CIDH destaca avances en materia de tortura en México

Washington.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó los “avances importantes” referentes a la tortura en México con la entrada en vigor de una nueva legislación sobre la materia cuyo cumplimiento pide a las autoridades estatales.

La CIDH se refiere a la Ley general para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que entró en vigor el 26 de junio y, dice, materializa los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para eliminar esta práctica violatoria de los derechos humanos.

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“Se trata de un avance sumamente significativo”, dijo la relatora de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en un comunicado emitido por este organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hay que recordar que a partir de 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura fue considerada como ilegal.

Empero, en México no se han asumido los compromisos internacionales hechos ante la ONU. Ejemplo de ello es que aunque el 27 de octubre de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un acuerdo de la Federación a través del cual se crearía la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en el territorio nacional sigue existiendo este delito que se conoce por ser un secreto a voces.

Organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional se han pronunciado ante la impunidad del delito, invitando a las instituciones mexicanas a visibilizar esta atrocidad.

En su comunicado, la CIDH también hizo un llamado a las autoridades estatales mexicanas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la “efectiva implementación de esta ley”.

En su último informe, en marzo del pasado año, la CIDH expresó su “profunda preocupación respecto a la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en particular su uso frecuente sobre personas detenidas, antes que sean puestas a disposición de un juez”, recordó el organismo.

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Entonces, como antes había hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH recomendó al Estado mexicano la adopción de una Ley General de Tortura.

“La ley establece la absoluta prohibición de la tortura, así como la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante torturas, sin excepciones. Esto da cumplimiento a las recomendaciones” incluidas en ese informe, agregó Arosemena de Troitiño.

Esta ley contra la tortura “tiene el potencial de marcar un antes y un después” en cuanto al respeto de los derechos humanos de los detenidos, dijo la Comisión, que instó al Estado mexicano a “invertir los recursos financieros necesarios para su aplicación” en todo el país.

En México fue aprobada por unanimidad del senado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Esto resulta preocupante dado que en 2016 el número de quejas se quintuplicó en comparación con 2015. En 2015 hubo 43 quejas de este tipo, mientras que en 2016 la cifra aumentó a 209. Además, en lo que va de 2017, ya se han registrado 18 más, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

AGP