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México responde sobre desapariciones forzadas en Tamaulipas ante la CIDH

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Washington D.C., EU.— Autoridades del Gobierno mexicano participaron en el 170° Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., Estados Unidos, en el marco del cual atendieron una audiencia pública y varias reuniones de trabajo.

Durante la audiencia pública relativa a las Desapariciones Forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la delegación de alto nivel que representó al Estado mexicano reconoció retos en materia de derechos humanos, especialmente en el tema de desapariciones y manifestó la disposición y apertura al escrutinio internacional del nuevo gobierno encabezado Andrés Manuel López Obrador.

Los representantes del Estado refrendaron su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y señalaron que el nuevo Gobierno tendrá puertas abiertas para la colaboración internacional en esta materia. 

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Asimismo, la delegación mexicana solicitó a la CIDH que, en el marco de sus atribuciones, acompañe la atención que, desde todos los órdenes de gobierno, se dará a las desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como para el intercambio de experiencias con otros países en materia de mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. 

Los representantes del Estado mexicano también destacaron el compromiso para encarar el problema de raíz, fortaleciendo a las instituciones a través de la correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Igualmente, asumieron compromisos para garantizar la coadyuvancia de las víctimas en las investigaciones, así como en la búsqueda de las personas desaparecidas, destacando el papel que ha tenido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para velar por la garantía de los derechos de las víctimas. 

Por otro lado, la delegación mexicana sostuvo una reunión con el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, en la que se abordó el “Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”, publicado el pasado 4 de diciembre. 

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En particular, se discutió el futuro modelo de asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos previsto en el Decreto.

Finalmente, representantes del Estado atendieron tres reuniones de trabajo privadas relativas al cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa y a la implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana en casos específicos.

La delegación mexicana que participó en las sesiones estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra; el representante ante la Misión Permanente  de México ante la Organización  de los Estados Americanos (OEA), Embajador Jorge Lomónaco Tonda, y el fiscal Especializado en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo.

JFM

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