Destapan caso de corrupción del exgobernador de Colima

Colima.— El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) de Colima reportó que la pasada administración estatal, que encabezó Mario Anguiano Moreno, desvío por más de 2 mil 119 millones de pesos.

La auditoría excepcional de los años 2013, 2014 y 2015, integrada en 155 fojas, tuvo el objetivo de exponer el desvío de recursos para fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos y la simulación de reintegros a fondos federales.

El informe, que fue entregado a la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, reportó que el desvío más grande fue detectado en el rubro de servicios personales, donde fueron encontrados mil 867 millones de pesos, que originalmente fueron presupuestados para obra pública.

La auditoría también refleja que se registró una simulación de reintegros de fondos federales por el uso irregular de recursos durante los tres años auditados, esto por 242 millones 839 mil pesos.

El documento, de 155 páginas más anexos, establece que con las pruebas obtenidas el Osafig acredita que en el ejercicio fiscal 2013 el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima gastó 920.2 millones de pesos por pago de nómina por encima del presupuesto modificado, además de que “ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de conceptos de gasto de servicios personales al capítulo de inversión pública, por el importe de 669 millones 256 mil 211 pesos y 138 millones 116 mil 796 pesos”.

Las cifras anteriores fueron reclasificadas a Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, de los cuales se acreditó que 82 millones 060 mil 666 pesos corresponde a nómina.

Por lo tanto, “aunado a la falsedad de la información contable en servicios personales se acreditó que la reclasificación de los importes a Inversión Pública; Edificaciones Habitacionales en Bienes de Dominio Público y Construcción de Vías de Comunicación Estatal en Proceso, obras que no fueron reales y que por consecuencia nunca se ejecutaron, con lo que se pretendió disminuir el gasto en el rubro de Servicios Personales e incrementarlo en el rubro destinado a obra pública”.

Respecto del ejercicio fiscal 2014, el Osafig reportó haber acreditado que en servicios personales el Poder Ejecutivo gastó 947.4 millones de pesos en el pago de nómina por encima del presupuesto modificado para dicho ejercicio y también “ocultó y falseó información contable, al realizar reclasificaciones de conceptos de gasto de servicios personales a la cuenta de pasivo 2191100001 Ingresos por clasificar, por un monto de 451 millones 923 mil 550 pesos, movimiento contable indebido, en virtud de la naturaleza del gasto efectuado por pago de nómina que es ajeno a la cuenta de pasivo, lo cual sumado al sobre ejercicio registrado en Cuenta Pública por 495 millones 493 mil 807 pesos resulta en un sobregiro total de 947 millones 417 mil 357 pesos”.

Con lo anterior, sostiene el organismo fiscalizador, se acreditó plenamente que el Poder Ejecutivo en los ejercicios fiscales 2013 y 2014 generó un déficit de mil 867 millones 696 mil 154 pesos, únicamente en la partida de servicios personales, falseando información contable respecto al origen, registro y veracidad de los movimientos contables.

Aunado a ello, se detectaron gastos en alcohol, viajes y comidas no autorizadas por un monto de 6 millones 578 mil pesos por parte del despacho del gobernador.

Sobre el tema de Seguridad Pública, se observó que se gastaron 2 millones 632 mil pesos en cursos de capacitación que nunca fueron realizados.

El órgano fiscalizador propone inhabilitar para ocupar cargos públicos al exmandatario colimense hasta con 14 años, así como una sanción por 65 millones de pesos.

Ante estos hallazgos, el Osafig consideró necesario determinar la presunta responsabilidad administrativa sancionatoria y proponer la imposición de sanciones administrativas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio del cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, independientemente si causaron daños o perjuicios a la hacienda pública.

Para el exgobernador Mario Anguiano propuso una inhabilitación por 9 años para desempeñar puestos públicos “por distraer los caudales públicos a su objeto público destinado y realizar gastos no previstos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del Estado”.

En tanto, para los exsecretarios de Finanzas y Administración que fungieron en ese periodo, Jesús Orozco Alfaro, Clemente Mendoza Martínez y Blanca Isabel Ávalos Fernández, la sugerencia de sanción fue de tres años de inhabilitación para ocupar puestos públicos, por la omisión de sus facultades de vigilancia y control de actividades de sus atribuciones correspondientes a su cargo, además de no autorizar las modificaciones presupuestales que requieran las dependencias y entidades de la administración pública.

Seis funcionarios medios de la Secretaría de Finanzas y Administración también fueron responsabilizados de las anomalías y se recomendó inhabilitación por un año.

Al respecto, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez sostuvo que hará todo lo que compete a sus facultades para evitar que existan actos de corrupción, y advirtió que los exfuncionarios que hicieron un uso inadecuado de los recursos públicos pagaran las consecuencias que la ley establece.

ebv