Declaran ilegal plan de Trump para financiar muro

Tucson.- Un juez federal en Texas dictaminó que la declaración de emergencia nacional proclamada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ilegal, por lo que su decisión de desviar dinero de otras fuentes para financiar la construcción del muro fronterizo también lo es.

El juez David Briones pidió a los aspirantes del muro que propongan el alcance de una orden judicial preliminar.

El Congreso aprobó en el presupuesto de este año mil 375 millones de dólares para el muro, la misma cantidad que el año pasado y mucho menos de los 5 mil 700 millones a los que aspiraba la Casa Blanca.

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El presidente Trump aceptó los fondos y puso fin a un cierre gubernamental de 35 días en febrero, pero en simultáneo emitió una declaratoria de emergencia nacional para obtener recursos de otras cuentas del gobierno de las que identificó hasta 8 mil 100 millones de dólares para el levantamiento del muro.

De igual forma, dos jueces federales emitieron sendas órdenes de ámbito nacional para evitar la entrada en vigor el próximo 15 de octubre de la polémica regla del Gobierno de Donald Trump sobre la “carga pública”, que causaría la inadmisibilidad en Estados Unidos de nuevos inmigrantes con bajos recursos.

Estos jueces se han convertido en los primeros del país en bloquear la medida, que pretendía facilitar al Gobierno federal negar el estatus de residente legal a los inmigrantes pobres que reciben ayuda social de la Administración estadounidense.

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El magistrado del distrito Sur de Nueva York George B. Daniels decretó que la regla no se puede implementar en todo el país tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alega que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.

El juez del Tribunal de Distrito para el Norte de California, Phyllis J. Hamilton falló también a favor de la petición hecha por un conjunto de demandantes que incluyen al Estado Dorado, Maine, Oregon Pensilvania, el Distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y la Clínica de la Raza, en la que pedían una orden para detener la implementación de la nueva norma.

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ebv