Análisis y Opinión
El silencio de los jueces
Para ser un buen juzgador se necesita vocación de servicio, aceptación de una vida decorosa y sencilla, y sobre todo, un abnegado silencio.
La justicia es quizás la mayor distinción entre el estado de naturaleza bárbaro y una sociedad humana. Impartir justicia, es la función más heroica y noble a la que un ser humano se puede dedicar. ¡Vaya peso que deciden llevar sobre sus hombros!
Esta entrega, sacrificio y compromiso institucional son encumbrados en el caso de la justicia federal.
La mayoría de sus integrantes se han formado en la carrera judicial, han crecido profesionalmente desde un escritorio de profesional operativo con el anhelo de un día ser juez, magistrado y ¿por qué no?, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La brillante trayectoria de la ahora ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, es el sueño de todo aquel que tiene aspiraciones dentro de la carrera judicial federal.
Y todos ellos tienen una misión común: PROTEGER NUESTROS DERECHOS HUMANOS. Mientras los servidores públicos electos democráticamente tienen afinidades y agendas políticas; los jueces federales protegen los derechos humanos de todos los que acuden en búsqueda de justicia; no tienen adjetivos ni divisiones para los gobernados; ante el juez imparcial, todos somos iguales.
Quien en su núcleo familiar tiene a un miembro del Poder Judicial, sabe de sus intensas cargas de trabajo, de sus presiones para sacar la cuenta, de las largas noches en el escritorio, de las vacaciones cortadas, de las guardias, de las quejas de 48 horas, de los fines de semana cortos y de su compromiso con la institución.
¿Todos son excepcionales? No. Pero a diferencia de lo que sucede en otras instituciones públicas, el Poder Judicial cuenta con el Consejo de la Judicatura Federal, que desde su creación ha investigado y sancionado a todo servidor público que no cumple con los altos estándares que la justicia federal demanda.
La administración del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea ha sido implacable con aquellas conductas que se desvían del ideal del juzgador federal.
Y a pesar de ello, los jueces federales constantemente se enfrentan a la ingratitud y a la agresión sin sentido.
Los jueces se sientan a dirimir una controversia que rara vez admite empate; en el mayor de los casos habrá un vencedor y un vencido. En el mayor de los casos habrá uno que salga satisfecho de la Corte y otro que saldrá diciendo que ha sido víctima de una injusticia, de un juez inepto, ciego y quizás hasta corrupto.
Pero el juez no responderá a esa agresión hacia su persona y hacia su dignidad. En estoico silencio, abrirá el siguiente expediente, tratando nuevamente de hacer respetar los derechos humanos de quienes acuden a ellos.
La agresión no acaba ahí. También habrá quien los señale por sus “altos salarios”, pensando solamente en un número frío que no refleja la responsabilidad que pesa sobre sus hombros ni las horas efectivas de trabajo que cumplen a la semana, las cuales fácilmente exceden las 8 horas diarias y abarcan los días de descanso. Pero ellos permanecen callados.
Habrá quien los critique por “liberar delincuentes”, sin entender que los jueces federales han jurado defender los derechos humanos de todos (por eso son humanos), preservando con ello el Estado de Derecho y sobre todo la justicia; pues no debemos olvidar que una justicia mal aplicada es injusticia.
Permitir la aplicación de una sanción a costa de derechos humanos del procesado no es justicia, es mera venganza institucionalizada. Pero los jueces permanecerán callados.
Habrá quien los quiera comprar, corromper o presionar, para salir victorioso en una controversia jurisdiccional; pero se encontrará con las palabras del ministro en retiro Sergio Salvador Aguirre Anguiano: “las personas que presionan en realidad no saben de lo que estamos hechos…
Por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político, estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas”. Y no se vanagloriarán de su rectitud; por el contrario, permanecerán callados.
Habrá quien los amenace por cumplir con su deber, incluso quien los agreda cobardemente, molesto porque perdió el juicio. Si acaso, los jueces solicitarán protección, pero no se esconderán ni renunciarán a su labor; arriesgarán hasta su propia vida con tal de seguir impartiendo justicia, porque ésa es su vocación. Eso sí, en una férrea disciplina institucional, permanecerán callados.
Desafortunadamente, un juez federal y su esposa fueron cobardemente asesinados frente a sus hijos el pasado martes 17 de Junio. Los jueces tímidamente reaccionaron. En realidad, permanecerán callados. Pero nosotros como sociedad no podemos permanecer callados.
Debemos exigir que ese acto de violencia sea castigado, porque no es un atentado contra una persona: es un atentado contra la impartición de justicia y contra la institución que día a día vela por la salvaguarda de los derechos humanos de todos los mexicanos. ¡Sí, de todos!
EN EL ÁGORA: Los titulares de distintos poderes y dependencias se han pronunciado condenando el acto cobarde desde sus respectivos cuarteles; pero ¿qué harán para proteger a todos los policías, ministerios públicos, jueces y demás actores del sistema de impartición de justicia que día a día están en la trinchera?