Financiamiento económico condiciona sentencias de organismos de derechos humanos para imponer agendas de minorías, revela estudio

Lima.— La organización no gubernamental Global Center for Human Rights reveló que el financiamiento económico que recibe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es aportado por países externos a la OEA y ONGs con agendas específicas.

A través de un estudio de dos años realizado por Sebastián Schuff y María Anne Quiroga se encontró que dicho financiamiento económico está condicionado a la realización de determinados proyectos, que impactan la agenda de trabajo del SIDH y atenta a su independencia.

Esta situación atenta contra la imparcial de los derechos humanos y los fondos de los dos principales organismos que se dedican a esa tarea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Desde hace algunos años, la CIDH y la Corte han estado proponiendo a los Estados, muchas veces, so pena de incumplimiento de obligaciones internacionales, prácticas y criterios que han dado en llamar estándares interamericanos.

Estos estándares intentan servir de guía para que los Estados Miembros cumplan con sus obligaciones. Se han creado con el objetivo de apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus compromisos de derechos humanos, pero en absoluto tienen carácter obligatorio.

Es llamativo que, a pesar de esta situación invocada, los organismos del sistema sí estén en condiciones de realizar proyectos orientados a temáticas diferentes fuera de su mandato, o, al menos, con una relación difusa, financiados por ONGs y países que no pertenecen a la OEA, proyectos que pretenden imponer luego a los países de América a través de estándares y por una aplicación erga omnes de las resoluciones de la Corte IDH, en contra de la letra de la Convención Americana.

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Esto implica situación doblemente irregular. Por un lado, incapacidad de los organismos para cumplir con su mandato; por otro, capacidad para extralimitarse como en la imposición de la liberalización del aborto en la región.

Con estas maniobras, la CIDH y la Corte IDH ponen en peligro su función de árbitros y jueces en conflictos de derechos humanos, pasando a convertirse en proselitistas de agendas de minorías, poco representativas pero profusamente financiadas.

El estudio reveló que algunas organizaciones internacionales que apoyan a la Corte IDH o la CIDH, también financian a las partes peticionarias de casos de litigio estratégico en el sistema.

Esta situación plantea un problema mayor, ya que el hecho de que las mismas organizaciones financien tanto a los jueces como las partes afecta gravemente la independencia de estos órganos. Un caso elocuente de esta situación es el caso Manuela y otros vs. El Salvador. La Fundación Ford, la cual contribuye regularmente a la CIDH, ha financiado a Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, la cual es una de las organizaciones peticionarias en el caso “Manuela”.

Por su parte, la fundación alemana Heinrich Böll ha financiado diversos proyectos de la Corte, aportando desde el 2017 una suma que representa un total de USD 40.077,12.

Al tiempo que esta entidad coorganiza junto la Corte IDH un curso sobre Derechos Humanos, apoya oficialmente a la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y publica sus infografías en la web oficial de la fundación.

Si bien el apoyo financiero de la fundación Böll a la Agrupación Ciudadana no se puede comprobar, a falta de un mecanismo de transparencia pasiva sobre la repartición de los fondos que le son atribuidos en su página web, fue evidente su apoyo militante, tanto para este caso como para la imposición de la liberalización del aborto en la región.

El problema del origen de los fondos y de la afectación a la independencia del SIDH que esto implica no es el único problema que deben considerar los responsables de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En efecto, se pueden identificar diversos problemas relativos a la rendición de cuentas; en particular, en los informes anuales de la Comisión y de la Corte.

Ante ello Global Center for Human Rights propone que los aportes extraordinarios puedan seguir existiendo, pero sin compromiso de uso por parte de la Comisión o la Corte IDH, quienes ya adquirieron un compromiso previo y anterior para con los Estados Miembros.

Es necesario que se resguarde la independencia, la objetividad, la no selectividad y la no politización del tratamiento de las temáticas abordadas por los órganos del SIDH.

Es también necesario que aquellos órganos hagan una mejor rendición de cuentas y mejoren el acceso a la información para los ciudadanos que quieran informarse acerca del trabajo realizado.

En segundo lugar, sería deseable que los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos puedan solicitar la realización de una auditoría forense, con enfoque en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y que goce de total externalidad y verdadera independencia respecto del SIDH.

Global Center for Human Rights es una organización no gubernamental que, a través de la estrategia, la formación y la promoción, trabaja para construir y consolidar una nueva generación de responsables dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia.

El Centro Global de Derechos Humanos defiende a 663 millones de personas en toda América Latina, con el objetivo de devolver su autoridad democrática a sus legítimos representantes.

ebv