El poder de la sociedad civil

Los tiempos han cambiado. Nos debe quedar claro que en estos tiempos de transformación política el actual gobierno trae sus propio guion. Este fue preparado desde hace muchos años en la reflexión de la espera de oportunidades y esto significa que sus prioridades no son las que la sociedad demanda, sino lo que políticamente le conviene.

El rasgo fundamental del actual gobierno no es la transformación, pues esto significaría tomar las estructuras gubernamentales que recibieron, así como los proyectos y programas que han funcionado correctamente a lo largo de los años, para entonces perfeccionarlos en busca de mayor eficiencia y efectividad al menor costo. En contraste, optó por la destrucción de lo que recibió para iniciar a partir de cero nuevos modelos y así poder adjudicarse el mérito absoluto.

El caso más representativo ha sido la destrucción del seguro popular creado en sexenios anteriores, el cual fue evolucionando hasta volverse eficiente, logrando así garantizar al mayor número de mexicanos este derecho. Seguramente este sistema tenía deficiencias y además, intereses creados en beneficio de los funcionarios que lo controlaban.

Sin embargo, sin hacerse un diagnóstico a conciencia, -que fuese realizado por expertos-, en lugar de subsanar deficiencias y atacar la corrupción si la hubiese, simplemente desmanteló una eficiente estructura médica para sustituirla por el INSABI, que desdeñó un valioso caudal de experiencias y conocimientos. Los resultados están a la vista: desabasto de medicinas, limitaciones hospitalarias, así como la reducción de enfermedades de alta especialidad que fueron eliminadas del catálogo de atención del sector salud, con lo cual se condena a la muerte a quienes llegan a padecerlas y no tienen los recursos económicos propios para atenderse.

Esto provocó insuficiencia en la infraestructura hospitalaria y de equipos. Infraestructura que no recibió mantenimiento y se dejó deteriorar al retirársele presupuesto ya autorizado.

La operación del INSABI ha representado un costo económico mayor al que tuvo el seguro popular en otros sexenios y un alto impacto en víctimas de la desatención, -como lo demostró el COVID-, que lleva al día de hoy casi 300 mil fallecimientos por este virus, -más las víctimas indirectas-, que parecían otras dolencias mortales que no pudieron ser atendidas por falta de capacidad hospitalaria, lo cual llegaría a dar un total de 450 mil defunciones.

Según evaluaciones dadas a conocer por CEMEFI, -organismo que agrupa a instituciones dedicadas a la filantropía-, 35.7 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a servicios de salud, mientras en 2018, -bajo el modelo anterior del seguro popular-, esta cifra era de 20.1 millones, lo cual nos muestra un retroceso de diez años.

Lo que está claro es que lo que no forma parte de las prioridades personales del presidente, no será atendido, pues el grueso del presupuesto aprobado por el Congreso se canalizará durante los próximos tres años a garantizar que sus obras prioritarias puedan ser concluidas.
La pregunta lógica es ¿qué sucederá con las necesidades sensibles de la población como son salud, educación, seguridad y otras igualmente relevantes?

Definitivamente estas carencias de falta de atención impactarán a la población más vulnerable de nuestro país, lo cual se manifestará a corto plazo en el agrandamiento de las brechas socioeconómicas entre los diferentes sectores demográficos que conforman nuestro pueblo.

Alto impacto entre el sector estudiantil tuvo el confinamiento durante la pandemia, ya que quienes no tuvieron acceso a la tecnología informática básica, -ya sea por falta de conectividad o porque no tuvieron capacidad económica para acceder a los dispositivos- y por tanto no acompañaron los programas escolares de la SEP, se marginaron de la educación y de las oportunidades laborales futuras que esta les brindaría. Así vemos que muchos niños ya no regresarán a la escuela, pues están insertados ilegalmente en el sector productivo.

México no progresará si no es a través del desarrollo integral y armónico, con oportunidades para todos los sectores sociales por igual. El rezago se manifestará en incremento de la pobreza y esta en conflictos sociales y políticos.

La solución que pretende seguir dando este gobierno a la problemática de la pobreza es a través de aportaciones económicas directas, que lo único que hacen es administrar la sobrevivencia, que no es lo mismo que el bienestar.

En el fondo esta política social, -que ya viene de sexenios anteriores pero que en este se ha fortalecido-, es administrar las carencias para generar dependencia, lo cual se capitaliza en el ámbito electoral.

La única forma de romper este círculo vicioso es a través de la organización de la sociedad civil, emprendiendo acciones en el ámbito de la filantropía.

Sin embargo, en México hoy tenemos dos limitantes: una la representa la actitud restrictiva de este gobierno, que desconfía de la sociedad civil y califica a las organizaciones dedicadas a esta actividad como simples intermediarias que no aportan valor agregado y se utilizan para beneficiar fiscalmente a las empresas que patrocinan proyectos. Esto, -contaminado bajo la sombra de la corrupción-, justifica políticamente los obstáculos que esta administración pone al ejercicio de la filantropía.

Es notorio que este gobierno pretende tener el monopolio del trabajo social para fortalecer el control sobre los segmentos de población vulnerables y a través del agradecimiento asegurar su voto electoral y por tanto, las instituciones sociales dedicadas a la filantropía representan un obstáculo para este fin.

Sin embargo, este gobierno no se ha dado cuenta que precisamente las carencias que impactan a la población vulnerable y que la estructura gubernamental no ha podido subsanar, han abierto espacios de acción filantrópica al crimen organizado, que realiza acciones tipo ayuda humanitaria para vincularse con estos segmentos sociales, haciendo obras significativas a través de donaciones para obra pública prioritaria en regiones apartadas, o entrega de despensas, lo cual capitaliza en redes sociales para proyectar una imagen solidaria y de compromiso con la sociedad, lo cual se capitaliza en complicidades y protección comunitaria frente a las acciones que emprenden en su contra las corporaciones policiacas.

Por otra parte, la falta de cultura filantrópica entre la sociedad mexicana presupone otro obstáculo.

Tendemos a confundir con filantropía a la tradicional generosidad del mexicano, la cual responde a motivaciones emocionales, -de gran contenido sentimental-, como vemos que sucede en el Teletón, que con base en una gran campaña mediática que toca fibras sensibles de la sociedad, -exhibiendo casos de éxito convertidos en testimonios-, logra grandes resultados. También ha sido significativa la participación ciudadana individual cuando suceden tragedias, como lo fue el sismo del 2017. Bajo el influjo emocional la gente participa espontáneamente, esfuerzo que dura el mismo tiempo que el fenómeno psicosocial colectivo. La solidaridad frente a un desastre es un impulso inconsciente y emotivo y por tanto, de corto plazo.

En contraste, la filantropía es un modelo sistemático de ayuda social por tiempo indefinido, que solo se practica cuando hay convencimiento y esto es un proceso racional y consciente.

Por tanto, con visión constructiva y de futuro, debemos reconocer que es la sociedad civil la única que puede subsanar estas carencias sociales altamente sensibles, aunque esto signifique superar grandes obstáculos como los antes mencionados.

Las organizaciones cívicas deben exigir al Congreso de la República legisle en el sentido de generar las condiciones propicias para que las instituciones filantrópicas puedan trabajar a favor de las clases más necesitadas sin restricciones de ningún tipo y además, emprender campañas de sensibilización que ayuden a construir una cultura filantrópica.

¿A usted qué le parece?

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