México.— El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) reveló hoy la práctica sistemática de privación ilegal de la libertad de migrantes indocumentados, al presentar un resumen ejecutivo de su informe “Personas en detención migratoria en México”.
Resultado de una misión de monitoreo a los centros de detención migratoria hecha durante 2016, el informe refleja un “amplio y profundo panorama sobre la situación de las personas en detención migratoria en México, en términos de déficit de garantías jurídicas y acceso a derechos”, destacó el organismo en una rueda de prensa.
Con carácter consultivo y de apoyo del INM, el Consejo Ciudadano destacó que los resultados de la misión subrayan “la necesidad de revertir el actual paradigma de control migratorio” para que la detención sea la excepción y no la norma.
“En todos los centros visitados encontramos que el procedimiento administrativo migratorio está orientado prioritariamente a la deportación o retorno”, dijo Diego Lorente Pérez de Eulate, miembro del Consejo y director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
Durante la misión se observó que la base legal para la detención o aseguramiento de migrantes presenta “lagunas en el procedimiento” y además se carece de información en el proceso sobre los derechos de los indocumentados.
Pérez destacó que en ninguna delegación del INM visitada se detectaron acciones para brindar defensa y asistencia legal a los migrantes.
“Hay toda una simulación jurídica para aparentar que se cumplen los garantías jurídicas, cuando todo está enfocado a la detención”, señaló.
Patricia Zamudio, presidenta del Consejo Ciudadano, destacó el complicado panorama de salud que afrontan los migrantes en estos centros. Encaran “condiciones físicas precarias por la falta de espacio” y por el insuficiente personal médico, aseguró.
Calificó igualmente de delicadas sus condiciones de salud mental al presentar cuadros de “ansiedad general” que alcanza altos niveles en el 30 % de ellos, y de depresión, la cual llega a un estado crítico en 32 % de los casos.
El Consejo concluyó su informe con un conjunto de 156 recomendaciones dirigidas al INM y a otras oficinas del Gobierno mexicano que tienen incidencia e influencia para corregir la situación reflejada en el documento.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el checo Jan Jarab, destacó que el informe “confirma y refuerza” lo que ya saben las organizaciones no gubernamentales “sobre las condiciones de los migrantes” en los centros de detención.
El informe “es una evaluación independiente pero con estatus de oficial” y presenta recomendaciones en las cuales se podría trabajar para mejorar las condiciones de los migrantes, declaró.
Jarab sostuvo que los hallazgos del Consejo Ciudadano implican que México “difícilmente” puede mantener la credibilidad de su crítica a la política migratoria de otros países cuando mantiene una política restrictiva.
“El asunto es estructural y tenemos que replantear la política que hace invisibles y criminaliza a los inmigrantes; es insostenible una política migratoria basada en la detención”, concluyó Miguel Ángel Paz Carrasco, miembro del Consejo Ciudadano.
Entre los países de origen de los migrantes en México, el informe destacó que la mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque durante la misión detectó migrantes de un total de 19 nacionalidades.
Entre enero de 2014 a diciembre de 2016 el INM deportó a 421.395 migrantes centroamericanos, casi el doble que de 2011 a 2013, cuando la cifra fue 213.636, de acuerdo con el informe “Migrantes en México” elaborado por organizaciones de derechos humanos. Efe/Agencias
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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