México
Reforma Judicial es intempestiva y riesgosa para los derechos sociales: Serrano Migallón
Ciudad de México.— Fernando Serrano Migallón, académico exabogado de la UNAM y exdirector de su Facultad de Derecho, expresó su inquietud sobre la rapidez con la que se quiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y criticó la falta de una reflexión profunda por parte de la sociedad frente a la iniciativa.
“Es un cambio administrativo que, de llevarse a cabo, implicaría la dificultad de dar marcha atrás. Parece que tenemos prisa para realizarlo… nos ponen límite en septiembre”, comentó Serrano Migallón en el marco del programa número 100 de Los criterios del Poder Judicial organizado por la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos AC.
En el evento, magistrados y expertos en materia judicial se reunieron para discutir la reforma al Poder Judicial y su impacto en la administración de justicia en México.
En el programa, conducido por la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva participaron los magistrados Juan Carlos Cruz Razo y Rogelio Alanís García quienes se unieron al doctor Fernando Serrano Migallón para analizar las implicaciones de la reforma que busca modificar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial.
RIESGOS DE ALTERAR EQUILIBRIO
Serrano Migallón subrayó que la reforma necesita ser analizada no sólo desde un punto de vista jurídico, sino por toda la población. Pero además, alertó sobre los riesgos de alterar el equilibrio entre los poderes del Estado.
“Lo que espero es que no pase [la reforma]… porque si pasa va a afectar todos los derechos de los mexicanos”, declaró.
Asimismo, añadió que el Poder Judicial no es un poder político, sino un poder técnico cuya función es aplicar la ley de manera justa pues “para hacer un acto justo o sentencia justa hay que estudiar derecho (… ) una cosa es la opinión y otra aplicar las sanciones del derecho”, enfatizó.
SE DESTRUYE LA CARERA JUDICIAL
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Cruz Razo expresó que la reforma pondría en riesgo el mecanismo de formación escalonada de los servidores públicos del poder judicial tal como se ha desarrollado desde la reforma de 1995. “Con esta reforma se destruye y se termina la carrera judicial”.
Ruiz Lazo destacó que la reforma afectaría negativamente a la formación y la ética de los jueces: “La reforma no observa la condición humanista de los jueces (…) no se aprende a ser jueces de la noche a la mañana”, afirmó.
Ruiz Razo también mencionó que la reforma cambiaría la estructura del sistema judicial, separando la justicia administrativa de la justicia federal y afectando la capacidad de los jueces para actuar de manera justa: “Los jueces no somos demócratas, a nosotros nos toca aplicar la ley”, sentenció y destacó que la justicia debe ser impartida de manera imparcial y basada en la ley.
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GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA
Mientras, Rogelio Alanís defendió el sistema de formación y concurso en la carrera judicial pues aseguró que “lo único que nos distingue al Poder Judicial de otros servicios públicos es la carrera judicial, su formación y su tradición”.
Compartió que dicha carrera auxilia a los abogados servidores públicos a “aprender la labor haciéndola (… ) se aprende en el taller que nosotros llamamos tribunal: Cómo se lee una demanda, cómo se debe leer un conflicto, etcétera”.
Alanís utilizó un símil con el sistema de formación de los trabajadores de la construcción y comparó los efectos de la reforma al Poder Judicial con la posibilidad de que, sin un adecuado proceso formativo, los albañiles terminan realizando tareas que competen al maestro de obra sin tener los conocimientos o experiencia: “[La carrera judicial] es un activo del Estado que quieren tirar a la basura (…) Somos los guardianes de la democracia, pues en el espacio político se juega con pasiones; pero, nosotros solo aplicamos las reglas”.
Rogelio Alanís concluyó que sin esa capacidad de trabajo desapasionada del ámbito político no podrían resolverse el millón y medio de asuntos que atiende al año el Poder Judicial.
REFLEXIÓN PROFUNDA
Los participantes en el programa coincidieron en la necesidad de una reflexión profunda sobre la reforma propuesta y su impacto en el sistema de justicia en México.
La preocupación principal es que una implementación apresurada y sin un análisis adecuado podría llevar a un retroceso en la administración de justicia y afectar negativamente a la sociedad.
Finalmente, los expertos insisten en la importancia de considerar todas las implicaciones antes de llevar a cabo cambios que podrían afectar el equilibrio de poderes y los derechos de los ciudadanos.
Cabe destacar que en el Congreso de la Unión se realizó el primer encuentro de los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial donde participaron legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ebv