Si algo ha destacado del actual consejo de presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y en particular de su Secretaría General, ha sido el silencioso trabajo de andamiaje en las diferentes estructuras de la iglesia católica mexicana con las instituciones de gobierno y sociedad civil. Por primera vez en la historia, la Iglesia católica firma acuerdos y convenios de colaboración con diferentes organismos de gobierno mexicano sin mayores pretensiones que romper las inercias de un “laicismo negativo” heredado de la persecución religiosa de inicios del siglo XX y la simulación en la correlación de fuerzas políticas de los últimos 50 años.

Bajo la conducción de Alfonso Miranda Guardiola, la secretaría general de la CEM ha signado convenios con la Fiscalía Especializada para la Prevención de Delitos Electorales (FEPADE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); y ha establecido alianzas estratégicas con centros de investigación, institutos de formación y observatorios sociales. Los convenios tienen horizontes de trabajo, pero impactan más por el significado que dan a la relación del Estado y la Iglesia católica en México: “Debemos pasar de un laicismo negativo a una laicidad positiva; los convenios y el acercamiento tienen que ver con esto. Reconocer el patrimonio, coordinar acciones y trabajo en beneficio de nuestro pueblo”, apunta Miranda.

Tomó tres años, dos equipos distintos y múltiples reuniones interdisciplinarias, pero la CEM finalmente puso acento en la agenda y prioridades de trabajo a largo plazo. En abril del 2018 se aprobó el Plan Global Pastoral 2031-2033 (PGP) y este próximo noviembre -en medio de un proceso de votación y renovación de casi 50 de los 80 cargos episcopales del colegio, incluida su presidencia y vicepresidencia-, la secretaría del organismo presentará la ruta de implementación de dicho plan.

En dicha ruta sobresale el que los obispos hayan decidido celebrar convenios de colaboración con diferentes órganos del Estado para articular los esfuerzos de autoridades civiles y entidades eclesiales al servicio de la gente. Hay que recordar que apenas en 1992, la Iglesia católica en México adquirió personalidad jurídica ante el Estado mexicano y, desde entonces, la relación institucional se había reducido a algunos encuentros diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Nunciatura Apostólica y al registro de las Asociaciones Religiosas ante la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, en el resto de los escenarios políticos y sociales, la relación se limitaba a un mutuo reconocimiento y una especie de pacto de no intervención.

Pero el obispo Miranda Guardiola considera que hay mucho más que aportar a través de estos convenios y, en un futuro próximo, con propuestas legislativas que busquen actualizar la Ley de Asociaciones Religiosas vigente bajo los escenarios de libertad religiosa y sana laicidad del Estado. “El trabajo del secretario general es articular bajo dos principios que considero indispensables: transversalidad e interlocución”; principalmente por las apremiantes necesidades del país que requieren la colaboración interinstitucional (como la atención humanitaria, resguardo y promoción de la cultura, justicia, reconciliación y pacificación) y porque también la iglesia católica “no sólo se juega la credibilidad sino su subsistencia” debido a una “hemorragia” de fieles y de confianza en la institución.

Los convenios logran vencer el muro que ha dado una singular interpretación de la doctrina de “separación Estado-Iglesia”. Por ejemplo, el convenio con Cultura prevé que Iglesia y Estado compartan sus informaciones de los bienes históricos y artísticos del Estado en manos de la Iglesia, regular el estatus jurídico de templos y bienes culturales propiedad de la nación, mejorar los inventarios de piezas de arte y liturgia, y atender con presteza las afectaciones naturales o robos de las riquezas artísticas. Con las autoridades de procuración de justicia, la Iglesia dice querer cooperar en “el abismo de la impunidad y en el proceso de reconciliación”. Con la FEPADE, la colaboración tiene un horizonte formador para que los ministros católicos conozcan a detalle sus márgenes de libertad de expresión y los límites de su participación política. “Las autoridades civiles y eclesiásticas debemos colaborar, especialmente ahora que nuestro pueblo nos necesita tanto”, plantea Miranda.

Tras engarzar la dimensión territorial (95 diócesis) y funcional (8 comisiones episcopales) de la CEM, la secretaría desarrolló una primera programación hacia el 2021 con varios objetivos en mente: poner en marcha un observatorio nacional que mantenga actualizado un directorio general de hospitales, asilos, albergues, casas de migrantes, dispensarios médicos católicos, etcétera; la conformación de un equipo jurídico institucional que coadyuve tanto en la construcción de propuestas de ley para alcanzar una verdadera libertad religiosa en México como en la asesoría para la defensa legal de los obispos de México demandados (entre 2015 y 2018 fueron denunciados más de 100 obispos y sacerdotes católicos ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la FEPADE, muchos de ellos sólo por expresar las enseñanzas de su credo); y la elaboración de protocolos (son nueve aprobados hasta la fecha) para que todas las instancias eclesiales en México cuenten con parámetros de actuación frente a temas como crisis de comunicación, comportamiento ministerial en caso de abusos sexuales, procesos electorales, responsabilidades hacendarias y fiscales, protección de datos personales y seguridad, etcétera.

“Hoy necesitamos recuperar la confianza de los fieles y el respeto de la sociedad, que hemos perdido. Y por ello estamos trabajando. La gente quiere ver acciones reales, contundentes”, reflexiona Miranda Guardiola y adelanta: “Queremos que todo el despliegue de fuerzas y recursos que de manera individual o aislada hace la Iglesia católica en México puedan amarrarse en el Plan Global Pastoral […] Es un documento que va a desatar procesos, catapultar el desarrollo de nuevos proyectos. El documento tiene que bajar y comenzar a suscitar planes de pastoral, artículos, estudios, tesis de universidades, programas… materializarse. Hay que dejarse iluminar por él y empezar a desarrollar acciones y proyectos; siempre de una manera articulada, organizada y engarzada”.

@monroyfelipe