Análisis y Opinión
La cultura del Huachicol
Conversando
Una de las deudas pendientes más grande que tiene el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, es la lucha contra el huachicoleo.
El robo de combustible directamente de los ductos genera pérdidas millonarias para Pemex, pero también para todos los mexicanos.
Cosa de ver que la paraestatal reportó pérdidas de 224 mil 363 millones de pesos (mdp) durante 2021, pero estas fueron 56 por ciento menores a las que presentó en 2020, cuando alcanzaron los 509 mil 052 mdp.
En buena medida esas pérdidas vinieron del huachicoleo, una actividad que no ha podido ser erradicada por el Gobierno federal, pero que no es exclusiva de esta administración.
Cabe recordar lo que sucedió al inicio del 2019, cuando el gobierno de López Obrador emprendió una campaña de combate al robo de huachicol sin tener bien calculadas las consecuencias que se tendrían.
Y es que parte de la “estrategia” del gobierno federal fue dejar de utilizar los ductos que transportaban la gasolina y comenzar a transportarla en pipas, lo que se tradujo en desabasto de combustible en diversas zonas del país.
En los primeros días de enero de ese año se veían largas filas de vehículos en estaciones de servicio, en espera de que sus dueños pudieran abastecer sus autos de gasolina.
Con el paso del tiempo, y como suele suceder en muchos otros temas que implican decisiones del Gobierno federal de este sexenio, expertos concluyeron que la 4T no previó el desabasto que habría en el país con el cierre de los ductos y mucho menos el daño económico y social que se tuvo con la decisión.
Fueron algunos meses los que tardó el Gobierno federal para lograr revertir el desabasto y pese a las consecuencias para la población, pudo reducir el número de barriles robados de huachicol pues en noviembre del 2019 se hurtaban 81 mil litros de combustible, mientras que para enero del 2022 bajó hasta 18 mil.
Sin embargo, el huachicoleo sólo se frenó unos meses, pues según datos de Pemex en 2019 y 2020, Pemex perdió 4.6 mil millones y 4.2 mil millones de pesos, respectivamente, mientras que en 2021 la merma se disparó a 7.3 mil millones de pesos.
Hasta el segundo trimestre del 2022, las pérdidas por huachicoleo para Pemex alcanzaban ya 8 mil 633 millones de pesos, es decir, de nada sirvió la decisión gubernamental en 2019 de dejar de utilizar los ductos.
Pero quizá lo más alarmante en el tema del robo de combustible, es el impacto social que está teniendo en algunas poblaciones, pues existe ya una normalización de esta conducta delictiva, tanto de quienes hurtan el hidrocarburo, como de quienes buscan comprar la gasolina robada a un menor costo.
Las muestra más reciente de que se está creando una cultura del huachicol, es justamente la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, acaecida el 18 de enero de 2019, en la que hubo una explosión en el kilómetro 226 del ducto que corre del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.
La instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto de 14 pulgadas de diámetro con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible, provocó la muerte de 137 personas que estaban en el lugar recogiendo el huachicol que se estaba fugando.
Fueron en total 69 las personas fallecieron en el lugar y 81 más fueron hospitalizadas, de las cuales 68 murieron días más tarde.
Las dimensiones de esa tragedia no han sido suficientes para dar una lección sobre las terribles consecuencias que tiene ese delito y que, lastimosamente, las cifras van al alza.
Y no sobra decir que en este delito, no sólo participan las personas que se dedican a picar los ductos, quienes lo almacenan o lo venden, sino también autoridades que se corrompen y hasta empresarios que promueven o ejecutan el huachicoleo fiscal, es decir la importación ilegal de gasolinas en aduanas bajo otras fracciones arancelarias para bajar costos de los aranceles vigentes.
Así, queda bastante evidencia de que la lucha contra el huachicoleo va en diferentes frentes, pero no ha habido una estrategia clara de combate por parte de las autoridades en ninguno de ellos, lo que ha permitido que el número de delitos crezca, así como las pérdidas y, lastimosamente, se normalice una práctica con un alto grado de nocividad para la sociedad.
Cristian Ampudia @campudia
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