Opinión
Partidos ricos, electores pobres
*Por Agustín Guerrero
Con la reforma político electoral de 1996, inició la etapa actual del sistema de partidos en México. Los hechos más trascendentes consistieron en quitarle al gobierno la organización y calificación de las elecciones al crear el Instituto Federal Electoral y, la decisión de otorgar financiamiento público a los partidos políticos, que buscaba equilibrar la competencia electoral.
23 años con claroscuros. Lo que menos ha sido este proceso es lineal. Avances importantes y retrocesos viles, como los fraudes del 2006 y el 2012. Y en todo esto, un creciente traslado de recursos públicos a los partidos, que han hecho del sistema electoral mexicano, el más caro del mundo.
El cambio de régimen que impulsa la Cuarta Transformación de la República también habrá de dar paso a un nuevo modelo de sistema electoral. La última reforma, la del 2014 del pacto por México, fue un reparto en despoblado de las instituciones electorales por parte del PRIAN y, generaron un diseño de integración al poder, acorde con su visión bipartidista. Incluso elevaron a rango constitucional los “gobiernos de coalición”. Pensaron que vivían en el fin de la historia.
El nuevo régimen tiene otros principios, otros valores y otra visión. En lo inmediato se atiende lo urgente. Primero, se reformó la ley para que todas las prácticas que violentan la voluntad popular, sean consideradas delito grave. La entrega de dádivas que buscan coaccionar la voluntad del ciudadano, el uso y condicionamiento de programas y dinero público, el acarreo, son ahora delitos sin derecho a fianza.
El principio de la democracia es que el voto sea libre y secreto.
Lo segundo, disminuir sustancialmente el financiamiento público a los partidos políticos. Las razones que llevaron a que las prerrogativas de los partidos crecieran de manera grosera, hoy no existen. Las redes sociales han transformado la vida de la sociedad y la política no es la excepción.
La comunicación corre a la velocidad de la luz. Las redes ampliaron el mundo y al mismo tiempo lo hicieron mas pequeño, mas inmediato. El internet del siglo XXI es lo que el ferrocarril fue para la revolución industrial del siglo XVIII, nos diría Eric Hobsbawm. Las actividades y las campañas de los partidos y los candidatos como las conocimos, ya no existen.
Los motivos que justifican el financiamiento público siguen siendo válidos, no así la fórmula para establecer el monto de la “bolsa” de recursos que se distribuirá entre los partidos. Actualmente las prerrogativas se calculan al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el factor .65 del valor de la UMA.
La cuestión es, por qué se incluye en el cálculo el 100% de ciudadanos cuando no todos participan, cuando el abstencionismo es un componente recurrente en los procesos electorales. Lo razonable, es sólo considerar al porcentaje de ciudadanos que participan y con su voto deciden el resultado de las elecciones.
Del 2000 a la fecha, se han realizado 7 elecciones federales, 4 presidenciales y 3 intermedias. El promedio de participación en ellas es del 53%. Si el financiamiento público se calcula sobre los ciudadanos que participan y no sobre los que se inscriben en el padrón electoral, habría una reducción en automático del 47%. Es lo justo.
AGUSTIN GUERRERO CASTILLO
*Político