Los retos de la seguridad privada

La seguridad pública ha sido un área de alta vulnerabilidad para la sociedad mexicana en todos los ámbitos, -principalmente durante los últimos años-, por la falta de capacitación del personal y una deficiente selección de candidatos para las vacantes de los cuerpos policiacos.

Los tres niveles de gobierno, -o sea municipal, estatal y federal-, no han sido capaces de garantizar la confiabilidad de las personas a las que se les encomienda la seguridad de la integridad física y patrimonial de los mexicanos. Por ello hoy vemos que ha crecido el contubernio entre policías y grupos delictivos, así como los abusos policiacos en contra de ciudadanos, -a los cuales es recurrente ver a través de denuncias en las redes sociales-, que les son vulnerados sus derechos humanos.

Por lo anterior, la iniciativa privada ha tenido que tomar control de la protección de sus propios bienes inmuebles y de sus actividades, con cargo a su propio presupuesto. Ha sido necesario contratar seguridad privada, la cual hoy representa ser la policía mejor capacitada del país y la que puede pasar exitosamente por los filtros necesarios de control moral, -además de un sistema institucional para vigilar la conducta de este perfil de policía profesional-, cuando las empresas pertenecen al sector formal de esta industria.

La seguridad privada ha asumido un rol fundamental para garantizar la propiedad patrimonial de las empresas. A esta industria pertenecen los guardias de seguridad privados que protegen a empresas, negocios, plazas comerciales, aeropuertos, sucursales bancarias y otros lugares de servicio público, así como el traslado de valores, el pago de nóminas, surtido de billetes para los bancos y otras instituciones y empresas, entre otros servicios como lo es la instalación y administración de servicios de alarmas, tanto de tipo empresarial como residencial.

Sin embargo, hay una gran indefinición jurídica que afecta esta actividad tan importante: es la falta de una “ley federal de seguridad privada” que cubra las necesidades de hoy, ya que la vigente está obsoleta y rebasada, además de la interferencia de las leyes locales, vigentes en las 32 entidades federativas.

El tamaño de este mercado es muy grande, pues lo conforman ocho mil compañías que operan a nivel nacional, generando 800 mil empleos directos de los cuales apenas poco más de 430 mil están dados de alta en el IMSS, -como derechohabientes-, mientras el resto, -casi el 50% del total-, operan en la informalidad. A su vez, de las ocho mil compañías sólo mil 200 están debidamente registradas ante las instituciones reguladoras del gobierno federal.

Este alto índice de informalidad, -en este sector de servicios de seguridad privada-, genera a su vez un riesgo de que muchas empresas, de las que no están debidamente registradas así como su personal-, carezcan de formalidad y sistematización en la contratación de personal, no pudiendo, -por tanto-, garantizar ni la confiabilidad que debe tener un vigilante que se integra a la infraestructura de una empresa, así como también que estos prestadores de servicios posean las competencias personales y profesionales necesarias para cumplir con su responsabilidad. Además, la capacitación para enfrentar las crisis naturales que surgen cuando se da un evento delictivo, y es necesario seguir protocolos operativos de experiencia garantizada.

La solución a todos estos riesgos presentes está muy próxima, pues en mayo del año 2021 la anterior legislatura del Congreso de la Unión aprobó y fue publicada la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Privada, de lo cual se estableció el compromiso legislativo de aprobar una ley general para regular esta actividad en congruencia con esta reforma constitucional ya aprobada, en un plazo no mayor a seis meses, fecha que caducó en noviembre del 2021, hace más de un año.

Por tanto, es urgente reactivar este compromiso legislativo para fortalecer y profesionalizar aún más a las empresas de seguridad privada que aún hoy permanecen en la informalidad.

Es urgente instrumentar ya la ley de seguridad privada que ponga orden y reglas claras de operación, para dar certeza a todo este sector, pues las regulaciones que hoy están vigentes generan conflictos entre las legislaciones estatales y las federales.

Según Armando Zúñiga Salinas, empresario de este ramo, “la Ley General de Seguridad Privada ayudará a distribuir competencias entre la federación, los estados y los municipios, mediante un permiso único, así como un registro personal”.

¿A usted qué le parece?