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Luz verde a la Ley de la Fiscalía General de la República

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Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó con 70 votos a favor, 47 en contra y cero abstenciones, la creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que reglamentará el funcionamiento de la Fiscalía a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.

La aprobación de esta legislación se dio en medio de señalamientos por parte de senadores de oposición, en el sentido de que este nuevo ordenamiento, que pretende responder a la falta de justicia, no logrará su cometido si no se le dota de una verdadera autonomía e independencia, lo cual, consideraron, no se logró en esta ocasión.

Para conseguir esa meta, subrayó el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, es necesario reformar el artículo 102 constitucional; porque si no tenemos una Fiscalía federal autónoma e independiente, sin la intervención del Presidente, este modelo se va a reproducir en los estados, apuntó.

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La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en Materia de Derechos Humanos; en Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción; y de Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General.

El nombramiento del Fiscal General se sujetará a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución, es decir: a partir de la ausencia definitiva del fiscal General, el Senado de la República contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al Ejecutivo Federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija al fiscal General.

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Si el Ejecutivo no recibiera la lista en el plazo citado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General, quien ejercería sus funciones hasta que haya una designación definitiva. El encargado de la Fiscalía podrá formar parte de la terna.

La Ley Orgánica establece que el titular de la Fiscalía sólo podrá ser removido por el Presidente de la República por incumplir de manera reiterada los fines institucionales; por participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución.

También crea una Coordinación General de la Fiscalía General, y faculta al coordinador General para suplir al Fiscal General en sus ausencias; representará legalmente a la Fiscalía en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra. 

Asimismo, se encargará de coordinar y colaborar con entidades gubernamentales nacionales e internacionales para la implementación de esquemas de seguridad de víctimas, testigos y demás sujetos procesales.

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La Fiscalía General contará con un Órgano Interno de Control que deberá prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas de sus servidores públicos.

El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado para un periodo inmediato posterior.

La Ley Orgánica crea un Consejo Ciudadano, como órgano especializado de consulta y de carácter honorífico, que emitirá recomendaciones sobre el desempeño de la Fiscalía. Estará integrado por cinco ciudadanos que desempeñarán el cargo por cinco años improrrogables.

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El ingreso, reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas del personal de la Fiscalía General de la República será regulado por el Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera; el cual pretende prevenir violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.

Dentro de su estructura, la Fiscalía tendrá tres coordinaciones: una de Investigación y Persecución Penal; otra de Métodos de Investigación; y una de Planeación y Administración.

El senador Ramón Menchaca presentó el dictamen a nombre de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos. Dijo que la ley, que consta de 64 artículos y 20 transitorios, y aunque genera inquietud y polémica, con ella se dispondrá de un instrumento del Estado para combatir la corrupción y la impunidad.

Dijo que hará eficientes los esfuerzos realizados para transformar el sistema de justicia, particularmente al sistema penal. Resaltó la creación de un órgano de asuntos internos, porque actualmente la justicia está envuelta en controversias de corrupción y es señalada como ineficiente.

JFM

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