Exigimos proteger a madres buscadoras y prevenir desapariciones: Amnistía Internacional

Ciudad de México.- Amnistía Internacional exigió al Estado mexicano atención a las demandas de las madres buscadoras y la aplicación de políticas públicas para prevenir la desaparición de personas.

De acuerdo con el organismo desde 1964 hasta finales de 2022 sumaban 109 mil personas desaparecidas y no localizadas.

Señaló que este día es para recordar a las madres que han sido asesinadas en las búsquedas, como Teresa Magueyal en Guanajuato, Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Blanca Esmeralda Gallardo, asesinadas en octubre de 2022 en los estados de Sinaloa y Puebla, respectivamente.

Sin dejar de mencionar a María del Carmen Vázquez asesinada en noviembre del mismo año, en el estado de Guanajuato.

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“Es inverosímil lo que ocurre en México. Dada la inacción, omisión, incapacidad y falta de recursos del Estado, las madres se han dado a la tarea de buscar a sus familiares desaparecidos”, expresó Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Añadió que el Estado las maltrata y estigmatiza y peor aún es incapaz de cumplir con su obligación de garantizar su vida, integridad y seguridad, así como la de todas las personas que vivimos y transitamos por el país.

Por ello se hace un enérgico llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las madres buscadoras, investigue con la debida diligencia los asesinatos registrados y atienda las demandas del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos México.

La activista detalló que la desaparición de personas está ligada a casos de violencia sexual, reclutamiento por grupos criminales, secuestros, trata de personas, entre otros delitos.

Además, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), informó en noviembre de 2021, que la desaparición forzada registró un crecimiento exponencial entre 2006 y 2021.

“Fue en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando inició el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, política que continuó el gobierno de Enrique Peña Nieto y persiste en el actual gobierno”, explicó.

ARH