Ciudad de México.— El nombramiento del Fiscal Anticorrupción quedó entrampado en el conflicto postelectoral entre el PAN y el PRI, así como los candidatos a magistrados especializados que están perfectamente alineados al poder público o a los partidos políticos, denunció el vicecoordinador del PT-Morena en el Senado, Miguel Barbosa.
En el marco de la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción que arranca incompleto, el senador reiteró que de ninguna forma ve un periodo extraordinario para designar al Fiscal Anticorrupción al cuestionar en dónde están las comisiones trabajando para que haya este extraordinario “No las hubo, se fueron de vacaciones por cuatro meses, nunca hubo la construcción de un nuevo marco legal para el fiscal anticorrupción”, apuntó.
Barbosa advirtió que con el actual marco legal, cualquier designación es inútil, por lo que tiene que haber una nueva propuesta de Ley de la Fiscalía General.
Es una pena que el #SNA no pueda arrancar hoy completo, más allá de los nombramientos hacen falta aún muchas cosas para consolidarlo. pic.twitter.com/htaC27n4C6
Este miércoles inició funciones el primer Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de México creado tras una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y entró en vigor el pasado de 19 de julio de 2016 con la publicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta norma dio un plazo de un año para la conformación de todas las instituciones del sistema y el funcionamiento pleno del mismo.
Es una instancia que coordina a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Entre sus objetivos está la fiscalización y control de los recursos públicos que conforman el erario del gobierno a nivel federal y estatal.
Formalmente deben ser siete integrantes del Comité que coordina el SNA, debido a que aun no se ha elegido al fiscal especial anticorrupción, los miembros de este órgano rector son:
• Jacqueline Peschard, representante del Comité de Participación Ciudadana, y presidenta del Comité Coordinador del SNA • Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación • Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública • Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal • Ximena Puente de la Mora, presidenta del INAI • Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Los partidos políticos tienen propuestas, pero no hay voluntad del Gobierno Federal y se quedó entrampado en el conflicto electoral del PRI y del PAN. Por eso no hubo ningún mecanismo que pudiera pensarse en el desahogo de este tema, subrayó Miguel Barbosa
Asimismo, Barbosa recordó que desde hace meses denunció que las propuestas del Ejecutivo para magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -el Tribunal Anticorrupción-, fueron un acuerdo entre el Gobierno federal y el PAN.
Son perfectamente identificables, dijo, por ejemplo, en el caso de la Tercera Sección hay uno propuesto por el PRI, uno por el PAN y uno compartido; y después en las salas regionales especializadas podemos identificar perfectamente cuál es propuesta del Gobierno y cuál es propuesta del PAN, señaló.
“¿De dónde salieron las propuestas?, pues el Gobierno asumió su atribución en la opacidad, decidió las propuestas sin hacer una convocatoria pública, sin que participara la sociedad civil”.
Hoy, dijo, lo que planteamos es que se rechacen esas propuestas, no admitimos la integración de salas de justicia administrativa, salas anticorrupción, con propuestas que son perfectamente alineadas al poder público o a los partidos políticos, manifestó al señalar que ese asunto va a ser resuelto en el mes de septiembre.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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