CCE desconocerá resultado de encuesta del aeropuerto

Ciudad de México.— El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ratificó su posición de que una decisión eminentemente técnica, como es la ubicación de un Aeropuerto, no debe ser sometida a consulta ciudadana.

Consideró que la participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción.

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México es una democracia representativa (artículos 39 al 41 de la Constitución), por ende la responsabilidad jurídica y política de las decisiones gubernamentales es del gobierno.

El ejercicio propuesto por el equipo de transición para consultar a los ciudadanos acerca de la ubicación y construcción del Aeropuerto Internacional de México, además de ser inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones, no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal.

No se circunscribe a las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en la Ley Federal de consulta Popular. En los términos en que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante.

De acuerdo con el CCE Tal y como está planteada la consulta, además, no ofrece garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad. Adicionalmente, tiene un marcado sesgo en su formulación y planteamiento de desarrollo hacia una de las opciones puestas a consideración, lo que la deslegitima como instrumento neutral de consulta efectiva a la ciudadanía.

A muy pocos días de la consulta, los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas. No se ha explicado a profundidad, por ejemplo, el criterio para la selección de los municipios, ni la ubicación de las mesas en cada uno de ellos, y cómo esto generaría una muestra balanceada.

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Tampoco se han explicado, en caso de existir, qué medidas de seguridad se tomarán para evitar el acarreo, compra de votos, duplicidad en los votantes, así como asegurar la transparencia e imparcialidad en el cómputo de los votos. Adicionalmente, no se ha establecido un umbral mínimo de votos para que la consulta resulte válida.

Se desconoce si existirá o no, simultáneamente, una encuesta, cómo y quién la llevaría a cabo, y qué ponderación se daría a sus resultados, en comparación con los resultados de la consulta física.
Finalmente, los actores a cargo de la consulta, y los mismos materiales informativos desarrollados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia una de las opciones.

La información presentada sobre el proyecto de Texcoco es -cuando menos- parcial e incompleta, no toma en cuenta los pronunciamientos y argumentos de organismos importantes como los Colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas.

Adicionalmente, se ha señalado que varios de los miembros del Comité Técnico a cargo de la consulta han expresado públicamente su opinión a favor de la opción de Santa Lucía, dañando gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio.

Todo lo anterior, dijo, se contradice con la promesa de neutralidad hecha por el equipo de transición que ha llevado adelante el tema y con los principios básicos de cualquier ejercicio democrático de consulta, tal y como se llevan a cabo en el resto del mundo.

Por lo antes expresado, el CCE consideró que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo. Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado. Los instrumentos de participación ciudadana tienen ya una regulación legal y se han desarrollado de forma tal que brinden certeza, equilibrio y equidad para quienes sostienen distintas posiciones, además de establecer con claridad cuáles son las materias que pueden ser sometidas a consulta. Independientemente de sus resultados, estos ejercicios por fuera de la legislación no abonan a la certidumbre jurídica indispensable para fomentar el desarrollo en nuestro país.

Reafirmó su posición en contra de que los resultados de la consulta sean la base para la toma de decisiones en un tema de gran complejidad técnica y cuyas consecuencias podrían generar altos costos para el patrimonio nacional, tanto en términos monetarios como de oportunidades de desarrollo desperdiciadas.

Adicionalmente, los empresarios agrupados en el CCE reiteraron su posición de que debe continuarse la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, dado que se ha demostrado por innumerables estudios técnicos durante más de 20 años, que resulta la opción más viable para resolver el problema de saturación del actual Aeropuerto.

La demanda futura y actual de pasajeros y carga, y la imposibilidad de utilizar Santa Lucía a capacidades más amplias, lleva a esta clara conclusión. La obra en Texcoco, responderá a las necesidades de México en materia aeroportuaria durante los próximos 40 o 50 años; Santa Lucía quedará sobrepasado en pocos años. La alternativa es clara: destinar menos recursos ahora, para tener que gastar nuevamente muy pronto; o hacer una inversión de largo plazo para nuestro desarrollo.

El NAIM es, sin duda, una obra indispensable para detonar la competitividad de México, pero también tiene el potencial de convertirse en un proyecto con alto valor social para el área. Si se crea una “Zona Económica Especial de Alto Impacto Social”, como ha propuesto el CCE, también se podrá impulsar el desarrollo social y la generación de empleos bien remunerados en los municipios aledaños al proyecto a través de inversiones en salud, educación, seguridad e infraestructura. Esto implicaría nuevas oportunidades para la población de la zona, cuyas condiciones actuales son de altos niveles de pobreza y marginación.

La confianza en las instituciones mexicanas y la certidumbre para la inversión son fundamentales para impulsar proyectos transexenales y de largo plazo.

“La cancelación del NAIM tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional. Podría incluso significar un alto costo para la economía mexicana, que ya enfrenta señales negativas de algunas calificadoras ante pronósticos alarmantes en algunas áreas. Una eventual cancelación, además, que sea fruto de una consulta que no cumple con requisitos legales mínimos, brinda una clara señal de desconfianza”, finalizó.

ebv