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Pactos, la historia se repite…
Ciudad de México.- Han pasado 29 años y días y nada parece haber cambiado. Hoy, como un 14 de Diciembre de 1987, entonces resultado del ingenio de Carlos Salinas de Gortari como secretario de Programación y Presupuesto durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente de México en el sexenio 1982 -1988, este lunes se firmó por enésima vez un acuerdo más en materia económica para apuntalar la deplorable economía familiar en México.
Aunque hace casi tres décadas se anunció el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) para contener el alza galopante en precios de bienes y servicios, ahora el presidente Enrique Peña Nieto retomó este ancestral esquema para, según lo anunciado, proteger la economía familiar, fomentar las inversiones y el empleo y, según se dijo, preservar la estabilidad económica.
Pero, contrario a lo que pudiera pensarse, el único denominador entre la serie de pactos firmados para asegurar amarres entre los sectores empresarial y productivo con la clase trabajadora y el resto de la población es que, como quedó demostrado hoy, son acuerdos que han pasado sin pena ni gloria porque no han redundado en ningún beneficio en los bolsillos de los mexicanos en algo que signifique un alivio para robustecer su debilitada economía doméstica ahora azotada por el ajuste a los precios de las gasolinas y el diesel con todas las implicaciones que conllevan este incremento anunciado a partir del primero de enero del presente año.
Inicialmente el PSE se firmó para corregir las finanzas públicas, pero después en 1988 se transformó en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) para abatir el alto índice de inflación mismo que duró hasta diciembre de 1989 pero que no resultó suficiente para evitar una profunda crisis económica que se caracterizó por una fuerte devaluación del peso, incremento en la inflación y en una contracción del Producto Interno Bruto en un esquema que a casi treinta años en el tiempo se vuelve a repetir.
Después, ya a principios de 1995, vino el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) mismo que fue parchado y rebautizado meses después como el Programa de Acción para Reforzar el AUSEE (PARAUSEE) y así hasta culminar una cadena de pactos económicos que al paso de las generaciones no han arrojado resultados concretos y sólidos en cuanto a la recuperación del gasto familiar.
Ya en tiempos recientes, después de que el PAN ganó la presidencia y sacó al PRI de Los Pinos y de que tras doce años el tricolor regresó al Poder Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto evocó prácticas del pasado y llamó a la firma del Pacto por México, que si bien se concentró en amarres entre partidos políticos también incluyó metas de tipo económico como un crecimiento del PIB del 4 por ciento, en una promesa que como ya se vio, no podrá ser cumplida en la recta final de su gobierno.
Ahora, en un ambiente donde no surten efecto las reformas transversales y de gran calado promovidas por el presidente Peña Nieto, en una incesante política de recortes al gasto en el que la clase política del sector público “no se ajusta el cinturón”, la historia vuelve a repetirse y desde el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos se anunció la firma del flamante Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que en esta ocasión marca el cerrojo definitivo a cualquier posibilidad de reconsiderar cualquier reversión a la decisión de ajustar al alza los precios de las gasolinas y el diésel.
Dentro de las medidas consideradas en el acuerdo está el compromiso de que organizaciones empresariales, sindicales, productores del campo y el Gobierno de la República a través de diferentes dependencias realicen las acciones necesarias para evitar que se observe un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica, pero nada más, no hay nada que signifique una solución para recuperar el poder adquisitivo derivado a la carestía que provocará el aumento a los combustibles y es por eso la aseveración de afirmar que los pactos no han tenido oficios ni beneficios entre la población en general.