales, hubo policías que hicieron lo mismo, desde luego la presencia del narcotráfico, todo esto se ha querido revolver y de alguna manera ocultar, pienso que por razones de naturaleza política, pero al final de cuenta es un escándalo”.

Consideró el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que el trabajo en el caso de Ayotzinapa ha sido obstruido de una buena investigación por un velo de política convenenciera ocasional y que deja mucho que desear, y que tiene mucho más de fondo, “lo deseable es que paulatinamente se vaya aclarando de manera definitiva y se haga justicia”.

Mencionó, “Ayotzinapa es una mancha muy grave en el ejercicio jurídico y jurídico penal del gobierno, evidentemente ha lastimado seriamente al gobierno y por supuesto a quien lo encabeza, sea quien sea el responsable pero evidentemente ha influido en ello”.

Para el abogado Felipe Sánchez Nájera, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero, la desaparición de los normalistas visibiliza la grave impunidad en materia de derechos humanos que vive México porque a pesar de que existe una verdad histórica con la que busca la PGR hacer valer que los normalistas fueron desaparecidos en un contexto de fuerzas armadas realizando labores de seguridad pública, también existen recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que son precisas y bastante acotadas al tema estructural con lo que podría haberse solucionado ya ese tema.

“Entonces existe una falta de voluntad política para hacerlas valer, por ejemplo en esas recomendaciones estructurales pendientes se puede citar como ejemplo la inexistencia de un registro de detenidos, la falta de una ley de desapariciones, de una ley de tortura acorde con los estándares internacionales que ayuden tanto a solucionar casos como ese como a prevenir que no ocurran”, indicó.

Además, agregó, está la del retiro de las fuerzas armadas de las actividades de seguridad pública ya que se ha probado que a final de cuentas, todas esas autoridades militares no se encuentran capacitadas para la realización de funciones de policía y de seguridad pública.

Dijo que es preocupante que a dos años de la desaparición de los 43 jóvenes aún no se tenga a los responsables, no se sepa el paradero de los estudiantes, “el caso sigue sin resolverse y se vuelve una idea fundamental de encontrarlos, sobre todo en el contexto de una cadena de mando de responsabilidades que no está determinada, que no está definida, porque se viven grandes violaciones de derechos humanos. Se tienen más de 26 mil desparecidos en este país”, y Ayotzinapa, un caso paradigmático que no ha podido resolverse ha puesto el tema de la impunidad a nivel mundial.

En opinión de John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se tiene un colapso lento pero sistemático de la legitimidad del gobierno federal. “Hace dos años, con los hechos ocurridos en Ayotzinapa muchos abrieron los ojos con respecto a la verdadera naturaleza del régimen político que no es una democracia sino un sistema autoritario que reprime, encarcela a líderes sociales y asesina a estudiantes”.

Consideró que “hoy la popularidad de Peña Nieto es la más baja que ha tenido un Presidente de México”.

JAHA