Mano dura de Duterte, provoca terror

Manila.—  Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas,  cumplió el pasado el viernes un año de mandato en el que ha recibido numerosas denuncias por violaciones de derechos humanos.

El presidente prometió en numerosas ocasiones limpiar Filipinas de narcotraficantes y adictos al considerar que las drogas, y especialmente la metanfetamina conocida como “shabú”, están destruyendo a las nuevas generaciones del país.

La “guerra antidroga” ha sido objeto de duros ataques por políticos opositores, asociaciones locales y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW), que atribuyen a Duterte “crímenes contra la humanidad” y han solicitado llevar el caso a la Corte Penal Internacional.

Ahora el presidente filipino, que sabe de leyes porque fue fiscal, está cumpliendo su palabra a golpe de ejecuciones extrajudiciales. Ha sembrado el terror entre los pobres enganchados a dicha droga.

Desde aquel crudo discurso, han sido asesinadas poco más de 9 mil personas. Esto parece más un exterminio de adictos que una guerra contra la droga.

Para la Iglesia católica de Filipinas es “un reino del terror”; para HRW “una campaña de ejecuciones extrajudiciales” instigada por Duterte, que garantiza total impunidad a los policías.

Así es como sucede: los asesinatos siguen un patrón. Las autoridades telefonean al drogodependiente para que emprenda una rehabilitación como han hecho 1.3 millones de personas. Si no hace caso, agentes se presentan en su casa. La operación para detenerlo acaba casi siempre con el sospechoso muerto a tiros de la policía (un 97%, según Reuters) y con una explicación oficial que se resume en dos palabras: legítima defensa. Y junto al cadáver, dos elementos casi siempre: una pistola de calibre 38 y un paquetito de cristales de “shabú”.

“Estos hijos de perra están destrozando a nuestros hijos. Si conoces a algún adicto, ve y mátalo tú mismo”, dijo enfático el presidente Duterte.

Por su parte, HRW calificó como una “calamidad” para los derechos humanos el primer año de mandato del presidente de Filipinas, debido a su “guerra contra las drogas” a la que atribuye más de siete mil muertos.

La “asesina” campaña antidroga, además del “enjuiciamiento” a quienes la critican y la masificación de las cárceles filipinas “han reducido drásticamente el respeto de los derechos básicos desde la investidura de Duterte el 30 de junio de 2016”, denunció la organización en un comunicado.

HRW señaló que, según datos del gobierno, entre los muertos de la campaña contra las drogas hay 3 mil 116 supuestos drogadictos y traficantes abatidos por las fuerzas de seguridad tras presuntamente oponer resistencia durante las redadas.

La organización atribuyó el resto de las muertes a la acción de pistoleros o patrullas vecinales amparadas en la impunidad brindada por Duterte, si bien la mayoría de estos casos figuran oficialmente como “homicidios bajo investigación”.

El presidente Duterte ha respondido a toda crítica con amenazas. A Naciones Unidas, ONG, la Unión Europea o la Corte Penal Internacional. Estados Unidos suspendió con Barack Obama el envío de armas a la policía.