México justifica investigación de Caso Iguala

Ciudad de México.— La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en esa sede, un documento con las observaciones del Gobierno de la República sobre el contenido del Informe titulado “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018.

En dicho documento se señala que la referida publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del Acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.

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En la respuesta del Gobierno de México se ofrece información sobre algunos de los temas contenidos en el referido Informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala.

El documento de observaciones del Gobierno fue igualmente entregado al mecanismo de seguimiento del caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168º período de sesiones, que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Como se destaca en el documento de observaciones, después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos. Asimismo, el documento destaca las acciones llevadas a cabo por la Visitaduría General de la PGR para investigar y fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica.

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Por último, en el documento de observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas. Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura[1], la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura.

El Gobierno de la República reitera su determinación de agotar todas las líneas de investigación en el caso Iguala y de continuar trabajando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, en interés de arribar a conclusiones en el caso en el presente año, que atiendan la legítima demanda de los familiares y de la sociedad mexicana en su conjunto.

ebv