Acusación vs Duarte carece de sustento: Abogado

Guatemala.— La defensa del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, dijo que la acusación en contra del político carece de sustento jurídico pero que él decidió aceptar las dos órdenes de extradición para demostrar su inocencia en su país.

El abogado Carlos Velásquez señaló a los medios de comunicación, al concluir la vista en la que Duarte aceptó su extradición a México por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se trata de una solicitud “muy infundada” y que tiene carácter político por sus “adversarios”.

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En un comunicado entregado a los periodistas posteriormente y firmado por la defensa legal del político, se reitera que no existe “un análisis jurídico serio”, que no se prueba la participación de Duarte en la supuesta organización criminal y que, por ende, se ha aceptado la extradición, para demostrarlo.

“Estamos frente a una orden de aprehensión que adolece de serios vicios (…). El presente asunto pone a prueba el Estado de Derecho. Ni la política, ni acaso intereses de índole alguno pueden pasar por encima de la Constitución, Leyes y Jurisprudencia. Estamos listos”, concluye el comunicado.

El abogado vaticinó que dentro de 15 a 18 días hábiles habrán concluido los trámites administrativos para la extradición de Duarte y que será a partir de entonces cuando la embajada mexicana deba hacer las coordinaciones necesarias para su traslado.

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El político supuestamente recibía ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, donde ingresó ilegalmente por vía terrestre, supuestamente el noviembre pasado.

Duarte está acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos en su país.

Entre 2012 y 2015, desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de México, que se basan en esa documentación y en varias declaraciones de testigos.

AGP