Opinión
¿Cede Iglesia visión de DDHH a Sistema Interamericano?
Un replanteamiento profundo de principios se asoma entre las líneas del magisterio de la Iglesia católica latinoamericana para las próximas décadas. Si bien la larga construcción del magisterio de la catolicidad resguarda un abundante y no siempre brillante camino hacia la comprensión del reconocimiento de la dignidad humana y sus derechos fundamentales, los principios irrestrictos del valor de la vida humana nunca dependieron de las certezas o instituciones humanas sino del vínculo inquebrantable con el Creador.
Para los católicos, la conciencia del don de la vida humana (y con ella su dignidad y la protección de sus derechos fundamentales) proviene de la relación sagrada con Dios. Los derechos humanos, inscritos en el corazón de los seres humanos, no dependen de agendas ni ideologías. Nunca dependieron, pero quizá eso cambie pronto.
Por lo menos en las últimas dos ediciones de la ‘Guía de la Pastoral de Derechos Humanos’ elaborados por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), a través de su Equipo Latinoamericano de la Pastoral de los Derechos Humanos, la Iglesia propone “un camino” que requiere que la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sea vinculante para los Estados, a fin que sus resoluciones sean aplicadas en forma expedita para la efectiva salvaguardia de los derechos de las personas afectadas por su violación”.
La Iglesia católica latinoamericana en su guía pastoral “Defiende el derecho, ama la justicia y camina humildemente con tu Dios” de 2011 (bajo la presidencia del arzobispo mexicano, Carlos Aguiar) y en su actualización “Iglesia en salida que ama, custodia y defiende la vida” publicada en 2018 (bajo la presidencia del cardenal colombiano, Rubén Salazar) deja en manos de los cambios culturales el devenir de los derechos humanos. Lejos de su naturaleza, los derechos humanos pueden ser creados, transformados o derogados según el contexto cultural lo vaya definiendo. Al menos eso recomiendan los numerales de ambos documentos, 74 y 171, respectivamente.
Esta convicción, que se replica y hace formativa para todos los católicos del continente, puede significar varios reveses a los principios y valores cristianos en materia de derechos humanos. Es sabido que muchas de las labores y resoluciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos responden al cabildeo y presiones de diferentes intereses, al lobbying de ONG’s y coacciones de las naciones o grupos de poder.
Y, sin duda, en el seno de la Iglesia católica continúa haciendo mucha falta la autocrítica para reconocer las inmensas y persistentes fallas institucionales o tradicionales ante las contradicciones de la promoción de la plena dignidad humana con el incumplimiento básico de garantías de las personas. Las no siempre agradables pero certeras críticas que recibe la Iglesia por casos terribles contra los derechos o la dignidad de las personas son fallas humanas, producto de la ignorancia y los contextos, pero no podemos decir que sean una opción de la institución cristiana.
En el ideal, el Sistema Interamericano debe funcionar como un límite y una barrera de contención ante la arbitrariedad estatal, ante los abusos de los gobiernos; pero ¿y si es justo el Sistema Interamericano el que promueve lecturas de cambios ideológicos que afecten los principios de la dignidad humana o del derecho natural?
El riesgo, según algunos especialistas, es que influencias políticas presionen la interpretación de los derechos humanos no desde su origen sino por las circunstancias que convengan a ciertos intereses: derechos no razonables, falsos derechos o falacias antropológicas a partir de criterios ambiguos como “el libre desarrollo de la personalidad”. De hecho, eso ya ha sucedido, como en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, en el 2012, donde la Corte redefinió la naturaleza del embrión humano.
Por el contrario, para los católicos, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2258 apunta: “La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin”. Para la Iglesia Latinoamericana, en el Documento de Santo Domingo de 1992, dejó en claro que una de las responsabilidades de los católicos pasaba por la promoción de los derechos humanos, “pero siempre desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia”.
En vísperas de la realización de la Asamblea Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos, lo único que queda por preguntar a los pastores latinoamericanos es si continuarán apoyando que las resoluciones del Sistema Interamericano “sean vinculantes” y de “aplicación expedita” aun cuando éstas contravengan la doctrina de la Iglesia universal.