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Nuevas reglas para Uber, Didi y Rappi: ¿Qué cambiará para conductores y repartidores?
Ciudad de México.— La reciente aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Unión que regula a las plataformas digitales en México y su inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación ha generado un amplio debate en el sector empresarial y los trabajadores.
Esta legislación, enfocada en mejorar las condiciones laborales de los colaboradores de apps como Uber, Didi y Rappi, plantea retos para las empresas que operan bajo este modelo de negocio.
La reforma incorpora reglas al modelo de trabajo en aplicaciones, como criterios para el acceso pleno a la seguridad social y derechos laborales, o reglas para el pago de PTU. Por su parte, los repartidores y conductores de apps deberán respetar los mecanismos y sistemas de las plataformas digitales para el seguimiento de la conexión y de las horas laboradas, y en su caso para la comunicación con la aplicación; atender las políticas de protección de datos y restricciones de sobre su uso; abstenerse de prácticas de discriminación y acoso sexual u otros actos relacionados.
Una vez que se promulgue la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrará en vigor 180 días después de su publicación. Después de esto, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá cinco días para publicar las reglas de carácter general para la afiliación de repartidores y conductores, y una vez realizado esto, la autoridad de seguridad social contará con 180 días para realizar un programa piloto de aseguramiento obligatorio.
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“Uno de los principales beneficios de la reforma es la claridad regulatoria que ofrece tanto a las empresas como a los trabajadores. Con la definición de derechos laborales como el acceso a la seguridad social, prestaciones y horarios establecidos, las empresas pueden operar dentro de un marco legal más transparente y evitar posibles sanciones por incumplimientos”, explica Jesús Moscoso, abogado especialista en materia laboral y CEO de ESSAD, firma especializada en la gestión de talento humano.
Por ejemplo, plataformas como Uber ahora tienen lineamientos claros sobre cómo integrar a sus conductores al sistema de seguridad social, lo que no solo beneficia a los trabajadores, sino que también mejora la percepción de la marca ante los consumidores.
“De acuerdo con un estudio de Nielsen, especializada en el estudio de consumo, siete de cada 10 consumidores deciden conscientemente adquirir un producto ‘socialmente responsable’ aunque cueste más”, afirmó Moscoso.
Además, la reforma podría incentivar la formalización del empleo en un sector tradicionalmente caracterizado por la informalidad.
“En el caso de México, donde más del 55% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad, este avance podría ser un primer paso hacia una economía más equilibrada”, agregó Fernando Rojas, socio CEO de ESSAD.
Sin embargo, la reforma también trae consigo retos significativos. Uno de ellos el aumento en los costos operativos para las empresas. Incorporar a miles de trabajadores al sistema de seguridad social y otorgar prestaciones como aguinaldo o vacaciones implica un gasto adicional que podría impactar en la rentabilidad de las plataformas.
Empresas como Rappi han advertido que podría ser necesario ajustar sus tarifas para cubrir estos costos, lo que podría desincentivar a algunos usuarios. Además, está el reto logístico de garantizar el cumplimiento de la legislación en un país tan diverso como México, donde las condiciones de trabajo y las necesidades de los colaboradores varían considerablemente entre regiones.
“Otro desafío importante es la resistencia al cambio tanto de las empresas como de algunos trabajadores. Muchas plataformas han defendido su modelo de trabajo independiente, argumentando que les da flexibilidad a los colaboradores. Con la reforma, los conductores y repartidores podrían percibir la pérdida de cierta autonomía, especialmente si se establecen horarios fijos o metas obligatorias”, señaló Rojas.
Las sanciones por incumplimiento van de 250 a 25 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, dependiendo del caso. Es decir, multas que van desde los 27 mil 142.50 pesos, hasta los 2 millones 714 mil 250 pesos.
ebv