Opinión
Abuso de poder y apología del delito en el congreso de Baja California
El 28 de septiembre apareció en la página oficial del Congreso del Estado, desde Facebook, una publicación de la diputada Julia González, donde está haciendo promoción del “derecho” al aborto legal, seguro y gratuito.
Como todos sabemos, el aborto en Baja California es un delito, con ciertas causales de específicas de excepción para no ser sancionado, pero que no lo convierten en derecho.
En cambio, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sí está consagrado expresamente en el artículo 7 de la Constitución Política de Baja California.
Por lo tanto, lo que está pidiendo la diputada constituye el delito llamado “Provocación y apología del delito” regulado en el artículo 249 del Código Penal del Estado, de la manera siguiente:
“Al que provoque públicamente a cometer un delito o haga apología de éste o de algún vicio, se le aplicará prisión de uno a tres años y hasta cincuenta días multa, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.”
¿Por qué se incurre en apología del delito en Baja California?
Apología es alabar, defender y justificar algo. En este caso el aborto es un delito, sin embargo la diputada exalta esa conducta penalizada, tornándose en una promoción del delito, confundiendo e induciendo a la población a realizarla, quien le da completa credibilidad a su dicho, ya que se trata de una diputada que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del Estado.
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Además de incurrir en apología del delito, constituye una aberración, ya que denota desconocimiento de los principios de aplicación de los derechos humanos, como el de progresividad: una vez que se concede un derecho humano, como el de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en dicho derecho no puede haber regresividad, no puede restringirse, limitarse, es IRREDUCTIBLE, por lo que si ya estaba concedido NO se puede eliminar.
Es una norma no escrita en entre los legisladores: quienes controlan lo que se publica en las páginas oficiales son los verdaderos amos del Congreso.
Pues bien, son Montserrat Caballero y Juan Manuel Molina quienes han convertido los órganos oficiales de comunicación del Congreso en sus plataformas personales ideológicas.
Ello, ante la frustración e impotencia de muchos diputados, que sufren de espionaje, despido de personal y remoción de cargos sin previo aviso.
¿Qué tan poderosos son Montserrat y Molina? Eso lo decidirán los demás diputados… confiamos en ustedes.