Presidente de tribunal electoral, renuncia

Cancún, Q Roo.—   Luego de un fallo a favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para evitar que le fincarán juicio político en la Cámara de Diputados de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas, renunció este viernes a la presidencia del tribunal electoral local.

Acusado de formar parte del blindaje jurídico y político que formó el exgobernador Roberto Borge Angulo para lograr impunidad al término de su mandato, Víctor Vivas y otros dos magistrados, Nora Cerón González y Vicente Aguilar Rojas lograron la protección del Tribunal Electoral Federal y cualquiera de estos 2 últimos podría asumir la presidencia del tribunal electoral local en reunión plenaria convocada para la próxima semana.

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Por ello, los actuales diputados locales lamentaron el fallo federal pues los 3 magistrados estaban acusados de graves omisiones en el desempeño público y violar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Desde el inicio de los trabajos de la presente Legislatura se comenzó el desmantelamiento de toda una estructura construida por el gobierno anterior con el objetivo de que todos los delitos que cometieron quedaran impunes, es así que los integrantes del Congreso comenzaron a desarmar el llamado ‘Paquete de Impunidad’ con el que pretendían protegerse”.

El tribunal electoral federal determinó que los diputados locales no tienen atribuciones para fincar juicio político en su contra, por lo que protegió sus derechos político electorales.

Cabe señalar que en este caso, la Sala Regional de Xalapa del mismo tribunal federal había acreditado que dichos magistrados se habían extralimitado de las instituciones democráticas del estado de Quintana Roo.

En un comunicado, el Congreso de Quintana Roo no aceptó los señalamientos presentados en la exposición del caso en el tribunal federal en donde se acusa que el dictamen de la Comisión de Justicia y su aprobación por parte del Pleno del Congreso de Quintana Roo, son violatorios del principio de legalidad al ser considerados “actos de molestia emitidos por autoridad incompetente”, ya que cada uno de los pasos y determinaciones tomados a la fecha, fueron apegados al marco jurídico.

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Con esta decisión, añade el comunicado del Congreso, no se avanza en la demanda de justicia de los quintanarroenses. Además, informó que esperarán a la notificación formal para determinar las acciones legales a emprender.

AGP