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Piden diputados de Guanajuato a Ministros que respeten soberanía legislativa

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Guanajuato.— El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Guanajuato externó su preocupación por las recientes resoluciones que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a Coahuila y Sinaloa en torno al aborto.

Los panistas refirieron que los proyectos de sentencia de las Acciones de Inconstitucionalidad de Coahuila y Sinaloa, a cargo de los ministros Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dejan un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en el país.

Además, consideran que en ambas acciones de inconstitucionalidad, los ministros sobrepasaron su mandato.

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“De aprobarse estas resoluciones se pone en juego la libertad configurativa de las entidades federativas para que, sin transgredir el orden constitucional, resuelvan con libertad en las materias que les competen, por lo que, el legislador local tiene la facultad para emitir leyes que incidan en los derechos fundamentales de los gobernados, así como establecer penas para salvaguardar bienes que la sociedad considera valiosos”, subrayaron.

Por ello su preocupación a los proyectos de sentencia, cuya aprobación representa, desde su punto de vista, una transgresión al sistema del margen de interpretación de los derechos humanos y al sistema de gobierno republicano; más aún que en la propia Constitución estatal de Guanajuato han decidido reconocer el derecho a la vida desde la concepción.

ARGUMENTOS

En ese sentido, manifestaron que ciertamente es competencia del Poder Judicial determinar si las normas emitidas por el Poder Legislativo, local o federal se encuentran apegadas a la Constitución Federal y a los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano; y competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenar a una legislatura la modificación de leyes que no sean conforme a los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos.

Sin embargo, los ministros sobrepasaron su mandato, toda vez que dan prioridad a las observaciones realizadas por los comités o mecanismos de seguimiento de los Tratados Internacionales, por sobre la letra del tratado.

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Los panistas argumentaron que esos mecanismos no pueden ni deben interpretar los tratados, sino que se encuentran facultados únicamente para hacer observaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la firma del tratado; y, “en consecuencia, pueden hacer recomendaciones para el buen cumplimiento de dicho tratado, pero sin crear o ampliar obligaciones para el Estado Parte”.

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Al respecto, destacó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que señala como obligación de los Estados el eliminar los obstáculos que impidan abortar a las mujeres, aunque la Convención protege la vida del concebido aun no nacido y la maternidad,

Asimismo, recordaron que tanto la Constitución Política como los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, protegen el derecho a la vida.

PUNTO DE ACUERDO

Ante ello, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en Guanajuato formularon un punto de acuerdo para, por un lado, exhortar para que se consideren sus argumentos a Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Ministros de la Corte; a efecto de que las resoluciones de las acciones de inconstitucionalidad de Coahuila y Sinaloa, sean emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como superlativo y de familia en un tema de trascendencia social.

Y por el otro, hacen un llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión y sus equivalentes de las entidades federativas; se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución Política.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

ebv

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