Opinión
Tiempo de definiciones
Durante los gobiernos neoliberales cada vez que se presentaba una crisis, la manera de enfrentarla era atendiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, contratando más créditos, rescatando a grandes empresas y bancos, convirtiendo deudas privadas de unos pocos en deuda pública; estableciendo privilegios fiscales, aumentando precios de combustibles y de los servicios públicos, disminuyendo salarios, despidiendo trabajadores, eliminando o reduciendo la seguridad social. Y todo ello, envuelto en la figura de un gran pacto o acuerdo nacional.
El PRIAN siempre utilizó a la oposición y en particular a la izquierda representada en el PRD para legitimar sus planes de rescate, bajo el discurso de que no había de otra, y era lo mejor que se podía hacer.
Así sucedió en 1994-1995 durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Conocida como el “error de diciembre”, el país vio como en cosa de nada, el peso se devaluaba en más de un 100 por ciento, las reservas internacionales se esfumaban, producto de que altos funcionarios de Hacienda informaron a empresarios de la inminente devaluación, así que en cuestión de horas saquearon al erario, los bancos y empresas quebraron y se despidieron a cientos de miles de trabajadores.
La salida de la crisis llevó años y se recargó en las espaldas de los más pobres, bajo el eufemístico nombre de “Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica”. Fue muy simple, el gobierno de Bill Clinton prestó al gobierno de México 20 mil millones de dólares para garantizar que los acreedores (empresarios mexicanos) pudieran cubrir sus compromisos financieros. Esa deuda, evidentemente privada, se cargo a la deuda pública para pagarla entre todos.
Se trató del mismo esquema que nos aplicaron unos pocos años después, con el FOBAPROA, denunciado como el robo del siglo. En 1998 el PRIAN aprobó convertir la deuda de un puñado de banqueros en deuda pública. Llevamos 22 años pagando y se estima que por los intereses crecientes se terminará de pagar en el año 2070.
Con Felipe Calderón se tuvo otra crisis en 2008-2009. El costo de esa recesión fue nuevamente una devaluación del peso en 50 por ciento, el saqueo de 20 mil millones de dólares de las reservas internacionales por parte de “empresarios avispados”, el quiebre de cientos de empresas y el despido de más de 700 mil trabajadores. Se aumentó el IVA del 15 al 16 por ciento, y se crearon 2 nuevos impuestos, el IETU y el IDE. El Banco Mundial acudió presto al auxilio y otorgó un crédito por 205 millones de dólares al gobierno mexicano.
En enero de 2009, Calderón anunció el «Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor», con el objetivo de atenuar las consecuencias de las crisis en las empresas y en los ciudadanos. Nuevamente el costo de la crisis se recargó en la espalda de los trabajadores y el resultado fue una creciente desigualdad social y el compromiso de pagar entre todos, la deuda que solo benefició a unos cuantos.
Afirmaban:
- El Pacto por México es un acuerdo
político, económico y social para impulsar el crecimiento, construir una
sociedad de derechos, eliminar prácticas clientelares y disminuir la
pobreza y la desigualdad social.
- El Pacto por México tiene tres ejes:
Fortalecimiento del Estado mexicano, democratización de la economía y la
política, y participación ciudadana en el proceso de las políticas
públicas.
- El Pacto contiene cinco acuerdos: Sociedad de Derechos y Libertades; Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; Seguridad y Justicia; Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y Gobernabilidad Democrática.
Mentira. Todos sabemos en lo que terminó. Una historia de saqueo, corrupción e impunidad. En todos estos casos siempre fue el mismo esquema. El eje de los acuerdos era el presidente de la república, se ponían de acuerdo los “líderes” de los partidos PRI, PAN y PRD, los empresarios consentidos a través de las cámaras, una buena batería de “jilgueros” en los medios y mucho dinero para aceitar la maquinaria.
Así se hicieron de plataformas petroleras, minas, playas, luego de realizar el saqueo como servidores públicos, terminaron en los consejos de administración de las grandes empresas que beneficiaron. Realizando no solo un acto de corrupción sino de falta de ética total. Eso es lo que la Cuarta Transformación decidió terminar.
La emergencia sanitaria del COVID viene acompañada de una severa crisis económica. La paralización de todas las actividades por tiempo prolongado ha repercutido en el empleo y en los ingresos de la mayoría de la población. El gobierno de la república ha marcado con puntualidad las directrices a seguir en los dos temas; salud y economía.
En materia de salud, se decidió que fueran los especialistas los encargados de trazar la estrategia a seguir. El 31 de marzo sesionó el Consejo de Salubridad General, ahí se presentó el “Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el Covid-19” al que se sumaron los 30 gobernadores, la gobernadora, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Ha sido esta instancia la que ha marcado la pauta en el manejo de la pandemia y hasta ahora el objetivo principal de salvar vidas y evitar el colapso del sistema de salud va resultando.
En lo económico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de abril el Plan para la Recuperación Económica, donde por primera vez, no serán los marginados de siempre, quienes carguen con los costos de la crisis. No serán ellos los que tengan que apretarse el cinturón, como se hacía con los neoliberales.
En palabras del Presidente, “el plan de recuperación económica no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista. Ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contracíclicas que solo profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos. La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria, repito, es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social; empleo pleno, y honestidad y austeridad republicana.
Para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos. También nos apoyaremos en la banca de desarrollo, pero, sobre todo, se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará, incluso con mayor rigor, el Plan de Austeridad Republicana”.
En este tiempo, diversas representaciones económicas y políticas han propuesto la construcción de un gran Acuerdo Nacional para superar la crisis, al viejo estilo como se hacía antes y prácticamente con las mismas recetas.
Por ejemplo, el 2 de mayo, los partidos PAN, PRI y PRD, le pidieron al Presidente “retirar su Plan por considerarlo insuficiente y dar paso a un Acuerdo Nacional para superar la crisis de salud y económica por la que atraviesa México”. Hasta ahora el Presidente no ha hecho ningún comentario a esta propuesta.
El 6 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial, a través de su presidente Carlos Salazar Lomelí, presentó 68 recomendaciones con las cuales buscan lograr un Acuerdo Nacional para combatir la crisis generada por el coronavirus en México. Las recomendaciones, según el sector empresarial, incluyen acciones inmediatas para solventar la crisis, reabrir la economía y detonar el crecimiento en el mediano y largo plazo. El presidente las turnó a la secretaria de Economía para su conocimiento.
El 4 de abril, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar propuso firmar un acuerdo por la Unidad y Solidaridad Nacional para hacer frente al COVID-19 que contemple el endeudamiento gubernamental y el diferimiento del pago de cuotas obrero-patronales. Ambas medidas han sido rechazadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es claro que el Presidente tiene definido el proyecto a seguir. Sin él, ningún “acuerdo nacional” tiene sentido. Incluso ha reforzado su postura al plantear públicamente que vivimos tiempos de definiciones. O se está con lo que representa la Cuarta Transformación o no se está.
Su postura se resume en una frase, “Ahora ya no es la misma receta; ahora, primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo, y nunca jamás los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad. Somos optimistas”.
AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO
*Político
[La opinión es expresamente del autor y no necesariamente la de Siete24.mx]