Hasta 15 años de prisión a funcionarios corruptos

Ciudad de México.— México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad entre funcionarios y servidores públicos, que mide el Índice Global de Impunidad (IGI), por  ello, senadores piden ampliar las sanciones de prisión para funcionarios que cometan algún delito.

De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad en México, la corrupción es uno de los culpables de la caída de la productividad y la competitividad, de la desigualdad persistente e, incluso, de la seguridad regional.

El Índice de Competitividad 2015, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que el costo de la corrupción para la economía nacional representa hasta un 5% del PIB.

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En este contexto y con el fin de imponer penas más severas a funcionarios públicos que roben el dinero de los ciudadanos e impedir que eludan la acción de la justicia, el grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó dos iniciativas para hacer posible la prisión preventiva en casos de enriquecimiento ilícito.

Al presentar la iniciativa el senador Juan Fernández Sánchez-Navarro, dijo que no podemos quedarnos cruzados de brazos ante los múltiples casos de corrupción en el país.

“No podemos permitir que delincuentes de cuello blanco sigan saqueando al pueblo y queden libres, con solo pagar una fianza; por eso, presento esta reforma para que el enriquecimiento ilícito sea castigado con todo el peso de la ley y ningún corrupto se escape por fallas en la misma”, señaló el senador por Baja California Sur.

Fernández Sánchez Navarro indicó que actualmente para sancionar este delito se establece un monto de 5 mil veces el salario mínimo; es decir, 377 mil 450 pesos. Si el enriquecimiento ilícito no excede dicho monto, la sanción es de tres meses a dos años de prisión y de treinta a 100 días de multa. Si es mayor, la sanción es de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa.

La propuesta del Senador de Acción Nacional es elevar la pena de 2 a 5 años de prisión y de 100 a 150 días multa, cuando no se exceda el monto establecido y cuando sí ocurra, la pena será de 5 a 15 años de prisión y de 150 a 600 días multa.

La iniciativa establece que el enriquecimiento ilícito debe ser incluido en el listado de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentran el homicidio doloso, el genocidio, la violación y el tráfico de menores, entre otros, enlistados en el artículo 19 de la Constitución.

ebv