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Opinión

Corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones establecer la regulación tarifaria: SCJN

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TARIFA CERO

La tarifa cero de interconexión asignada a Telcel, como agente predominante en el mercado de telefonía celular, deberá dejar de aplicarse, y será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) el encargado de fijar la regulación relativa a las tarifas de interconexión entre la empresa preponderante y las otras compañías competidoras.

Así lo señaló el proyecto de dictamen que discutió hoy la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que fue aprobado por unanimidad, en el cual no se fijó un plazo para que el Ifetel emita las nuevas reglas de operación, lo que podría generar problemas para la puesta en práctica de la sentencia favorable a Telcel.

El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, sostuvo que como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el órgano constitucional autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano regulador especializado en la materia, a quien se le ordenó, por mandato de la propia Constitución, declarar la existencia de un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y establecer a dicho agente la regulación asimétrica correspondiente.

El IFT cumplió con dichos mandatos en el año 2014 al determinar, por un lado, que Radiomovil Dipsa, SA de CV, era preponderante y, por otro, al fijar las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión que podría cobrar.

Con posterioridad, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuyo artículo 131 fijó directamente la tarifa de interconexión, ordenando que el agente preponderante no podrá cobrar tarifa alguna por el uso de su red.

La empresa promovió juicio de amparo, argumentando que el artículo mencionado era inconstitucional, al considerar que el Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT, que precisamente para eso fue creado como un órgano constitucional especializado y autónomo.

En ese sentido, la Suprema Corte le dio la razón. En la resolución, aun y cuando ordena que deje de aplicarse la gratuidad, impide a Telcel cobrar retroactivamente por la interconexión –desde agosto de 2014, cuando se adoptó la medida– y precisa que será el Ifetel el que resuelva si la tarifa cero debe seguir aplicándose.

El documento elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek otorga la razón a la empresa de Carlos Slim en el amparo 1100/2015, con el que impugnó las facultades del Congreso de la Unión para imponer la conexión sin costo, y confirma que el Ifetel es el único facultado para fijar las tarifas asimétricas.

Estos amparos fueron promovidos por la empresa controlada por Carlos Slim en contra de las tarifas de interconexión establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 2015 con Axtel y Avantel, NII Digital (Nextel) y TV Rey de Occidente, una empresa que ofrece servicios de telefonía, internet y TV en Michoacán Jalisco, Querétaro y Guanajuato.

En semanas anteriores, la Corte resolvió al menos una decena de amparos en materia de interconexión a favor de América Móvil. La resolución emitida por la Corte determina que “se modifica la sentencia recurrida, se sobresee en el juicio, quedan sin materia los recursos de revisión y de revisión adhesivos y se reserva jurisdicción al tribunal colegiado del conocimiento”.

Además, la sentencia señala los parámetros que deberán ser tomados en cuenta para el costo de la interconexión, entre los que se encuentran el informe estadístico del propio Ifetel, publicado el 9 de mayo de 2017, el cual afirma que Telcel, como agente económico preponderante, disminuyó su participación 3 por ciento, que otras empresa aumentaron su participación y hay dos nuevos operadores en el mercado, por lo que la concentración del mismo sigue a la baja, además de que los precios de la telefonía móvil disminuyeron 15 por ciento en el año reciente.

Los ministros de la Segunda Sala determinaron también que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos.

Y por unanimidad de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es inconstitucional.

Durante el estudio de este juicio, la Suprema Corte se ocupó exclusivamente del argumento 1), relativo a la distribución de competencias entre el IFT y el Congreso, y determinó lo siguiente:

1. La competencia para establecer la regulación asimétrica corresponde al IFT
La sentencia de la Segunda Sala tomó en consideración la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo, a lo largo de los años, en reconocimiento a la necesaria autonomía e independencia técnica de los órganos constitucionales autónomos como es el caso del IFT; uno de los pilares de la Reforma en materia de Telecomunicaciones fue precisamente la creación del Instituto –fuera de los Poderes Tradicionales– para garantizar que sus determinaciones obedecieran a criterios eminentemente técnicos y no políticos.

Conforme a las mejores prácticas internacionales, estas determinaciones las toman precisamente los órganos reguladores y no los parlamentos, lo que da certeza jurídica y económica a los participantes en un mercado.

Por tanto, corresponderá al IFT –bajo el mandato constitucional de reconocer la asimetría– establecer la regulación tarifaria (la llamada “tarifa cero” o cualquier otra) que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales.

Se aclaró que no se desconocen las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de telecomunicaciones. La resolución aclara que el Congreso de la Unión sí cuenta con facultades legislativas en la materia. Sin embargo, éstas no pueden tener el alcance o efecto de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas que la Constitución reservó al órgano regulador.

La sentencia establece que no habrá pagos retroactivos. Es decir, la Segunda Sala fijó los efectos de la sentencia reconociendo, por un lado, que debe corregirse la afectación que para la empresa haya significado la emisión de la “tarifa cero” por parte del Congreso. Pero por el otro, tomó en cuenta que se trata de concesiones sobre bienes del dominio público (el espectro radioeléctrico) y que en el caso también se involucran derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y de otros concesionarios.

Por lo tanto la sentencia establece, bajo una interpretación sistemática, que no habrán ajustes tarifarios por los años transcurridos y, por el contrario, señala con toda claridad que la decisión que tome el IFT sobre este tema, regirá a futuro.

La opinión emitida en este texto es responsabilidad del quien lo emite y no representa la opinión ni la postura de Siete24.mx ni de deportes.siete24.mx

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Columna Invitada

¿De dónde?

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Estamos en la temporada de final de año donde el Congreso tendrá que aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno Federal. Un evento que a veces ha llegado a ser traumático, incluso en algún momento, con el problema de que se cerró el periodo para la aprobación y todavía no se tenía un presupuesto aprobado.

El gran resumen: los egresos se van a reducir en un 2% aproximadamente, con el propósito de lograr un control del déficit, el cual se propone que sea el 3.9% del PIB, que no es poco. Pero, el año que termina, llegó a ser 5.9 % del PIB, el déficit mayor en casi 40 años. De lo cual no tenemos una explicación clara de como se subsanó. Muy probablemente la mayor parte se logró a través de endeudamiento o renegociación de deudas.

Hay recortes de todo tipo. Por otro lado, también se está suponiendo que vamos a tener un aumento en la recaudación del 2% anual. Lo cual suena muy bien hasta que consideramos que la inflación se espera que esté alrededor del 3.5% anual, según la meta de BANXICO. Sin embargo, para la mayoría de la población, este número resulta muy pequeño en comparación con la realidad que se vive en la vida diaria, donde los aumentos han sido bastante superiores a esa cifra.

Hay rubros interesantes en el presupuesto. Destaca el recorte importante en el gasto administrativo, en 16 de las 19 secretarías de Estado. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el presupuesto de los Poderes de la Unión, con aumento del 6.2%. Nos encontramos, en cambio, con que la Secretaría de Bienestar tiene un incremento del 2.3%. Un incremento superior al crecimiento de la población, que es ligeramente menor al 1% anual pero que, combinado con la meta de inflación programada, resulta un recorte en términos reales.

Crece el gasto de vivienda en 138% comparado con el año anterior. Aumento en las líneas de ferrocarril para transporte de personas y de carga. Mientras que, por otro lado, tenemos recortes importantes, por ejemplo, en la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin que tengamos una explicación clara de cómo es que se va a mejorar el tema de la seguridad y disminuir la impunidad, cuando se dan recortes importantes en las Secretarías que tienen injerencia en estos temas.

Ocurrieron cosas como el así llamado “lamentable error”, que proponía recortes a las universidades públicas más importantes: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y también la Universidad Autónoma Metropolitana; reducciones que causaron un gran alboroto y llevaron al Gobierno a decir que había ocurrido un “lamentable error” y que sí va a haber un incremento mayor. Sin que tengamos hasta este momento una idea clara de cuánto más va a ser el ajuste.

Reducciones importantes en medio ambiente, en la cultura y en salud en aproximadamente 30% o más. Lo cual nos deja algunas dudas importantes: ¿Cómo se van a cumplir las ofertas de campaña y los 100 puntos establecidos por la doctora Sheinbaum, cuando propone recortes importantes en estos asuntos?

Una de las dudas, que no han quedado totalmente aclaradas, es que el incremento en los ingresos que se está proponiendo resulta ser menor que el incremento de la meta de inflación que propone el Banco de México. Mientras los ingresos se espera que aumenten un 2%, la inflación estaría aumentando un 3.5%, dice BANXICO.

Claro que necesitamos un recorte para bajar el déficit. No se puede mantener constante un déficit así, a no ser que tengamos una economía con un desarrollo extraordinario. Estamos viendo, por otra parte, que los ingresos van a subir un 2%, menos que la inflación. Lo cual quiere decir reducción en términos reales.

Nos encontramos también con que es de dudarse que lleguemos a que la economía tenga un crecimiento del 2%. En documentos del Gobierno Federal se habla de que para el año próximo se esperan incrementos en la economía de entre el 2 y el 3% y hay incluso algún documento que habla de un 3.5% de crecimiento. Cuándo, en realidad, el último semestre del año 2024 se espera que hayamos tenido un crecimiento en el orden del 1 al 1.5%. Y es lo que también están pronosticando algunos analistas privados, nacionales y extranjeros para el 2025.

¿De dónde va a salir el dinero para pagar estos egresos? Si la economía crece el 1% o el 1.5%, es claro que los ingresos deberán ser mayores que lo que está generando la economía. ¿De dónde va a venir el dinero suficiente para hacer esto? Y esto no lo sabremos hasta que no tengamos una idea clara del presupuesto de ingresos.

Se ha hablado y muchas veces, aunque no lo suficiente, de la necesidad de una reforma fiscal. Algo que nadie ha querido manejar en los últimos tiempos. Claramente, hay temor de muchos de los actores, precisamente porque no quieren comprometerse a decir que vamos a requerir cambiar la estructura de ingresos del Gobierno Federal. Lo cual significa, al final de cuentas, mayores impuestos a la población en general y a las empresas. Que en su caso difícilmente podrán aumentar su aportación mientras la economía esté creciendo en el orden del 1.5%, o menos.

Es correcto que se busquen recortes y evitar hacer gastos que no se pueden pagar. Es importante también reducir la velocidad con que está creciendo nuestro endeudamiento como nación. Pero no estamos considerando en ninguno de los supuestos el efecto que puedan tener la actuación de nuestros socios comerciales. Los riesgos en la renegociación del T-MEC, que influye muchísimo en nuestra economía y otros riesgos más, con la actuación del señor Trump. De modo que habrá que esperar y ver, verdaderamente con lupa, cuál va a ser el modo como se van a pagar estos egresos.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Felipe Monroy

La nueva naturaleza del episcopado mexicano

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A pesar de lo que muchas veces se opina, la Iglesia católica se transforma; cambia quizá no en esencia y fundamentos, pero sí en actitudes e incluso en misiones y propósitos ante los tiempos que se le presentan. La Iglesia católica en México ha difundido los nuevos estatutos para la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir: el organismo que conjunta a todos los obispos del país como expresión de la fraternidad bajo un mismo territorio político.

Los estatutos fueron aprobados por el voto de 82 obispos en la 114 Asamblea Plenaria (sólo se tuvo un voto en contra y una abstención) y tras ser revisados por el Dicasterio para los Textos Legislativos “los encontró adaptados al derecho canónico universal y los aprobó”; y por tanto, entraron en vigor desde el 25 de diciembre del 2023.

Los nuevos estatutos de la institución evidencian las preocupaciones más actuales de la Iglesia mexicana: la fidelidad al Papa, la crisis vocacional y la falta de recursos para enfrentar situaciones complejas como los abusos sexuales, la educación católica y las obras solidarias. Pero además, incluyen valores renovados que el papa Francisco ha puesto en el horizonte de la Iglesia del tercer milenio: la “sinodalidad eclesial y el espíritu colegial”.

Estos nuevos estatutos, por ejemplo, elevan la personalidad jurídica a la ‘Sede CEM’, es decir, a un sitio concreto a través del cual –y sólo en ese espacio– el resto de instancias eclesiásticas, diplomáticas o civiles deben dirigir sus asuntos oficiales. Esto, además de garantizar los fines propios del espacio en cuestión y protegerlo (hay que recordar el episodio de la bomba molotov contra la sede en 2017); modera la tentación de “cargar” con los oficios de la conferencia de manera personal en las diócesis de los obispos electos en cargos y servicios.

Sin embargo, los cambios más importantes se resumen en el nuevo artículo 3°: La Conferencia, a través de seis medios novedosos, tendrá potestad para poner estructuras y decisiones a favor de las Iglesias particulares. Los medios son: Decretos generales vinculantes a todo el territorio; la transmisión de la doctrina adaptada a las culturas e idiosincrasias del país; la coordinación de iniciativas comunes; el diálogo unitario con las autoridades civiles federales; los servicios comunes útiles para aquellas diócesis que no puedan asumir por su cuenta; y el mutuo apoyo en el ejercicio episcopal.

Estos medios abren un nuevo panorama de cooperación intraeclesial que en el pasado pudieron haber costado mucho trabajo debido a la naturaleza autónoma de cada obispo y su diócesis. De hecho, la instrucción nacional para que todas las diócesis del país instalasen un comité profesional, especializado y permanente de prevención, protección y atención de víctimas de abusos en la Iglesia fue (y aún sigue siendo) una tarea difícil por varias razones: la primera, por falta de convencimiento de los propios obispos titulares; y la segunda, por la carencia de recursos humanos necesarios para constituir cada comité.

Bajo el espíritu de los nuevos estatutos, se entiende entonces que la propia Conferencia no solo tendría la facultad de establecer decretos vinculantes a todas las diócesis sino coordinar los trabajos comunes que algunos de esos decretos suponen y, además, podrá proveer como ‘servicio común’ algunos medios operativos para su realización.

Para ello, los obispos mexicanos –con la autorización de Roma– aprobaron nuevas líneas de acción concreta: Promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común; ejercer funciones pastorales (como aplicación concreta del espíritu colegial); y promover la ayuda solidaria para las diócesis más necesitadas sobre todo en lo que se refiere al clero y recursos materiales.

Esta tres nuevas acciones que se suman a las precedentes (alentar la adhesión al Papa, propiciar la oración y discernimiento episcopal, analizar la realidad y proponer respuestas pastorales, orientar y animar la pastoral, impulsar la subsidiariedad y solidaridad interdiocesana y auxiliar a obispos en necesidad) también buscan responder a desafíos contemporáneos concretos como las crecientes críticas y desautorización al Sumo Pontífice que se vive en varias partes del mundo y en México; los excesos o ambigüedades en la disciplina moral, litúrgica y espiritual que escandalizan; y la creciente crisis de vocaciones sacerdotales que se experimenta prácticamente en todas las diócesis. De hecho, hay regiones enteras que durante casi un lustro no tendrán ordenaciones sacerdotales y otras localidades de varias decenas de millones de habitantes donde los seminaristas no llegan ni a dos docenas.

Por ello, los nuevos estatutos de la CEM implementan una nueva visión a la misión conjunta con destinatarios muy concretos que se añadieron a finales del 2023: formación de ministros sagrados, subsidios para catequesis, la enseñanza católica, la pastoral universitaria, los medios de comunicación y la tutela de menores de edad o personas vulnerables.

Así busca transformarse la Iglesia mexicana; para adaptarse a los tiempos actuales y a los nuevos criterios implementados por el papa Francisco a través de su Reforma Vaticana mediante la constitución apostólica Praedicate evangelium de 2022. En el fondo no cambia lo esencial, que es fortalecer el espíritu de corresponsabilidad, sinodalidad y unidad; pero sí medios, estrategias y destinatarios.

Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Felipe Monroy

El triunfo de la post verdad

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Corren días de mentiras y ficciones. Frente a nuestros ojos, burlándose de nuestra inteligencia, cunden los prestidigitadores y avezados histriones que podrían jurar ante Dios cualquier exageración con tal de figurar en los escenarios noticiosos más consumidos o para manipular la percepción sobre ciertos acontecimientos. Nos encontramos en el triunfo de la post verdad: una cínica distorsión deliberada, utilitaria, discursiva y mediatizada de la realidad para manipular las emociones y moldear creencias con un sólo objetivo: influir en la opinión y las actitudes del público de nuestro interés.

No se puede ser diplomático en su categorización: son manipuladoras no sólo aquellas personas que distorsionan la realidad sino también quienes revisten con ambigüedad y retórica propagandística las palabras que declaran con interés político, quienes suben al púlpito mediático para ‘provocar’ emociones, enardecer huestes y conmocionar a ingenuos. El resultado es obvio para el entronizado y para sus operarios: conseguir más poder. Poder, para hablar más, para ser más ‘relevante’ y, por tanto, para manipular más justificando su estilo utilitario.

Algunos dicen que utilizan estas estrategias como respuesta a instancias de poder aún mayores. Por ejemplo frente a esos poderes fácticos que no sólo dominan la economía (bajo los principios de la supuesta deidad del mercado) sino que también sojuzgan a las administraciones públicas (sean éstas democráticas o no). Su lógica es la de combatir fuego con fuego, mal con mal; y utilizan la lógica de esos medios de poder como cajas de resonancia para afianzar su posición.

El crimen de la post verdad es, por ejemplo, llamar ‘objetividad’ a intuiciones sobre la psique de un personaje con el que jamás han hablado. Al igual que ha sucedido con el caso –ya famoso en México– de la falsa especialista Marilyn Cote, existe una pléyade de falsarios que, sin ninguna base ética y sin ruborizarse, pueden declarar ‘rencoroso’ o ‘vengativo’ al político de su animadversión. Esas declaraciones sólo tienen un objetivo: engañar a su audiencia.

¿Se puede decir, sin ninguna base, que las decisiones de cualquier político son erráticas debido a su mente afectada? Sí, de hecho, el caso de Cote ejemplifica la tranquilidad con la que se practica este deporte en el país: cínicamente, sin consecuencias, sin pudor.

Otro ejemplo del utilitarismo ramplón de la post verdad es la falsa diplomacia. También en México lo hemos visto una y otra vez. El caso del embajador de los EU en México, Kenneth Salazar, es ejemplo de quien ha estirado demasiado este juego. Por el interés de provocar reacciones y emociones a diferentes audiencias, se pierde objetividad en la lectura de la realidad. Y eso trae consecuencias –tardías, pero determinantes– para aquellos que expresan palabras que hablan de complacencia y hasta apertura colaborativa pero, al mismo tiempo, validan los ataques contra la legitimidad de aquellos con quienes se quiere colaborar.

En un reciente panfleto político se lee literalmente el deseo de cierta organización para colaborar formalmente con el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum; pero, al mismo tiempo, no deja de afirmar que su triunfo y el de su partido fueron producto de una “fraudulenta elección”. La indefinición en estos casos no es por ignorancia; sino por la manipulación de la realidad: mantener en el engaño a quienes consideran a este gobierno ‘espurio’ (alimentar sus huestes) y usufructuar los beneficios que esa misma administración ‘ilegítima’ pueda darles (la connivencia con el poder).

¿Qué se puede hacer en medio de esta confusión? Como ya se ha dicho, combatir fuego con fuego no solo es inútil; en este caso además no es ético ni responsable. Frente al enorme desafío por mantener un oficio informativo y periodístico sobrio, comprometido con la ciudadanía y apegado lo más posible a la realidad –incluso desde nuestros ineludibles sesgos cognitivos y falencias– debe prevalecer el interés por la justicia, la verdad y la historia. Pero además, hacerlo desde lo más simple, desde lo básico.

Por tanto, quizá hoy más que nunca, el periodismo debe observar e interrogarse, con una naturaleza casi salvaje, por el origen y destino de lo observable. Es decir, nos falta mirar a los acontecimientos como si fueran un objeto complejo pero finito, intrincado en curvas, cuya verdad brilla en ocasiones muy tenuemente y otras veces, como un golpe de rayo. El periodista entonces debe darse tiempo y paciencia para girar ese objeto de un lado a otro, buscar cómo comprenderlo en una historia, entender cómo ese fragmento de realidad tiene un sentido pequeño pero auténtico, sin dejarse deslumbrar por falsas narraciones utilitarias que fingen sentidos superiores de su existencia.

Algunos medios y periodistas comienzan ya a comprenderlo: la angustiante búsqueda del impacto, de la masividad, la viralidad o la conquista de la conversación social pueden en ocasiones tergiversar la misión y responsabilidad informativa. La semana pasada The Guardian y Vanguardia, dos importantes medios internacionales decidieron salir de la plataforma de Elon Musk (X antes Twitter) porque aseguran que ha incrementado el contenido tóxico y desorientador de forma abrumadora, porque se ha convertido en un espacio que amplifica las teorías de conspiración y la desinformación. Pero yo iría un poco más lejos: Porque se ha convertido en un mecanismo político, utilitario y pragmático, de la post verdad. Un tapón o un bastón –según convenga– para necesidades políticas pasajeras o para limitadas causas sociales.

Frente a esas mentiras y ficciones, entre las manos de los periodistas hay todavía una pizca de verdad, un fragmento de realidad por contar. De la cual no somos dueños y que, a pesar de los intentos –incluso de la terquedad– de los poderosos, siempre emergerá con luz propia.

*Director VCNoticias.com  @monroyfelipe

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La Seguridad en Sonora: Tejido Complejo de Soluciones Resilientes

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En Sonora, hablar de seguridad pública es adentrarse en un ecosistema de factores interconectados, donde cada acción y cada decisión impactan profundamente la vida de la comunidad. La seguridad no se define solo por la presencia de cuerpos policiales o medidas de fuerza; se encuentra enraizada en un entramado social que se ve afectado por la falta de oportunidades, el rezago en infraestructura y una ubicación geográfica compleja que amplifica los desafíos. Estos elementos crean un entorno de tensiones y carencias que no pueden resolverse únicamente con enfoques de control, sino que exigen soluciones que profundicen en las causas sociales, fomenten valores esenciales y fortalezcan la economía desde el individuo hacia la comunidad.

La resiliencia comunitaria, entendida como la capacidad de una sociedad para adaptarse, resistir y recuperarse ante adversidades, se convierte aquí en el pilar fundamental. Construir un Sonora seguro requiere la activación y el empoderamiento de los ciudadanos, promoviendo una participación donde cada persona, familia y sector asuma un rol en la creación de paz social. Este proceso debe sustentarse en valores sólidos y en la responsabilidad compartida, donde la prevención y la cohesión social sean las fuerzas que lleven a la autosuficiencia de las comunidades.

Los patronatos de policía representan una dimensión de compromiso y participación que va más allá de la vigilancia; son espacios donde la ciudadanía y las instituciones trabajan juntas para cultivar una cultura de respeto, responsabilidad y protección mutua. Aquí, la educación y el trabajo colaborativo emergen como herramientas esenciales. Pero esta reconfiguración del sistema no puede sostenerse sin una integración de todos los factores clave: el empleo digno, los valores familiares, la educación integral, la seguridad patrimonial y el cuidado del medio ambiente. Estos son los cimientos sobre los cuales se debe edificar una región capaz de hacer frente a los desafíos de seguridad.

El concepto de cubo de la resiliencia de tomarse en seis pilares interdependientes: identificar, proponer, actuar, prevenir, mitigar y analizar. Debe tratarse como lo que es, un fenómeno perturbador socio organizativo, es decir con la visión de la gestión integral de riesgos de desastres. Esta estructura reconoce que cada elemento es parte de un sistema mayor, donde nada funciona de manera aislada y cada pieza sostiene a las demás. No basta una sola iniciativa; todos los componentes deben articularse para generar el impacto necesario. En esta visión integral, el trabajo digno y el ingreso estable son cruciales para combatir la vulnerabilidad económica, mientras que los valores, cultivados en el hogar y reforzados en la comunidad, funcionan como un escudo social que previene la desintegración.

La educación debe ser la plataforma que permita a cada ciudadano desarrollar una conciencia activa sobre su entorno, mientras que la seguridad patrimonial protege el esfuerzo de las familias y asegura que su bienestar no sea vulnerado. Y en el centro de todo, el medio ambiente necesita ser protegido y revitalizado, ya que es el marco en el cual toda esta dinámica social y económica se desenvuelve. Este enfoque sistémico de seguridad busca reequilibrar las dinámicas de poder en las comunidades, reduciendo la dependencia económica y alejando las amenazas que genera el crimen.

En última instancia, enfrentar los problemas de seguridad en Sonora implica redefinir el mismo concepto de paz. Este objetivo demanda la participación activa de cada sector: desde los ciudadanos y sus familias, hasta los líderes empresariales y las instituciones educativas. La paz, entendida como un producto del compromiso compartido, no es algo que se otorgue desde afuera, sino que se construye desde adentro, a partir de una red de valores y principios compartidos. Solo así, con cada actor cumpliendo su rol y aportando su esfuerzo, se podrá ver emerger un Sonora fuerte, resiliente y próspero, donde el desarrollo económico y la paz social sean los pilares de un bienestar que perdure y se transmita a las futuras generaciones.

Este esfuerzo conjunto se parece al vuelo coordinado de las aves en una migración: una sola golondrina no hace verano, pero el movimiento armonioso de todas puede transformar el paisaje. Así, Sonora será un reflejo de una sociedad cohesionada, donde el trabajo, los valores, la educación, el cuidado del entorno y el compromiso compartido crean un entorno seguro y esperanzador para todos sus habitantes.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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