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México: en 11 años más de 5 mil niños desaparecidos
México.— México es el país de las desapariciones de personas. En un mismo día pueden desaparecer de la faz de la tierra 43 estudiantes normalistas y después de tres años de búsquedas, tres procuradores y una verdad “histórica”, nadie, ninguna autoridad, sabe de su paredero. Ello sólo refrenda que sí somos el cuarto lugar en el mundo en impunidad.
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Peor aún. En 11 años, seis de Felipe Calderón y cinco del actual presidente Enrique Peña Nieto, han desaparecido en el país más 5 mil 500 niñas y niños. Parece no sorprender a nadie esta cifra, pero diariamente nos encontramos con mensajes de la tibia y burocrática “Alerta Amber” con fotografías de niñas con uniforme de secundaria y aún más pequeñas que salieron de sus domicilios, lo mismo en Ecatepec, que en Iztapalapa o en algún municipio de Sinaloa o en la costa veracruzana o bebés que fueron arrebatados a sus madres en hospitales, en mercados.
No hay una política de Estado para prevenir esas desapariciones y lo que es peor, ni para buscarlos. Es más importante para el gobierno federal o para el Congreso de la Unión combatir a los “huachicoleros” que tener un área de la Procuraduría General de la República (PGR) o del CISEN o de cualquier otra instancia federal, encargada de encontrar a esos miles de niños desaparecidos, secuestrados o tal vez traficados por tratantes de blancas con fines de explotación sexual o laboral.
En el Metro de la Ciudad de México, los tableros de anuncios cada día están tapizados con fichas del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) de la Ciudad de México, una oficina de la procuraduría capitalina, que emite fichas sobre personas que desaparecen y que rara vez investiga los casos, ya que los ministerios públicos siempre argumentan que las adolescentes seguramente escaparon con sus novios o que los menores huyeron del hogar por maltrato.
Las centrales de autobuses de la Ciudad de México, de Morelia, de Ciudad Juárez, de Tuxtla Gutiérrez o de Tijuana o de Reynosa, sólo por mencionar algunas ciudades de la geografía de las desapariciones de menores, son la vitrina de cientos de volantes que tienen foto, nombre, apellido, señas particulares, vestimenta y lugar donde fueron vistos por última vez.
El pasado 30 de agosto diversas organizaciones presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (GTDFI), relativa a los obstáculos que enfrentan niñas, niños y adolescentes víctimas de desapariciones en México, así como el impacto que tiene en este sector la desaparición de un familiar adulto.
La denuncia se presentó ante la abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecidas en México: de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2017, oficialmente se reportaban 3,217 niñas y 2,235 niños de entre 0 y 17 años como desaparecidos, cifra que representa el 18% del total de los casos de desaparición en México registrados.
Desde que en 2006 comenzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la práctica de desaparición forzada de personas resurgió con fuerza en México y, como se ha señalado, ha alcanzado una dimensión generalizada. Esta “guerra” orquestada por el ex presidente Calderón, le asignó un papel central en materia de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, lo cual desató en el país más violencia, violaciones a los derechos humanos e impunidad, señalan las organizaciones en su denuncia ante la ONU.
El periodo en el que han desaparecido el 98.2% de niñas, niños y adolescentes, coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años. Cerca del 70% de niñas, niños y adolescentes desaparecidos fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 hasta la fecha). El 29% restante que ha sido reportado, desapareció durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Del total de personas desaparecidas al 31 de marzo de 2017 (30,991), 64 pertenecen a una etnia, 301 son extranjeras de las cuales se desconoce la edad de 35 y 41 son niñas, niños o adolescentes, señalan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Red por los Derechos de la Infancia en México y TRIAL International.
A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección.
Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas.
Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia.
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La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.
El Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; familiares de víctimas y/o migrantes víctimas de desaparición en todo el país, y con un énfasis particular en la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración.
El objetivo de la denuncia general es describir los obstáculos que enfrentan a diario por miles de niñas, niños y adolescentes, especialmente las niñas, y sus familias y la respuesta errónea proporcionada por el Estado, además de analizar las medidas adoptadas por el Estado en cuanto a la prevención, búsqueda, investigación, persecución y sanción de los responsables, así como la reparación y asistencia, para evaluar si pueden considerarse compatibles con las normas internacionales aplicables.
Actualmente México carece de cualquier política pública diseñada para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición que se pueden considerar como eficaz. En particular, los dos programas existentes de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (es decir, la Alerta Amber y el Protocolo Alba) rara vez se aplican y el procedimiento para activarlos es demasiado complicado y/o burocrático.
Agregan que la versión integral de la denuncia general proporciona una lista completa de las conclusiones y recomendaciones concretas, relativas a brindar atención adecuada a las víctimas; garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho; y adoptar medidas especiales que por su calidad de migrantes, niñas, niños y adolescentes o cualquier otra.
Adicionalmente, se ha solicitado al GTDFI que inicie un diálogo constructivo con el Estado mexicano, ponga en conocimiento esta denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; y recomiende el establecimiento de un mecanismo internacional que garantice la justicia que las víctimas necesitan.
agch
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“Aún hay tiempo”, llamado del INAI al Senado para evitar desaparición
Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.
Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.
“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.
En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.
“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.
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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.
Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.
ebv
México
Violencia en instituciones educativas: ¿qué tan seguras son dentro y fuera?
Ciudad de México.— En el marco del mes de la eliminación de la violencia por razón de género y para cerrar su estudio más reciente sobre Violencia por razón de género en Instituciones de Educación Superior (DIVIGE), Unión Mujer identificó alarmantes datos relacionados con la violencia y los retos que enfrentan estudiantes, docentes y autoridades para erradicar este grave problema.
Los resultados del estudio fueron presentados durante el Panel “Violencia por Razón de Género: perspectivas para su análisis, prevención y erradicación” ante estudiantes, docentes y administrativos de Instituciones de Educación Superior del país.
Con 6,883 encuestados a nivel nacional se encontró que la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones muestra una dualidad que subraya la necesidad de fortalecer, tanto las medidas internas, como externas para un entorno seguro para las comunidades educativas, pues mientras el 85% de los encuestados se siente seguro dentro de las instalaciones de su Instituciones de Educación Superior (IES), fuera de ellas el panorama cambia significativamente, ya que un 38.7% expresó sentirse inseguro.
En cuanto a la prevalencia y tipos de violencia, casi la mitad de los encuestados (49.4%) afirmó haber presenciado algún tipo de violencia dentro de la IES. Los tipos más reportados incluyen:
Violencia verbal: burlas (38.2%), lenguaje insultante (34.8%) y chistes sexuales incómodos (30.4%).
Psicológica o emocional: exclusión de actividades (23.5%) y humillaciones (21.3%).
Violencia social: rechazo generalizado (33%) y avergonzar en público (19.2%).
Violencia física: Aunque menos común, se reportaron acercamientos no consentidos (9%) y golpes o jaloneos (8.7%).
Para la Coordinadora del Estudio, la Dra. Leticia España, el que 3 de cada 10 de las personas encuestadas haya confirmado haber sufrido violencia, exige fundamental consolidar acciones efectivas que humanicen los procesos de prevención, atención, sanción y reparación del daño y se incluya la opinión de los alumnos, de tal manera que las IES cuenten con ambientes equitativos y respetuosos.
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“A pesar de la existencia de protocolos y diversas acciones implementadas por las instituciones, los jóvenes no se sienten conectados con ellas. Esto podría mejorarse mediante una comunicación más clara y efectiva entre las estrategias de las IES y los estudiantes, garantizando que el mensaje llegue de manera adecuada. De esta forma, al preguntarles sobre los protocolos a seguir en casos de violencia, los estudiantes estarían más informados y conscientes de su existencia”, afirmó la Dra. España.
Por otro lado, el estudio (DIVIGE) también evidenció que la violencia en las IES está relacionada con dinámicas de poder, pues son los alumnos quienes están más vulnerables, y destaca la importancia de actuar en varios frentes:
Fomentar la prevención de tal manera que se dote a alumnos y docentes de las herramientas necesarias para identificar situaciones de violencia.
Fortalecer los procesos de la atención y acompañamiento a los casos reportados.
Garantizar que los protocolos institucionales sean claros, accesibles y efectivos.
Trabajar desde un enfoque humano para evitar la revictimización y proporcionar la atención necesaria o canalizar con redes de apoyo a víctimas y familiares de las víctimas.
Mantener un proceso de seguimiento continuo con las personas que son víctimas de violencia.
“Desde Unión Mujer, realizamos este llamado buscando inspirar una reflexión profunda y acciones concretas para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos en nuestras Instituciones de Educación Superior. El compromiso de toda la comunidad es esencial para erradicar la violencia y garantizar un entorno de aprendizaje pleno para todos”, la fundadora y directora general de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia.
ebv
Edomex
“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex
Toluca.— La comisión de equidad de género del Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, una propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad, con el fin de que este documento sea puesto a consideración del pleno legislativo el lunes 25 de noviembre y ahí se vote por “urgente”.
Ante ello, el Colectivo Mujeres de México lamentó las decisiones de los diputados del Estado de México que se enfocan en iniciativas como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en lugar de atender problemáticas urgentes que afectan a las mujeres mexiquenses, como la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.
Condenaron que los legisladores “estén más preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”.
Refirió que de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2024, el Estado de México reportó más de 200 asesinatos de mujeres, colocándose en el primer lugar nacional en este rubro. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, la entidad sumó 216 casos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.
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Salud materna
Asimismo, refirió que según un estudio de Melisa Institute, el Estado de México está entre los siete estados con más muertes maternas, con una tasa de 48.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos vivos. Factores como la insuficiencia de atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a servicios profesionales durante el parto han perpetuado esta problemática, con la hemorragia como segunda causa principal de muerte materna durante la última década.
Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló que el 32.5% de las mujeres mexiquenses han enfrentado maltrato en la atención obstétrica, evidenciando una deficiencia sistemática en el trato y cuidado médico.
Pobreza y carencias estructurales
El Colectivo subrayó que las mujeres en situación de pobreza enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud básicos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cinco de los quince municipios con mayor pobreza a nivel nacional pertenecen al Estado de México. Esta situación limita la capacidad de las mujeres para recibir atención adecuada, incluso en casos de complicaciones médicas derivadas de procedimientos como el aborto.
Aborto no es prioridad
El Colectivo argumentó que legalizar el aborto hasta las 12 semanas no aborda las verdaderas prioridades de las mujeres en el Estado de México y desvía la atención de las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas estructurales. “Las mujeres requieren seguridad, educación, empleo digno y servicios de salud materna. El aborto no soluciona estas carencias, sino que añade riesgos para la salud y la vida de las mujeres”, afirmaron.
El grupo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen las necesidades reales de las mujeres mexiquenses y advierten que el aborto, legal o ilegal, siempre tiene consecuencias físicas y psicológicas.
Concluyeron que “el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. Además de que las mujeres tienen consecuencias médicas y psicológicas”.
ebv
México
El “confuso” presupuesto a la UNAM e IPN, ¿se incrementa o se reduce?
Ciudad de México.- En recientes días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el proyecto de egresos de 2025, en el que consideró una reducción del presupuesto entre el 2% y el 14% a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales, entre ellas la UNAM y el IPN.
La propuesta de recorte presupuestal a instituciones de renombre desató una serie de reacciones en cadena y confusiones, pues en el paquete económico se establecía una reducción de 5 mil millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México y alrededor de 2 mil 190 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional.
En el transcurso de la semana, han ido saliendo a la luz diversas versiones en el ámbito político, que hasta ahora generan más dudas con relación al presupuesto al sistema educativo en México: ¿se incrementa o se reduce?
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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que había un error en el proyecto de egresos y aclaró que el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideraba un incremento en 11 mil 869 millones de pesos, destinado a becas y otros subsidios y destacó que la UNAM y el IPN también tendrán un incremento presupuestario, algo que no sucedería con el resto de las instituciones educativas de gran relevancia.
Un vistazo al recorte presupuestal en cada institución
De acuerdo con información de la revista Proceso, así sería el “tijerazo” para las siguientes instituciones:
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): mil 300 millones de pesos, 14% del presupuesto que recibió en 2024.
- Tecnológico Nacional de México: mil 681 millones de pesos, 7% del presupuesto que recibió en 2024.
- Universidad Pedagógica Nacional: 88 millones de pesos, 8% del presupuesto que se le otorgó en 2024.
- Universidad Abierta y a Distancia de México: 30 millones de pesos, 10% menos de su presupuesto en 2024.
- Colegio de Bachilleres: 110 millones de pesos, es decir, 5% menos que en 2024.
- Colegio de México: 46 millones de pesos, 6% menos que su presupuesto en 2024.
- Centro de Enseñanza Técnica Industrial: 40 millones de pesos, equivalente a un 10% menos que su presupuesto en 2024.
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: 107 millones de pesos, es decir, 9% menos que en 2024.
Así defiende Sheinbaum a Universidades del Bienestar
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 a la SEP se le asignaron 450 mil 887 millones 888 mil 417 pesos, es decir, 5.90% más que en 2024.
Del total del paquete económico asignado a las instituciones educativas, resaltó que las Universidades del Bienestar serían de las más beneficiadas, con un aumento en el presupuesto, por lo que el ex rector de la UNAM, José Narro Robles las calificó de “fraude educativo”.
Pese a los dichos de Narro Robles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las Universidades del Bienestar, argumentando que la educación superior debe ser accesible para todos y en respuesta al ex rector de la UNAM dijo que “es muy ignorante el que diga que es fraude”.
“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las Universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, destacó Sheinbaum Pardo.
Sistema educativo ¿al “quirófano”?
Tras darse a conocer el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre y que contempla un recorte presupuestal a la educación en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que le harán una “cirugía” al presupuesto, para revertir esta situación.
“Estamos viendo eso para reasignar. Por eso creo que va a ser una cirugía mayor. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos si le jalas de un lado descobijas otro, pero es un mismo presupuesto, y estamos haciendo un uso de creatividad, de tal suerte que en estos principales rubros que son -repito- educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura carretera y Fuerzas Armadas, no reciban menos de lo que el año pasado recibieron”, detalló Monreal.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro aclaró que se logró aclarar a tiempo el “error” sobre una reducción del 10% a la UNAM y al IPN, entre otras universidades, por lo que se evitó una crisis con estudiantes y docentes del país.
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