Hermano, prima e hijo incómodos ponen en entredicho postulados de austeridad

Nigromante

El 22 de octubre de 2019 la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, participó en cuatro licitaciones y ganó dos contratos de Petróleos Mexicanos, según una investigación periodística de la que se enteró el jefe del Ejecutivo un año después, por lo que ordenó al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que se cancelara cualquier concesión más a su prima. La orden se cumplió el 6 de diciembre 2020.

Pemex difundió un comunicado para informar del cumplimiento de la orden presidencial de investigar la versión y a inicios de diciembre 2020 se cumplimentó la orden terminante del presidente López Obrador a Romero Oropeza, y confirmó la paraestatal que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, participó en cuatro licitaciones públicas y ganó dos adjudicaciones junto con otras empresas.

El comunicado precisa que en una licitación pública fue detectada la participación de Obrador Olán, y al notificársele que no se le adjudicaría ningún contrato, no reconoció que Litoral Laboratorios Industriales estuviera participando en las licitaciones. Agrega que “hubo una omisión en los otros tres procedimientos, bien fuera como representante o accionista de la empresa (…), lo cual debió reportarse como ‘dato sensible’ al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso”.

Aclara que todo lo anterior “fue reportado por el director general de Pemex, Octavio Romero, al presidente de México, y la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno”.

Éste fue el segundo escándalo de familiares del tabasqueño luego de que meses antes se difundiera en las redes sociales un video de 2015 en el que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, cuando recibe dinero –no se precisa la cantidad- de David León, quien años después, al triunfo electoral de Morena, fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil. Inmediatamente después tuvo que renunciar tras la profusa difusión del video.

Y hace una semana otra investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, vivió en residencias de lujo en Houston, Texas. El escándalo fue mayúsculo porque entre un evento y otro el tabasqueño profundizó en su diario mensaje de combate a la corrupción y su constante presunción de que en su gobierno prevalece la austeridad republicana.

El hecho de que Carolyn Adams y López Beltrán fueran señalados de vivir en sentido opuesto a la austeridad republicana -que predica el primer mandatario desde el púlpito del palacio virreinal- porque habitan en una millonaria mansión de lujo ubicada en una zona exclusiva de Cypress, en Texas pone en entredicho los pronunciamientos presidenciales.

Se defendió el jefe del Ejecutivo como gato boca arriba y argumentó con toda normalidad: nadie se puede meter en los asuntos de un matrimonio así se trate de su hijo. Parece que su esposa tiene dinero –reflexionó- y su vida la deciden ellos. Nomás que hay una salvedad: José Ramón está dentro del primer círculo familiar del Presidente, y éste se ha declarado a favor de hacer pública la vida privada de los que están con él. Ni modo.

Pero además rechazó que a su nuera, Pemex le hubiera otorgado contratos como se llegó a sugerir. De todos modos, la dirigencia del Partido Acción Nacional y su bancada en el Congreso denunciaron al primogénito del primer mandatario por posibles hechos de corrupción, luego de la difusión del affaire en las redes sociales y los medios tradicionales.

Marko Cortés, líder nacional panista, y los coordinadores en el Senado y la Cámara de Diputados, Julen Rementería y Jorge Romero, respectivamente, expresaron su confianza de que la Fiscalía General de la República, de la cual también se pregona su independencia, realice una investigación que los deje satisfechos, sin descontar el morbo que este asunto puede despertar.

Se dijo hasta la saciedad que la mansión en Texas era propiedad de un alto directivo de la petrolera Baker Hughes. Pero la empresa negó en un comunicado que fuera de su propiedad o que estuviera bajo su administración.

“Baker Hughes es una empresa de tecnología energética con operaciones en más de 120 países, comprometida con los más estrictos estándares de anticorrupción y rendición de cuentas en Estados Unidos y en cada uno de los países donde operamos”, y que han participado en operaciones en México, como parte de la iniciativa privada, desde hace más de 60 años, “siempre con total transparencia y apegados al Estado de Derecho”. Sin embargo, reconocieron que la casa es una propiedad privada que era de un ex empleado que dejó la empresa en 2019, de acuerdo con los registros públicos de la propiedad.

¿En qué terminará la película?

La verdad es que estos asuntos han dejado mal parado al presidente López Obrador, quien seguirá señalando que su gobierno es objeto de una campaña de ataques y de nuevo responsabilizará a los medios y a sus patrocinadores, a los que seguirá señalando como conservadores. Lo cierto es que cada quien se debe responsabilizar de sus acciones, ¿o no?.

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