CIDH y Corte Interamericana marcadas por la opacidad y la corrupción: Global Center for Human Rights

Washington.— Tras una revisión de los financiamientos recibidos durante 12 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la organización Global Center for Human Rights denunció opacidad y presuntos actos de corrupción en el manejo de sus recursos.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) recibe dos tipos de financiamientos: fondos regulares y fondos específicos (este último contempla contribuciones extraordinarias), todos fueron revisados por la organización Global Center for Human Rights (GCHR) con la activa participación de María Ann Quiroga, directora de Investigaciones de la Organización.

La revisión del financiamiento recibido abarcó de 2009 a 2021, tanto de la información pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demuestra que la SIDH es dependiente de países externos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con agendas muy específicas.

Esto provoca que la agenda de trabajo de la SIDH se vea marcada por agentes extranjeros a la OEA y por intereses particulares, lo cual atenta contra la independencia de estos órganos internacionales, concluye el dictamen de GCHR.

El balance que hoy presenta Global Center for Human Rights arroja además ejemplos concretos de lo que llama “financiamientos problemáticos”, los cuales en cualquier otra organización, gobierno o país serían considerados como “conflicto de interés e incluso actos de corrupción”.

Luego de tres años de revisión a fondo de la información, financieros de la CIDH y la Corte IDH, “constatamos que el país, organización o empresa que otorga estos recursos a través de contribuciones extraordinarias, se coloca en una posición que le permite ejercer cierto tipo de control en estos órganos que deberían responder a la OEA y no a particulares”, concluye el informe de GCHR.

En un Estado de derecho, agrega, los poderes judiciales de los países se financian con recursos provenientes del presupuesto general de la administración nacional que, a su vez, se nutre del tributo del conjunto de los ciudadanos, y no de contribuciones de las partes en disputa.

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Para mejorar el funcionamiento y el financiamiento del SIDH, Global Center for Human Rights propone encarar con seriedad un proyecto de reforma y fortalecimiento basado en la transparencia, el respeto a los tratados y a la independencia de los organismos protectores de derechos humanos.

De no hacerlo, advierte GCHR, el SIDH no será libre de destinar los fondos a la actividad que más lo requiera, a su propio criterio, sino que seguirán siendo redireccionados a donde indique el país, organización o empresa aportante.

En el balance se muestra también cómo otros proyectos contienen elementos que entran en contradicción con las propias normas de los órganos de derechos humanos, y se oponen al objeto por el cual los Estados Miembros reconocieron parcialmente su competencia al SIDH.

Lo anterior, explica GCHR, debido a que han recibido influencia de Estados Observadores u organizaciones externas y los clasificamos en el balance de la siguiente manera: A: Sentencias de la Corte IDH; B: Opiniones consultivas; C: Informes de la CIDH, y D: Proyectos diversos.

CONCLUSIÓN DEL BALANCE

Global Center for Human Rights sugiere que se formule una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en pos de lograr una mayor transparencia.

En particular, pedimos que los aportes extraordinarios hechos por los países, empresas u ONG sigan existiendo, pero sin compromiso de uso por parte de la Comisión o de la Corte IDH, las cuales ya adquirieron un compromiso previo para con los Estados Miembros.

Se trata de que los recursos no sean direccionados a casos, juicios o temas en específico y que sea la propia SIDH, la que decida y destine el recurso con base a su agenda y a las prioridades en materia de defensa y protección de los derechos humanos.

Consideramos también que estos organismos internacionales deben transparentar el manejo de sus recursos y realizar una óptima rendición de cuentas.

La recomendación es más y mayor acceso a la información pública para mantener informados a las y los ciudadanos que quieran conocer el trabajo que realizan.

Asimismo, esperamos que los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos soliciten la realización de una auditoría formal, con enfoque en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas, la cual goce de total externalidad e independencia del SIDH.

Solo con estos cambios, podemos seguir avanzando hacia un Sistema Interamericano de Derechos Humanos que salvaguarde la institucionalidad, la independencia y, sobre todo, los mandatos que los Estados le confiaron y sobre los cuales se respalda su credibilidad.

SEBASTIÁN SCHUFF, PRESIDENTE DE GLOBAL CENTER FOR HUMAN RIGHTS

“Esto se sabía entre los pasillos, tras bambalinas, los datos están ahí pero nadie había cruzado estos datos, en Global Center for Human Rights nos dimos a la tarea en una labor titánica que nos llevó 3 años concluir”, aseguró Sebastián Schuff, presidente del organismo no gubernamental.

En ese sentido, Sebastián Schuff consideró que no se puede permitir que nuestras leyes o constituciones estén sujetas al dinero de países extranjeros o de otras empresas privadas para que nos condenen.

“Países que no reconocen la competencia de la corte, países fuera de nuestro continente y países que no han formado la convención americana o corporaciones privadas están pagando para que los países cambien sus leyes a razón de ellos”, finalizó.

GLOBAL CENTER FOR HUMAN RIGHTS

Es una Organización no gubernamental que, a través de la estrategia, la formación y la promoción, trabaja para construir y consolidar una nueva generación de responsables dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia.

El Centro Global de Derechos Humanos defiende a 663 millones de personas en toda América Latina, con el objetivo de devolver su autoridad democrática a sus legítimos representantes.

ebv